Alianzas público-privadas y mafias políticas

Igual que hay diputados asociados con la ganadería, otros muchos cuentan con intereses en empresas constructoras

En torno a los Q15,000 millones es la deuda nacional; alrededor del 17% del presupuesto del Estado para 2020. Millones que usted y yo, sus hijos y nietos, y los míos, aún sin haber nacido, deberemos asumir y pagar en el futuro próximo. Los niños hace rato que no vienen con “un pan bajo el brazo”, sino con una impresionante deuda estatal que les hipoteca su futuro. Esa odiosa y falaz idea de “la gratuidad de la cosa pública” se enmascara bajo un pago diferido que obligadamente asumen los gobiernos sin pedir opinión a generaciones venideras ausentes del debate político; una suerte de timo de la democracia. El Estado nunca tiene el dinero que necesita para atender las múltiples funciones que se eroga y lo peor: no sabe cuanto dinero necesita, porque siempre es escaso, especialmente cuando grupos de presión, sindicatos, políticos mafiosos o asociaciones fantasmas se dedican a ver como extraen recursos que deberían servir para atender necesidades generales básicas.

Para paliar esa falta de liquidez, y poder contar con servicios adecuados, se aprobó -en 2010- lo que se ha denominado coloquialmente: ley de alianzas público-privadas, un marco legal que permite al gobierno autorizar la construcción de infraestructura y que la empresa privada pueda explotarla en un marco de ganancia mutua. El Estado consigue “un préstamo” a precio negociable, la empresa un beneficio limitado y pactado y el servicio es pagado por quienes exclusivamente lo utilizan -peaje- y no por todos los ciudadanos, como ocurre actualmente. A pesar de eso, el marco legal citado no se ha utilizado jamás, esto es: no ha servido para nada, algo que ocurre con otras normas que se publican y que simplemente no se cumplen. El formalismo -y la estupidez, y el interés de algunos- nos deja huérfanos de realidades y seguimos igual o peor que cuando se adoptó aquella medida. El único proyecto que existía y que fue legal y transparente adjudicado: la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, fue dinamitado por la mesa directiva del Congreso al someterlo a votación cuando apenas había 80 diputados inscritos para la sesión aunque no todos estaban presentes y, evidentemente, se votó en contra.

Este país no supera la envidia, la ideologización o la falta de conocimientos básicos de economía. Bajo argumentos como: “el sector privado va a lucrar”, “el Estado debe construir gratuitamente” o no entender que se puede conseguir un mejor interés negociando con empresas privadas para un fin concreto que pidiendo créditos que endeuden el futuro, seguimos sumidos en el subdesarrollo y la ignorancia más supina. Hay otro factor que no debemos descartar: el interés de ciertos políticos. Al igual que hay diputados asociados con la ganadería, y de ahí la probación reciente de una ley que los beneficia fiscalmente, otros muchos -demasiados diría yo- cuentan con intereses en empresas constructoras -uno de los sectores principales de depredación de fondos públicos, el otro es el de la compra de medicamentos- y prefieren seguir chapuceando y obteniendo pingües beneficios en lugar de que contemos con la infraestructura necesaria en el país. Esos políticos de quienes los medios de comunicación presentan a diario perfiles y contrataciones amañadas, son lastre del que hay que desprenderse inmediatamente, y sus turbios negocios la razón por la que ingresan en política para entrampar, dilatar y destruir el desarrollo de esos hijos y nietos que deberán, a pesar de todo, pagar la deuda contraída.

¿Qué interés tenía la mesa directa del Congreso para hundir el proyecto citado? ¡Las mafias de siempre haciendo lo habitual!, nada nuevo que no hayamos visto antes. 

Gabinete de seguridad 2020

Considero que ha sido un puntapié, un  pulso al Vicepresidente, un desplazamiento -o negación- de su autoridad

A principios del presente mes, en una entrevista en el programa ConCriterio TV, el Presidente electo dijo que no quería revelar los nombres de los designados para el Ministerio de Gobernación porque pensaba que las particularidades del puesto los ponían en riesgo y había decidido protegerlos guardando silencio. Me pareció una medida razonable y sensata, y así lo manifesté en su momento, y lo sostengo ahora. Sin embargo, algo más de dos semanas después, se publica un video desde El Salvador, en el que se revelan los nombres de prácticamente todo el gabinete de seguridad, y no lo hace el Presidente ni el Vicepresidente que estaban de viaje, sino un asesor del partido VAMOS que presentó a las autoridades electas para la próxima administración.

