Guerra de batallas

En ciertos casos, guardar silencio es la mayor mentira. No decir es igual a mentir.

Anuncié en su momento las batallas que se vendrían con el tema de las comisiones de postulación. La semana pasada un medio escrito publicó dos crónicas perspicazmente encadenadas, enlazando el tema de la postulación con un narco-operador. No tengo porqué dudar del contenido documentado, pero si mucho que decir sobre la intencionalidad subrepticia del segundo de los reportajes. En el mismo, se denuncia una reunión de decanos de diferentes universidades del país con supuestos operadores del gobierno en algún lugar de la zona 10 capitalina. El presidente de Acción Ciudadana, de quien se recogen las declaraciones, se queja de ese hecho y apela a que los rectores de la universidades se abstengan de nominar a las personas que participaron en las citadas reuniones por haber comprometido su integridad. Agrega que las universidades “deben dictar normas de conducta claras a sus decanos, para que se inhiban de participar de reuniones privadas..”, y finaliza solicitando a quienes no participaron en esos encuentros que lo declaren públicamente para preservar su condición de idoneidad. Varias cosas al respecto.

La primera, es la irresponsabilidad de hacer una denuncia, publicarla y encadenarla con temas de narcotráfico sin decir los nombres de quienes estuvieron presentes y reclamar a “los no asistentes” que sean ellos quienes lo confiesen -exponiéndose y corriendo el riesgo-. Un monumento a la ligereza y un magistral lavado de manos, a la espera de que otros hagan lo que uno no es capaz de hacer, aún contando con privilegiadas tribunas. La segunda, se refiere a la instrucción a los decanos por parte de los rectores. La constitución obliga a participar a ambos y no dice que tengan que ponerse de acuerdo, mucho menos influir. Las declaraciones, sin embargo, dan por hecho que efectivamente eso ocurre (o debería), lo que vulneraría y violaría la independencia de los decanos al ser instruidos por sus respectivos rectores. Algunos parecen ignorar que en muchas universidades se respeta, afortunadamente, la independencia de criterio de cada quien -como debe de ser- y no hay puestas en común previas ni directrices a seguir. Si ello es tan trascendente como se indica, lo que el entrevistado debería de hacer es denunciarlo ante el MP para que abriera una investigación, con el riesgo de que quien calla los nombres de los reunidos fuese acusado -si hubiera lugar- de omisión por no haberlo hecho en su momento.

Estamos demasiado acostumbrados a las bolas y a tirar la piedra y esconder la mano. Se acusa, se señala, se corre el rumor, se enlazan historias y, finalmente, no se abren procesos judiciales ni se expedienta a nadie. Da la sensación de que, además de relatar lo sucedido, se pretende hacer oposición política (¿sería ese el propósito real?), enlazando un hecho con otro extensamente documentado y relacionado con el narcotráfico. El ejercicio periodístico requiere de ética y de responsabilidad y el ejercicio de la función publica, también. Por un lado, proponen a algunas al premio Nobel, para hacerle crecer el CV (más adelante buscarán doctorados honoris causa). Por el otro, intentan cuestionar la legitimidad de lo existente previa suposición, rumores o información no contrastada o verificada -puro estilo CICIG-. Una lucha de poder es lo que subyace en el fondo y el protagonismo irresponsable lo que más abunda. Aquí nadie quiere justicia mas allá de que aquella cumpla sus deseos o intereses a cualquier precio ¡País de bolas!, pero también de insensatos.