Puede haber una manifiesta voluntad para ponerle punto y
final a esta penosa situación política
La denuncia pública realizada por el excanciller Edgar Gutiérrez sobre
abusos sexuales, presuntamente cometidos por el Presidente Morales, ha puesto en guardia al MP, a la opinión pública, a variopintos personajes y a
órganos de gobierno. La reacción de los netcenters oficiales -que los hay- se han centrado en desacreditar al
denunciante y a los mensajeros, de esa guisa rústica y pueril con la que suelen hacer
las cosas los “expertos”
bachilleres en nómina del Ejecutivo bajo reglón 029.
Unos pocos comentarios encendieron las
redes sociales con argumentos de defensa de una
presidencia “acosada por la
izquierda que desea tomar el poder sin haber sido elegidos en popular votación”; otros, atacaron a un gobernante desprestigiado por innumerables desaciertos y omisiones desde que llegó al poder. Se extraña -habitual en ambiente polarizado- la
posición intermedia que reconozca y deje claro que cualquiera que sea el resultado de la investigación,
hay graves delitos -de abuso sexual o de difamación- y que
es preciso promover la persecución penal de oficio para evitar que esos hechos, como otros, queden en anécdota mediática o intrascendente señalamiento.
Si la denuncia es cierta, habría
que procesar a un recalcitrante acosador
presidencial porque eso de que haya -según cuentan- varios casos, lo convertiría en un depredador sexual de la más baja calaña; si es falsa, el escenario
sería el de un difamador
oportunista que pretende atentar contra la figura presidencial, y eso también es muy grave. Contemplando ambas
posibilidades hay, al menos, un grave delito que
perseguir por el MP, lo que representa
un reto que la ciudadanía espera sea pronta y correctamente resuelto
y no el silencio en qué se ha convertido.
Que el excanciller Gutiérrez haya
dado el paso para denunciar lo que puede acabar con la destitución presidencial y/o la
cárcel para Jimmy Morales, significa que cuenta con
“el beneplácito” de ciertos organismos internacionales
y quizá de algún gobierno, porque el riesgo que asume no es habitual hacerlo sin fuerte y seguro respaldo. Por otra parte, continuar por más tiempo con el actual
Ejecutivo, sostenido por uno de los partidos más
corruptos de la era democrática y con un gobierno cuyo objetivo es ocultar descaradamente barbaridades
y delitos de algunos de sus integrantes o del partido
que lo promovió, tampoco es de recibo. Por ello, y teniendo en cuenta lo estratégico por venir en los próximos meses,
se concluye que puede haber una manifiesta voluntad, reforzada con suficientes razones, para ponerle punto y final a
esta penosa situación política
que decidimos emprender en
enero de 2016. Una fallida apuesta por la regeneración del clima político
de 2015 que a la postre ha sido igual de mala que lo diagnosticado en aquel entonces ¡Para mi que la orden
está dada!
El Presidente que se dice “correcto,
respetuoso y caballeroso” ha dado muestras suficientes de que desconoce una
palabra más simple y del género opuesto: la ética. Su gestión es a todos luces
una de las más nefasta y descarada de la era democrática, y la presión judicial, familiar y
de mafias que tiene es de
tal dimensión que se embrolla en una maraña impenetrable mientras
somete a los ciudadanos a una suerte de masoquismo político aberrante, soportado con el estoicismo
propio de quienes aceptan amigablemente el síndrome de Estocolmo.
Se avizora una “guerra” dura, sucia, intensa y agresiva. No perder el norte ni
la razón es fundamental
para evitar extraviarse entre el insulto y la
descalificación. Aquí puede ocurrir algo grave antes del finales de septiembre y
hay que ir elaborando el mejor escenario posible, y el más legal.
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