Si el gabinete de seguridad se vio sorprendido por los videos que visiblemente les estaban tomando y “no advirtieron” que los publicarían -y con ello daban al traste con las precauciones mostradas por el Presidente Giammattei- líbrenos Dios de la capacidad que puedan tener para abordar temas más complejos relacionados con su función. Si lo hicieron a propósito con autorización presidencial, y desde el país vecino, me parece una absoluta falta de cortesía para con los ciudadanos guatemaltecos, y especialmente con sus votantes, además de dejar de observar lo que había declarado dos semanas atrás en televisión. Pero, si se filtró sin que lo supiera porque alguien decidió hacerlo así, me parece muy peligroso y es necesario hacerlo notar y analizarlo.

Sin inclinarme -de momento- por ninguna de las tres opciones, me llama la atención que en esa reunión con autoridades salvadoreñas, no presentará el gabinete la máxima autoridad asistente: el Ministro de Gobernación designado y en cambio lo hiciera un asesor del partido: el general Dedet. La única conclusión lógica -reforzada porque además se encontraban en un ambiente con mayoría de exmilitares- es que quien realmente mandaba allí era el vocero y no el ministro designando ¡Comienzan las preocupaciones!, porque en el actual gobierno también estaba detrás, en la sombra, el coronel Ovalle, ahora huido, o actualmente permanecen otros ¿Una nueva isla de poder en el gobierno electo?

Además, el general Dedet, que se eroga la autoridad, dice al inicio de la presentación: “… yo soy portavoz del señor Presidente electo, me ha designado como coordinador de la transición de gobierno…”, y nos hace ver que andábamos confundidos porque días atrás ese cometido le fue asignado al Vicepresidente Castillo, según explicaron -y entendimos- ¡Otra preocupación!

De esa cuenta, pareciera ser que la opción más viable de las arriba indicadas es que un grupo de personajes en la sombra han tomado la iniciativa y evidenciado que, en seguridad, tienen el poder real aunque otros tengan el formal. Considero que ha sido un puntapié, un pulso al Vicepresidente, un desconocimiento -o negación- de su autoridad, y han puesto al Presidente en un brete al obligarle a tomar postura ¡Mal seguimos!

El Ministro de Gobernación es una persona en la que confío y de la que espero mucho; del resto habrá que ver cómo actúan. De entrada no me convence en absoluto que en el gabinete presentado haya personajes cercanos -o fundadores- de ese grupo de fracasados y golpistas que integran cierta fundación. En todo caso, esperemos que no descarrilen como ese tren en que viajaban el alcalde electo y el Presidente guasón. Recordémosle al señor Giammattei que no buscar la excelencia -la chambonería- siempre se termina poniendo en evidencia, y en política, además, se pagan las consecuencias.

Entre México y Puerto Rico

De lo que poco se habla es del contenido machista, violento y sexualmente denigrante de las letras de sus canciones

Casi sesenta años separan a don Chente (Vicente Fernández) de Benito Antonio (Bad Bunny) y, en ese amplio intervalo generacional, nacieron el Potrillo (Alejandro Fernández) y el Sol de México (Luis Miguel). A pesar de la diferencia de edad entre ellos, pregonan lo mismo y son amplia y calurosamente aplaudidos por exaltadas multitudes. Frases como: “Te mire, estabas tan bonita tan sensual”; “Al ras de tu escote, tu lunar, Ayyy hay amor”; “Porque quieras o no, yo soy tu dueño; “Te vas porque yo quiero que te vayas”; “No hay mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles”; Tiene un culito ahí que le acabó de textear”; “Ella es una diabla, bla-bla-bla o “Se trasforma en la cama, ma-ma-ma”, forman parte de sus canciones ¡No de todas afortunadamente!

Visten el ceñido traje típico mexicano -con o sin pistola al cinto, pero siempre con sombrero-, se presentan con elegancia formal -como Luisito- más propia de los años 40 que del siglo XXI, o con vestimenta casual del conejo malo, aunque guste de Gucci. Los más veteranos entonan gorgoritos melódicos, empalagosos, fuertes y entonados, pero también se oye el “yeh, yeh, yeh” que usa hasta el empacho el más joven de ellos. Son aplaudidos por multitud de hombres y mujeres alrededor del mundo que corean las letras de sus sones y no hay grupo etario que no esté representada en sus conciertos, además de despertar sorprendente fogosidad, generalmente femenina. Y es que hay cosas que permanecen en el tiempo y apenas cambian, porque el fondo continúa idéntico.

