Institucionalizar la ruina

Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

Si los inicios de año son buenos para pensar en propósitos, los finales son mejores para evaluar. Ahora que se acaba uno, hacer una revisión siempre es saludable, pero solo resulta fértil si existe una disposición real a cambiar aquello que no funciona. De lo contrario, el ejercicio no pasa de ser gimnasia retórica: cómoda, estéril y profundamente inútil. Una especie de balance moral que tranquiliza conciencias mientras todo sigue exactamente igual.

En el fondo, las sociedades se parecen más de lo que creen. Algunas invierten en la prevención, conscientes de que anticiparse cuesta menos que reconstruir. Otras prefieren corregir después, aun cuando el daño ya sea irreversible, fruto de una visión corta y una planificación deficiente. Pero existe un tercer grupo —el más preocupante—: aquellas que no previenen ni corrigen. Las que observan el deterioro como paisaje. Las que convierten la improvisación en normalidad.

Ahí están las casas destruidas de Santa María de Jesús, tras el terremoto de julio pasado; los muertos que se acumulan por continuos accidentes de bus; o el derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, meses después, erigido como monumento al abandono. El tiempo corre y la inacción se consolida como política pública. Mientras tanto, con una serenidad que roza lo obsceno, crece la desnutrición infantil en áreas urbanas. Niños mueren de hambre al mismo tiempo que el dinero público se reparte con generosidad en bonos, sindicatos, aumentos salariales y otras formas creativas de dilapidar el presupuesto. Los alcaldes tampoco se quedan atrás: millones en cohetes, fiestas patronales, reparto de “pollo en pie” o banquetes navideños para “los más desfavorecidos”, como si la pobreza se curara a golpe de tamal y pólvora.

El número de muertos por armas de fuego ha aumentado. Pasamos del escape de prisión de mareros —con FBI incluido en la investigación— a muertos inexplicables del conflicto Nahualá–Ixtahuacán, sin que exista una versión convincente para ninguno de los episodios. Se acumulan los hechos, se diluyen las responsabilidades y el país sigue mirando hacia otro lado, confirmando que la impunidad ya no es una falla del sistema, sino su forma habitual de funcionamiento. Miramos alrededor y la conclusión es desalentadora: estamos igual; nada ha cambiado sustantivamente.

La sensación oscila entre la vergüenza y el asco, con la convicción de que este país no tiene arreglo mientras no se rompa esa relación tóxica entre políticos y ciudadanos, en la que ambos se benefician de un sistema aletargado. Unos esperan dádivas, contratos o favores; los otros entregan migajas, después de vaciar los bolsillos con impuestos que nunca regresan en forma de servicios, infraestructura o bienestar. Cuando la supuesta víctima se convierte en cómplice, se logra la mancuerna perfecta: juntos depredan, cada uno a su escala.

Los salarios públicos son de los más altos en relación con el salario básico, adornados con dietas, gastos de representación y otros privilegios que —casualmente— no pagan impuestos; sumemos seguros médicos y de vida, vehículos, combustible y computadoras. Todo dentro de una organización estatal desastrosa, en la que hemos aprendido a vivir por debajo de la línea de la ética, aunque nos miremos el ombligo orgullosamente. Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

El problema no es la falta de diagnósticos ni de recursos, sino la comodidad de no hacer nada. Hemos normalizado la ruina, institucionalizado la mediocridad y aceptado el deterioro como si fuera un rasgo cultural inevitable. Y sin estridencias ni sobresaltos, el país avanza exactamente en la misma dirección: ninguna.

¡Claro que es ideológico!

El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social.

Los argumentos utilizados para justificar el incremento del salario mínimo por cierta parte del arco político nacional, su coro en redes sociales y no pocos opinadores de sobremesa se han sostenido en una premisa aparentemente incuestionable: la necesidad de que el trabajador cuente con suficientes recursos para hacer frente al costo de la canasta básica. Un razonamiento simple, emocional y eficaz que evita deliberadamente cualquier análisis económico serio. Se trata de un argumento manipulado -y manipulador- que, por su envoltorio moral, arrastra adhesiones automáticas sin mayor reflexión.

Aceptémoslo, con el mismo entusiasmo con el que se aceptaría pulpo como animal de compañía, y planteemos una pregunta elemental: ¿cómo se justifica que un trabajador de maquila perciba Q600 menos que otro que realiza labores no agrícolas? Ambos utilizan el mismo transporte -o carecen de él-, viven en los mismos barrios, enfrentan idénticos precios en alimentos, vivienda y servicios, y comparten condiciones de vida similares. Si el problema fuera la canasta básica o el poder adquisitivo, la diferenciación carecería de sentido. 

