“Nadie
piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”
1. El affaire TCQ atrae la atención mediática y el
interés ciudadano. Cada día sorprende algo nuevo, se revela más enlodado y el
debate se centra, además de en la corrupción, en cómo anular el contrato. De
quedarnos ahí, el avance sería insuficiente.
Cualquiera que sea la decisión respecto del
contrato: lesividad, anulación o expropiación, quedarán construidas unas nuevas
instalaciones portuarias con capacidad de ofrecer mejores servicios que los
actuales. Es ahí donde hay que centrarse o quedarnos anclarnos en el debate de
la coyuntura sin avanzar hacía la modernización y la eficiencia ¿Qué se puede
hacer con la infraestructura empresarial instalada? Una vez eliminado el
contrato (cualquiera que sea la forma), el gobierno debería promover un
concurso público para concesionar el nuevo servicio portuario, todavía de TCQ,
a otra empresa privada. Una licitación abierta en la que puedan participar sociedades
interesadas en gestionar las instalaciones y generar una alternativa comercial
al modelo existente que es el problema principal: el monopolio en las
operaciones de carga y descarga, con implicación sindical, que ha dado lugar a
las diferentes “líneas” con las consecuencias conocidas.
Que el Estado opere las nuevas instalaciones es lo
peor que puede ocurrir y supondría desaprovechar una oportunidad para
confrontar las tradicionales mafias que hacen del sistema lugar de chantaje a
importadores y exportadores. Guste escucharlo o no, ciertos gobiernos obligaban
a operar dentro de un marco corrupto que exigía mordidas o, de lo contrario,
era imposible introducir o sacar productos del país. Cambiar ese procedimiento
delincuencial, no la forma de rescisión contractual, es el reto a futuro.
2. Al margen de lo anterior y en otra dirección, se promueven
ciertas reformas al sector justicia. Aunque una crisis genera una oportunidad
de cambio, el momento cumbre de la misma no es siempre el conveniente para
hacer modificaciones, alentadas más por la pasión que por la reflexión.
La propuesta de reformas a la justicia presenta ventajas
que habrá que discutir. La desaparición de las comisiones de postulación y la no
presencia de las universidades, es algo muy positivo, a pesar de cierta
reticencia manifestada por el rector de la USAC, supongo que por perdida de poder
político. El establecimiento de la carrera judicial, el incremento, quizá un
tanto desmesurado, del tiempo de permanencia de los jueces en sus puestos y la
meritocracia como elemento de ingreso al sistema, aspectos interesantes.
Hay que reflexionar si es mejor fijar una edad (50
años) para acceder a la judicatura o establecer niveles de competencia más
estrictos y mayores exigencias profesionales. El poder que seguirá concentrando
el Congreso no se reduce sustancialmente, por el contrario se mantiene al
contar con la capacidad de designar a cierto número de magistrados ¿Por qué se
huye, una vez superado el nivel de competencia, del sorteo que es mucho más
objetivo? Pareciera que algunos quieren seguir incidiendo, de ahí que el dedo sea
necesario para conseguir particulares intereses.
¡Bien por desaforar a los alcaldes!, los futuros candidatos
sabrán que no pueden ampararse en la impunidad, aunque ya protestó Edwin
Escobar ¡El poder autoritario de la ANAM de por medio! Ya puestos, ¿por qué no
suprimir totalmente el antejuicio? Finalmente hay que evaluar el riesgo de cerrar
el Poder Judicial únicamente a jueces de carrera y crear un modelo endogámico
similar al que se pretende cambiar.
En todo caso, un reto que no permite eludir la
responsabilidad de participar.
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