No se habla del contenido machista, violento y sexualmente denigrante de algunas letras de sus canciones y se consiente pasivamente porque pareciera ser políticamente incorrecto criticar el arte canoro -histórico, tradicional o moderno- de esos hombretones. El control sobre la mujer, el menosprecio y el uso -y abuso- sexual, se muestran implícita y explícitamente en coplas que pasean por escenarios mundiales mientras los asistentes gritan enardecidos o tararean la tonada, sin percibir que, en definitiva, contribuyen a una especie de linchamiento musical. 

No veo en redes -¡no me culpen de ello!- una mínima crítica de esas actitudes de hoy, de ayer y de siempre, que se siguen promoviendo sin importar la edad, el estrato social o el género. En estas cuestiones todos estamos más o menos igual, pero de jodidos. Los movimientos feministas y otros grupos ruidosos por cualquier cosa -excepto Paquita la del Barrio que salió igual de ofensiva- callan o bajan la voz porque guardar silencio es más conveniente, cómodo y evita confrontaciones. Me sorprende muy negativamente que jóvenes, educados en un entorno unisex, gusten de modas que presentan a la mujer de forma chabacana, utilitarista y ramplona, y entonen constantemente ciertas estrofas como poseídos ¿Entenderán el contenido? 

Tuve la mala suerte de soportar “a la fuerza” una intensa sesión de Bad Bunny -quizá el próximo Nobel de literatura- en la que comprendí lo de “bad” -lo de bunny me lo deben-, no solo por el ritmo monótono sino porque eso de “yeh” repetido después de: “Tú sabe' que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía”, me parece chanflón y grotesco. Por tanto, en cuanto pude cambié la emisora para escuchar: “Amigo qué te pasa, estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. Que el llanto y el desprecio de esos seres”. 

Y es que puestos a maltratar, nada como lo clásico, lo de siempre, y con mariachis. No hay que perder el glamur, ¡antes muerto que sencillo!

Dilemas jurídicos permanentes

Continuamente se presentan situaciones en las que se toman decisiones que para nada mejoran escenarios venideros

Servido está el plato fuerte de la temporada en el escenario nacional. Un grupo de juristas señala a la CC de extender la función de ciertos magistrados que deberían haber terminado el cargo para el que fueron nombrados. Otro, ve con buenos ojos la ampliación porque de lo contrario nos quedaríamos con vacíos en el sistema judicial y, además, se obviaría el cumplimento de la ley relacionada con el proceso de calificación que nunca hizo el Consejo de la Carrera Judicial. Un dilema del que, como en todos, es difícil elegir sin frustración.

No es la primera vez que se llega a ese punto de fricción. De hecho, somos expertos en atorarnos en callejones sin salida porque prestamos más atención a lo urgente que a lo importante; valoramos más la coyuntura que la planificación estratégica y no tomamos en cuenta lecciones aprendidas de otras experiencias, muchas de ellas recientes e idénticas.

La CC tomó la cuestionada decisión de aceptar la prórroga de los magistrados -a pesar de haber concluido su tiempo constitucional- porque la selección que se estaba dando adolecía del cumplimiento de una norma que “solamente” hacía dos años que se había emitido y pareciera que no fue tiempo suficiente para que se tomara en cuenta ¿Puede haber mayor dejadez? O se continuaba con un procedimiento viciado o se viciaba al prorrogar el tiempo fijado por ley. La CC -ante el dilema- optó por lo segundo sobre la base de que parece más aconsejable contar con un sistema de justicia, aunque hayan terminado en su función quienes lo aplican, que dejar de observar una norma legal que viciaba y comprometía un proceso recién iniciado.

¡Cómo nos gusta debatir en el terreno de la coyuntura! Continuamente se presentan situaciones en las que se toman decisiones que para nada mejoran escenarios venideros e inevitablemente se contaminan procesos en el futuro. Las comisiones de postulación son las que más problemas generan desde hace años pero el sistema los suele resolver a trompicones apenas unas horas antes de que emitan sus decisiones. No hay verdadera voluntad de corregir aquello que todos sabemos que está mal: la selección y posterior designación de jueces y magistrados, y se prefiere sostener batallas de última hora con la convicción de que ahí, en el inmediato plazo y en el preciso momento, se cuenta con mejores armas para vencer al contrario.