Pero el debate no gira en torno al costo de la vida, sino en torno al poder. Un pulso político dirigido contra el sector empresarial; un ejercicio de autoridad destinado a mostrar quién manda y qué ideología marca la pauta. El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social. Y como suele ocurrir con estas demostraciones de fuerza, el daño colateral recae sobre quienes lo tienen más difícil.

La mayor parte de las grandes empresas formales pagan salarios por encima del mínimo legal, y no son las que sienten directamente el golpe. El impacto real lo absorben pequeñas y medianas empresas que sobreviven con márgenes estrechos y cuentas ajustadas a fin de mes. Empresas de cinco o seis trabajadores que ven incrementados sus costos hasta el punto de perder competitividad, reducir servicios o desistir de la formalidad. Para ellas, cualquier aumento -por simbólico que parezca- puede ser la diferencia entre seguir operando o desaparecer.

A ello se suma un efecto documentado e ignorado: el aumento de salarios incrementa la masa monetaria en circulación, eleva el consumo y, por tanto, la demanda. El resultado es un aumento generalizado de precios que se extiende por toda la economía. Seis meses después, el poder adquisitivo del “salario mejorado” se ha diluido; al cabo de un año, el trabajador compra lo mismo que antes, pero con menos empleo formal. Y entonces, con puntualidad casi ritual, el debate se reabre con idéntica intensidad ideológica y el mismo vacío de resultados.

En realidad, la discusión de fondo descansa sobre dos pilares incómodos. El primero es la anulación de la libertad de contratación: el todopoderoso gobierno decide qué salario es “justo”, independientemente de la productividad, la realidad del mercado o la voluntad de las partes. El segundo es la hipocresía estructural de quienes impulsan estas alzas: políticos que jamás han creado una empresa, activistas sostenidos por ayudas públicas o diputados que duplicaron su salario hace unos meses y buscan una improbable “reconciliación” con sus votantes. Demagogia en estado puro, amplificada en redes sociales por voceros entusiastas, ignorantes supinos, cegatos ideologizados y manipuladores subvencionados.

El salario mínimo, presentado como un acto de justicia social, funciona realmente como una coartada política: excluye a los más pobres del mercado laboral, asfixia a las pequeñas empresas, encarece el costo de la vida y preserva los privilegios de quienes legislan desde la comodidad del sueldo asegurado. La demagogia se disfraza de compasión, engaña a muchos y deja la factura a quienes no tienen cómo pagarla.

Manual estatal de crianza (edición obligatoria)

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo.

Australia, ese lugar lejano que apenas identificamos, ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. No lo han hecho los padres, no. Lo ha hecho el gobierno, ese ente todopoderoso que, al parecer, sabe mejor que cualquier progenitor qué es lo que conviene a sus hijos. Porque si algo queda claro en las democracias modernas es que el Estado siempre sabe más, incluso sobre la crianza ajena.

La norma se impone sobre bases de creencias morales, pedagógicas y psicológicas de quienes gobiernan, no sobre la diversidad y responsabilidad de criterios familiares. Da igual lo que los padres piensen, sepan o quieran: el gobierno ya piensa por ellos. Hace tiempo —bastante, por cierto— que los padres dejaron de ser considerados los principales educadores de sus hijos. Hoy son, como mucho, usuarios secundarios del sistema.

El Estado decide qué películas pueden ver los menores —por eso las clasifica—, qué redes sociales pueden usar y a qué edad, pero también si pueden abortar antes de los 18 años sin informar a sus padres, aunque no sean plenamente responsables para firmar un contrato, conducir o comprar alcohol. Curiosamente, tampoco lo son para votar, salvo cuando conviene ampliar el electorado, y la edad, como tantas otras cosas, se convierte en una variable política, moldeable según el interés del momento.

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo. El resto del tiempo, se les considera un estorbo. Desde el poder se prohíbe o autoriza lo que los menores pueden o no hacer, conforme a la sabiduría infinita de autoridades, expertos, comités y asesores que —por supuesto— jamás se equivocan.

No falta mucho para que se cree un Ministerio de Internet, Redes Sociales y Crianza Digital Responsable, con su correspondiente burocracia, presupuesto y campañas institucionales. Todo por el bien del menor, naturalmente. Siempre por su bien. El bien definido desde un despacho.

Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en particular el artículo 26 sobre el derecho a la educación, bastó “solo” un año para que uno de sus redactores advirtiera del peligro: no se puede negar a los padres el derecho a educar a sus hijos. Gracias a esa objeción se incluyó el párrafo tercero del artículo —que debería ser el primero—, reconociendo el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Aquella cláusula abrió la puerta a que no fuera el Estado, en exclusividad y como hasta entonces estaba previsto, quien monopolizara la educación. Hoy esa puerta está formalmente abierta, pero prácticamente clausurada.

Y no todo es culpa del Estado. Los padres también han hecho su parte. Cada vez más cómodos en el espacio de la responsabilidad delegada, prefieren que sean los colegios, las iglesias o el Estado quienes eduquen a sus hijos. A ser posible, gratis. Porque educar es un “derecho”, pero ejercerlo como deber ya no resulta tan atractivo. Muchos padres se lavan las manos con entusiasmo y reclaman servicios educativos mientras renuncian a su papel esencial: formar, acompañar y poner límites. Educar exige tiempo, criterio y conflicto. Delegar es mucho más cómodo.

Me resulta profundamente vergonzoso que sea una entidad pública la que decida qué videos pueden ver mis hijos, cómo deben usar sus redes sociales o qué pueden hacer con su cuerpo sin que yo pueda siquiera opinar. Que el Estado se arrogue el derecho de sustituir a los padres en decisiones morales fundamentales no es progreso: es vergonzosa renuncia colectiva.

Absolutismo reciclado

Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Se suele enseñar, con cierto triunfalismo pedagógico, que la caída de las monarquías absolutas inauguró un mundo moderno basado en la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la eliminación de privilegios hereditarios. Una lectura más sobria, pero sobre todo menos ingenua, sugiere otra cosa: se destruyeron los tronos, aunque los privilegios simplemente cambiaron de destinatarios.

La teoría política lo reconoce desde Weber hasta Bobbio: las élites, independientemente de la ideología que profesen, tienden a preservar los mecanismos que aseguran su permanencia en el poder. La Revolución rusa ofrece un ejemplo escolar del fenómeno. Mientras el discurso apelaba a la emancipación de las masas, la estructura resultante reprodujo -con precisión casi paródica- los rasgos de la autocracia zarista. Orwell lo sintetizó con ironía brutal en Rebelión en la granja: los cerdos no solo ocuparon la casa del amo, sino que restablecieron, bajo nuevos nombres, las mismas jerarquías que habían denunciado.

Occidente, más pulcro en las formas, optó por un continuismo más sofisticado. Las repúblicas incorporaron al presidencialismo atribuciones de raíz monárquica -antejuicio, prerrogativas fiscales, indultos y facultades cuasi absolutistas- justificadas bajo la retórica del equilibrio institucional. En realidad, operan como mecanismos de blindaje político, una suerte de aristocracia republicana con protocolo constitucional.

En este contexto, el reciente indulto del presidente de EE.UU. al expresidente hondureño condenado por la justicia estadounidense, plantea un problema normativo evidente: ¿cómo reconcilia una democracia su defensa del “rule of law” con la potestad unilateral de borrar una condena firme? Esa tensión existe desde los Federalist Papers, pero en la práctica se resuelve de manera simple: se ejerce porque se puede. El dilema se agrava cuando quienes otorgan tales perdones son los mismos que vigilan, sermonean y califican los sistemas judiciales de otros países -incluido el guatemalteco- bajo estándares cuya consistencia analítica es, siendo generosos, intermitente. 

La ironía se vuelve empírica cuando se observan los datos oficiales de la Office of the Pardon Attorney: Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Lo interesante no son los números, sino la cobertura. La indignación se activa por afinidad política, no por coherencia normativa. Si el hecho es idéntico pero cambia el autor, la evaluación varía radicalmente, contradiciendo el principio básico liberal de juzgar la acción y no la identidad del agente. Nada nuevo: Aristóteles advertía que la democracia puede degenerar en demagogia cuando las pasiones sustituyen a la razón pública. La asimetría mediática también es objeto de estudio. No porque la crítica a Trump sea injustificada, sino porque el escrutinio varía según el sujeto, no según la conducta, lo cual contradice la más elemental ética periodística. Pero esa información rara vez llega al público, quizá porque los datos interrumpen narrativas más cómodas.

