Cuotas, cupos y porcentajes

Si no hay café para todos, no habrá para nadie. (“Che” Guevara) 

En muchos lugares -también aquí- imponen cuotas de género. Es decir, determinados puestos públicos tienen -por ley- un porcentaje mínimo reservado para mujeres. Admitir tal postulado plantea diversas cuestiones. Una de ellas sería por qué esa división y no otra en la que exista igual consideración para jóvenes, mayores, discapacitados, diversidad sexual, diferentes etnias o similares. Cabría preguntarse también si hay que aplicar el beneficio de forma universal a todo funcionario público: maestros, enfermeras, conductores, presentadoras de TV estatal, soldados, policías, enfermeros, secretarias e incluso deportistas subvencionados o únicamente es para puestos políticos. Además, en consonancia con lo anteriormente demandado, se echa en falta el discurso igualitario reclamando que las mujeres sean sujetos de la pena de muerte -tal como los hombres- y dejen de padecer la “machista y desconsiderada exclusión” que de ellas hace el artículo 18 de la Constitución.

Todo lo anterior podría parecer tragicómico o incluso majadero, de no ser porque es una realidad. Esos reclamos ignoran y desprecian al individuo -al ser humano- e incorporan criterios diferenciadores, sesgados o interesados: sexo, raza, étnica o cualquier otro atributo. Pretenden lograr la “igualdad” amparados por normas que generan privilegios y desigualdad, tratando a ciertos colectivos -los que políticamente interesan o generan presión- de forma aventajada y privilegiada. Reservar un porcentaje para un determinado sector incide negativamente en la calidad e ignora los méritos. Imaginemos a tres personas que optan por un puesto. Se debería adjudicar el mismo a la más capaz, criterio imperante desde una perspectiva de búsqueda de justicia. Sin embargo, según las cuotas establecidas es muy posible que por ser mujer, indígena o pertenecer a cualquier otro grupo mimado -sin que sea la persona más cualificada- se le otorgue el trabajo para preservar cupos de equidad de genero, de etnia o de cualquier otra tontera que se ocurra al progre de turno (ya sucede en algunas universidades norteamericanas). Si se aplica similar criterio a los deportistas se termina por subvencionar a alguien con condiciones inferiores, simplemente por pertenecer a una de esas camarillas.

Se olvida a la persona en detrimento de grupos de presión ideologizados que para sobresalir, captar fondos o estar en la “onda del progreso”, necesitan posicionar discursos insostenibles que no soportan un análisis serio dentro de un Estado de Derecho donde se promueven normas generales, universales y abstractas. Espacios que no se ganan democráticamente por medios legales o de méritos y son cooptados imponiendo sesgadas y particularizadas normas que engendran análisis trucados promovidos como “justos” o “repletos de equidad”. Excusa en la búsqueda de una igualdad prefabricada metamorfoseada en ventajas para colectivos que en lugar de unir, separan; en vez de converger, divergen. Teorías y eufemismos sobre discriminación positiva y acción afirmativa que no sustenta la razón, el Derecho ni mucho menos se solicitan para la generalidad de las actividades del ser humano. Quieren cuotas de poder pero no igualdad de trabajos, de responsabilidades, de oportunidades y ni siquiera pretenden competir en paridad de condiciones. Dicen ser medidas democráticas, pero no hay algo mas alejado de ese manipulado concepto. Derechos individuales supeditados a intereses personales y vendidos y prostituidos por masas gritonas con bajo porcentaje neuronal activo ¡Imposible de elevar incluso asignándoles cuotas!