El excesivo positivismo jurídico, la indiferencia de los órganos encargados de observar la adecuada deontología profesional -el Colegio de Abogados y Notarios- y otras entidades judiciales y grupos de interés, tienen colapsado y sumido el país en una ineficiente aplicación de justicia que cada vez incide más en la falta de certeza jurídica, con las consecuencias sobradamente conocidas y visibles: carencia de credibilidad ciudadana, reducción de inversiones y caos judicial por moras y tiempos no cumplidos.

Pareciera que John Rawls no se lee en las facultades de Derecho que medianamente funcionan -que son pocas- y en las que el pragmatismo y el materialismo han vencido. Se gradúan más huizacheros que filósofos jurídicos y frente a una legión de litigantes positivistas hay pocos pensadores y juristas que aporten al debate ideas racionales sustentadas en experiencia y bibliografía. En definitiva, seguiremos con estos pleitos porque la “condición nacional” es la de estar en permanentemente confrontación sobre cualquier tema y no buscar el interés general en bien del progreso, a cuya falta aludimos pero sin intención real de buscarlo ¡Vamos, que somos un desastre!, pero que nos conformamos con serlo, y es ahí donde radica el verdadero problema.

Sobre el liberalismo

Tampoco el liberal es anticlerical, como falsamente se difunde, siendo más cierto que las iglesias, en general, sean antiliberales

Al poner especial énfasis en el individuo, hay un equivocada percepción de que ser liberal es tener un pensamiento aislado de valores, único y lineal, lo que significa la negación de la esencia de dicha filosofía. Quizá, la manera más adecuada -y completa- de abordar el tema consista en analizar el liberalismo desde, al menos, tres direcciones: económica, político-social e intelectual.

La visión económica aboga por el libre mercado y el menor Estado regulador. Libertad de producir y consumir puede ser la frase que sintetice y refleje el pensamiento. No hay que confundirlo, para nada, con el mercantilismo que algunos suelen asociar a los liberales con afán de desprestigio. Solicitar, aprobar o admitir privilegios de cualquier tipo, destruye la visión de un mercado libre y competitivo y debe ser excluido de un discurso liberal y coherente. La competencia en igualdad de condiciones y en la que se respeten los contratos libres entre personas, debe ser principios esenciales.

En lo político-social, destacan los valores asociados a la democracia -o a la República más precisamente- como serían la libertad de prensa, el respeto a la propiedad privada, la libre locomoción y la igualdad ante la ley de cualquier persona, entre otros. Desde esta perspectiva, es necesario reconocer y admitir que aún está por desarrollarse -dentro del marco general descrito- las especificidades de una sociedad plural y multicultural como es la guatemalteca. El respeto por la persona, por el individuo, pasa por comprender y aceptar las diferencias. Obviarlo, además de estar fuera del pensamiento liberal, impide asimilar la visión amplia e inclusiva y el aporte del todos los seres humanos que viven en el país. 

Desde lo intelectual, es necesario reconocer en el país libertad de pensamiento, respeto a la libertad de expresión, de conciencia y de promoción de debates que permiten contrastar ideas. La única observación es que no siempre se hace en un espacio ausente de limitantes morales, éticos o religioso que tienen todavía una especial incidencia en esta sociedad marcadamente tradicional. Las diferencias culturales generan dinámicas diferentes, aunque todas ellas tienen cabida dentro de los principios liberales. No obstante, seguimos siendo una sociedad extremadamente conservadora en la que es imposible debatir libremente temas como la diversidad sexual, la legalización de las drogas, la abolición de leyes relacionadas con el consumo de alcohol y otras que limitan el debate liberal y lo encasillan como marcadamente conservador.

Para algunos, ser liberal no significa serlo en todo: económico, político-social e intelectual, por el contrario, ciertas personas adoptan el liberalismo únicamente en alguno de esos ejes. Tampoco el liberal es anticlerical, como falsamente se difunde, siendo más cierto que las iglesias, en general, sean antiliberales porque en estructuras jerarquizadas y obedientes es difícil que encaje el pleno goce de la libertad individual. El liberalismo sin ética y valores no es entendible, aunque maliciosamente sea así presentado al contraponerlo falsamente con el individualismo que promulga. La tolerancia y el respeto al otro, la apuesta por el libre mercado y por la propiedad privada, la aceptación de la libertad de expresión, el respeto a la vida, etc., conllevan necesariamente el respeto al prójimo, la observancia de valores y la práctica de principios éticos y morales sin los cuales no es sostenible lo que se predica.