Casos como el retorno a México del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico, o la liberación y repatriación del venezolano Alex Saab mediante un canje bilateral ilustran, asimismo, cómo la justicia internacional se vuelve instrumento de geopolítica, más que de imparcialidad jurídica. A ello se suman los protegidos que, tras colaborar con la justicia estadounidense, ingresan en un limbo legal donde sus países no pueden procesarlos y Estados Unidos los da por juzgados.

El resultado es una justicia -aquí y allá, antes y ahora- penetrada por razones de Estado, subordinada a intereses ejecutivos y moldeada por reglas que recuerdan, más de lo que quisiéramos admitir, a las prerrogativas monárquicas absolutistas. La modernidad institucional prometió superar esos vicios; la práctica política demuestra que, en muchos casos, solo cambió el decorado.

El gabinete Nodoyuna

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción.

Los últimos sucesos del acontecer nacional me acercan, inevitablemente, a aquellas historias de dibujos animados protagonizadas por Pierre Nodoyuna y su inseparable Patán; pero también por Tontín, Tontón, los Hermanos Macana y el profesor Locovitch. Una colección de personajes cuyos nombres describían con precisión los continuos desaciertos que cometían.

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción. Aquí, en cambio, hay días en los que parece que el país completo está atrapado en una eterna “Carrera de Autos Locos”, aunque sin carreteras y sobrados de locura.

Asignan fondos a ONG que nadie conoce, y que, si existen, operan en dimensiones paralelas. No obstante, la mayoría de los diputados firman el presupuesto sin escrúpulos, sin preguntas incómodas y, sobre todo, sin que se les agriete la conciencia. Firmar, después de todo, es fácil: lo difícil es pensar antes de hacerlo.

Sostienen a un cónsul honorario en Toluca que resulta estar señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Y no sólo eso: llevan al presidente a una reunión en México donde el buen señor aparece sentado en la mesa presidencial e incluso se toma la foto oficial. Es casi poético que una Secretaría de “inteligencia estratégica” sea incapaz de prever, detectar o evitar que el susodicho cónsul honorario estuviese a la par del presidente. O que el sistema de información exterior no haya podido, en dos años, revisar a sus cónsules honorarios desperdigados por el mundo. Parece un concurso para ver quién puede cometer más errores sin ruborizarse. Ni Pierre Nodoyuna habría podido armar semejante escena sin que Patán soltara su clásica risa burlona. 

En el ámbito doméstico, la cosa no mejora. Es alucinante que en la Secretaría de Comunicación Social hayan pasado tres titulares en menos de dos años, y en igual tiempo se nombra al quinto ministro de Comunicaciones, por dimisión o renuncia del anterior, ya que el “gobierno de la transparencia” nunca lo aclara. Increíble que no se encuentre a alguien capaz de ejecutar el presupuesto asignado o de reparar las carreteras. No digo construir nuevas —esa es una fantasía peligrosa—, solo reparar. Ya basta de excusas, porque el único ministro “sin excusas” le duró el puesto menos que una moneda en la puerta de un colegio. Lo sacaron —y los hechos parecen confirmarlo— porque la conducción real del ministerio no depende de quien ocupa el despacho, sino de otros juegos políticos fuera de ahí. Cinco ministros; cero carreteras. Ya que la selección no marca, el gobierno se encarga del resultado.

Esto no es cosa de locos, si así fuera tendría perdón. Esto es cosa de tontos, pero no de lelos comunes, sino de los que, como diría un humorista español, son “tontos del tó… No pa’ un rato. Del tó y pa’ siempre”.

El presidente, cada día más, se parece a “Nodoyuna”: siempre prometiendo que “esta vez sí ganará la carrera”, mientras los demás personajes de la caricatura —los Patanes, Tontines y Macanas del gabinete y del Congreso— se encargan puntualmente de hacerlo fallar, y la realidad, como siempre, supera a la ficción. 

El año termina, las carreteras siguen rotas, el presupuesto ya está firmado, el cónsul de Toluca desapareció en un agujero institucional y no sabemos cuánto durará la nueva ministra. Pero algo sí sabemos: el piloto automático nacional avanza sin frenos, sin volante y, ciertamente, sin conductor.

Cuando un país parece gobernado por personajes de caricatura, lo más peligroso no es la risa, sino acostumbrarse al chiste. Y Guatemala ya lleva demasiadas temporadas al aire.