Es labor de quienes practicamos el liberalismo difundir estas cuestiones y, sobre todo, alejar fantasmas que acechan o se colocan interesadamente para embarrar posiciones que no gustan. La sensatez y valentía en la exposición de los principios, también es un valor liberal que debe empujarnos a hablar abierta y decididamente de ello.

Cadena de patochadas

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló

¡Vaya con la semana pasada! Difícil hacer coincidir tantas barbaridades, despropósitos, chaladuras o estupideces en tan corto espacio de tiempo. La primera, para que el Presidente pudiera decir algo en el foro de NN.UU, fue la promulgación del Acuerdo Gubernativo que prohíbe los plásticos de un solo uso. Es una soberana estupidez impedir utilizar pajillas o bolsas del super sin actuar primero sobre el humo que emiten las camionetas, los basureros al aire libre o el manejo de residuos sólidos. En lugar de obligar a la municipalidades -cómplices de esta situación- a que tomen severas medidas, decidieron emitir una fútil norma que seguramente será incumplida y olvidada en el corto plazo ¿Por qué no lo hizo durante el primer año de su gobierno?

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló. Eso de que se ha aumentado a 193 los días de escolaridad, incrementado la calidad educativa, fortalecido la transparencia gubernamental y la buena gobernanza, se van a reforestar 1.2 millones de hectáreas para 2032 -cuando para esa fecha, con suerte, será abuelo pensionista del IGSS- o se cuadriplicó la inversión diaria para alimentación escolar, es una ficción o describe otro país, además no lo cree ni quien se lo escribió, mucho menos aquellos que vivimos una realidad absolutamente distinta y diametralmente opuesta. Eso si: seguramente prestaron atención a su arenga las delegaciones de Salchichonia, Lobaronia, los Verdes o los Colorados.

No contentos con lo anterior -o para competir con las chaladuras descritas, el Congreso se despachó en una sentada dos normas impresentables. Una, exonera a quienes no hayan pagado impuestos en el sector agropecuario y les crea un marco de privilegios impositivos. Otra, conforma una comisión de investigación sobre las actividades de la CICIG. La primera, teniendo en cuenta que hay como 50 diputados ganaderos o asociados/financiados por ellos, era de esperar. Aducen los del sector agropecuario que “nos le da el negocio”, aunque siguen en él. Recordémosle que tampoco es rentable, por ejemplo, la fabricación de vehículos, de computadoras, la exportación de dátiles, y lo que se hace es importar esos productos porque otros lo hacen mejor y son más competitivos. Pura teoría económica que ignoran mientras nos trasladan los costos de su ineficiencia. Si en Guatemala no se puede producir carne en las condiciones impositivas existentes, solo quedan dos soluciones racionales, igualitarias y ajustadas a derecho: importar el producto o bajar los impuestos para todos, porque el resto estamos en idéntica situación ¡No jodamos a estas alturas con teorías mercantilistas ni asustemos con desempleo! 

Con la comisión investigadora, puedo estar de acuerdo ya que toda averiguación que permita transparentar es bienvenida. Lo que no es de recibo, es que lo haga este Congreso con más de un tercio de diputados señalados, investigados, procesados, huidos y hasta condenados por homicidio, además de un alto número de cómplices que encubren al resto con su silencio. Un montón de sinvergüenzas, canallas o delincuentes investigarán a la Comisión que los puso en evidencia o los acusó ¿Puede encontrar algo más kafkiano o tortrix?

Mientras, dos nuevos derrumbes en el libramiento de Chimaltenango cierran la carretera y parece que ni el Presidente ni el Congreso toman acciones. Y es que la República de los Cocos -conocida por el cine- parece ser una realidad en la geográfica centroamericana. Los de aquí superaron al maestro y destronaron a “Su Excelencia” -Cantinflas- aunque es necesario decir, en su descargo, que aquel era consciente de que actuaba en un mundo ficticio, de chiste y broma, no como estos otros.

Retos al Estado tradicional

Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista

De un tiempo para acá, hay un encendido debate sobre temas que inciden en la estructura recaudadora estatal. La tecnología permite que ya no sea preciso llamar a un taxi o a un hotel para transportarse o alojarse rápida o cómodamente. Con Uber o Arnbnb puede, desde su celular, contar con múltiples opciones a precios reducidos. El “grito en el cielo” no ha dejado de escucharse porque quienes tienen una licencia oficial de taxi o de hotelería ven como sus precios no son competitivos con los de esos nacientes hijos de la tecnología. Son más caros por los altos impuestos que los gobiernos -centrales o municipales- aplican a sus tarifas producto -digámoslo también- del privilegio que les otorgan para transportar o alojar personas. Un pacto tácito en el que unos pagan y otros certifican y conceden beneficios exclusivos mientras trasladan los costos a usuarios que no tenían alternativas. Las Apps han arreglado en poco tiempo el gravoso problema y hecho tambalear al sistema.

Pero no es únicamente en esos sectores que los privilegios estatales se ven amenazados tras años de condenar al ciudadano a pagar más por menos. Otro sector afectado es el de la educación. Visiones decimonónicas permean todavía la forma de operar de escuelas y universidades en las que el cuerpo de profesores y la dirección siguen con formalismos y desincentivos como tesis, privados, sesiones magistrales, colegiaturas obligatorias, etc. La enseñanza en línea, los MOOC, el autoaprendizaje, el uso de la tecnología para múltiples aplicaciones o los diplomas en artes liberales -liberal arts- amplían los espacios educativos aunque no sean reconocidos por un estatus conformista anclado en procesos tradicionales que reducen la competitividad respecto de quienes han abrazado esas nuevas formas de aprendizaje.

Algo similar ocurre con la justicia, y animo a leer el libro “Justicia sin Jueces” para entenderlo mejor. Su autor -un juez con amplia experiencia- pone sobre la mesa y a debate un añejo problema. Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista. Tres expertos jurídicos en cómo aplicar formalmente justicia -no necesariamente atender el fondo del problema- se juntan a discutir sobre un tema y, siguiendo procedimientos reglados, toman una decisión. En el proceso, el sindicado o reclamante es un personaje pasivo representado o señalado por uno de los expertos sin que cuente con el derecho de autorepresentación porque la mayoría de sistemas judiciales lo impiden con diferentes excusas, tendientes a mantener el monopolio de aplicación de la justicia en un cuerpo colegiado sometidos a reglas y formas precisas y peculiares.

La tecnología -continúa diciendo el autor del libro- viene a dinamitar el sistema. Ahora, el litigante tiene acceso a información, puede conocer y aprender las formas, defender el fondo del asunto que siente como propio y sin interlocutor intermedio, además de otras cuestiones que cambiarán seguramente los procesos. En definitiva: se pasará de un papel pasivo a uno activo en el que los expertos serán, únicamente, asesores y complementos pero no actores principales del sistema. El arbitraje se pone de moda y, como en otras cosas, el Estado tiene que reconfigurarse y los colectivos privilegiados deberían pensar en el futuro que no será como hasta ahora, y buscar la reconversión.

Me da la impresión de que llegaremos tarde por lentos, pero quienes primero se organicen para servir mejor y a más bajo precio, lograrán ventajas competitivas en un mundo plural, globalizado e innovador. El Estado debe hacer su catarsis en temas como la certificación de grupos y la captación de impuestos en lugar de querer seguir aplicando modelos superados.

La fútil cantaleta anual

Intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”

Por estas fechas se activan anualmente grupos de presión que patrocinan el incremento de bonos, mejoras en pactos colectivos y subida del salario mínimo. Saben que pueden incluir en el presupuesto estatal montos a repartir durante el año siguiente, y la agenda buitre de sus liderazgos les recuerda la fecha. En esta ocasión, además, hay cambio de gobierno y es el momento preciso para negociar y presionar a salientes y entrantes, “liberarlos” del bochinche en las calles y conseguir el aumento deseado que dilapidarán en pago de planilla o en abogados sindicalistas. Ni el colegial ni el enfermo reciben mejor atención -a la pruebas me remito con esos ejemplos- aunque las penas se extienden al Congreso, al Organismo Judicial, al MP, a puertos, municipalidades y muchas otras instituciones públicas ¡Otra vez la depredación y el reparto de los recursos públicos!

Sobre el salario mínimo veo argumentos contrapuestos. Uno, el del asalariado que pide más dinero y busca la justificación oportuna: inflación, precio de la canasta básica, etc. Otro, el del empresario que argumenta no poder sostener un incremento por ley que descabala el cálculo económico necesario para sostener su negocio. Propongo empatía, uso de parámetros objetivos y reflexión sería sobre la postura contraria.

Realmente hay inflación anual y por tanto incremento de precios, lo que reduce el poder adquisitivo de quien gana lo mismo de un año a otro. Por otra parte, no es menos cierto que un empresario con diez o veinte empleados -las PYMES son mayoría en el país- quizá no pueda soportar un incremento anual porque sólo le queda reducir beneficios -muy difícil en un mercado abierto- despedir trabajadores o incrementar los precios de sus productos y dejar de ser competitivo ¿Cuál es la solución?

Cuando nos basamos en premisas falsas, distorsionamos o falseamos las conclusiones. Nadie se contrata por debajo de su (precio de) costo. Es absurdo, por tanto, decir que alguien trabaja por “una miseria”. Esa cantidad -recordemos que todos somos diferentes- es sencillamente la “adecuada”, puede que no sea la que le guste a la persona pero la acepta porque es mayor que su costo de oportunidad. Vaya a un mercado e intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”. Lo segundo, considerar que la canasta básica es igual para todos y tiene el mismo precio en todas partes, lo que de nuevo conduce a conclusiones inválidas. Lo tercero, aceptar que todos estamos en idénticas condiciones de capacidad y formación y, consecuentemente, hay que unificar el salario. Lo último, pensar que los beneficios empresariales son ilimitados y siempre sacrificables. Al final, lo “mínimo legal” termina siendo lo “máximo” y todos perdemos: trabajador, consumidor y empresario. Ganan politiqueros o sindicalistas inescrupulosos a quienes usted y yo les importamos un soberano pepino.

Que cada quien contrate libremente y trabaje por lo que desee y su capacidad y cualificación le permitan. Los profesionales liberales: médicos, abogados, lavadores de carros, jardineros, fisioterapistas, albañiles, fijan libremente sus honorarios y usted decide si los contrata, y ellos si le prestan el servicio ¡Así, sin salario mínimo ni agenda dictadas por gobiernos o grupos de presión! 

Cuando se entiende que la matemática es ciencia exacta y la política ciencia social -en la que sentimientos, poder, ambición, ideología sobre “igualdad social” y cuestiones similares, terminan por retorcer principios- se entiende perfectamente. No hay que perder el norte en discusiones bizantinas que impidan ver el fondo ideologizado. En cambio, más razón que emoción, suele ser la fórmula para entender muchos problemas. 

Esto de “los asuntos militares”

El panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible

En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los efectivos del ejército al 33% que determinaban los Acuerdos de Paz. La fuerza armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los Acuerdos lo fijaron arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del documento conclusivo al entonces jefe de la MINUGUA y al Presidente Arzú.

Desde entonces no ha habido discusión sería y pública sobre el futuro del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue, procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el ciudadano ha sido más exigente ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que la reconversión militar -incluso la desaparición de los ejércitos- era una necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad.

Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque además -no nos engañemos- es más rentable, especialmente en un país en el que el crimen organizado y el narcotráfico campan a sus anchas. En lo que va de año, han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos coroneles: uno -asignado a la dirección de personal del ejército- en el Petén, por hechos relacionados con el narcotráfico, y el otro acusado de blanquear dinero de la mara Salvatrucha.

Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento), con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado, el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible.

En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión de los hechos y declarar el estado de sitio en la zona y alrededores, seguimos sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no fue auxiliada inmediatamente por su base con quien debería haber tenido comunicación permanente ¿Cómo actúo -o dejó de hacerlo- el comandante en jefe? ¿Por qué no se enviaron refuerzos aéreos o terrestres si contamos con helicópteros y más de cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una posibilidad que el estado de sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el ejército del conflicto.

Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares”, de lo contrario el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.

Entre el paroxismo y el rechazo

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en otras

En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional: el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta: ¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?

La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede seguir siendo un normal proceder.

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente presentado, además de ser sumamente irresponsable.

Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que tiene suficiente lastre para hundirse.