¿Qué hacer con Portillo?

Desde que México remitiera por correo urgente al huido ex presidente, el caso ha estado diariamente presente en los medios de comunicación. La pregunta que se hace la mayoría de los ciudadanos es: ¿qué pasará ahora con Portillo?, ¿qué se puede hacer?
La solicitud de extradición por parte de USA y la autorización positiva mexicana y nacional deja la pelota en el tejado político. La captura del ex ministro de finanzas de aquel gobierno y la presión que pudieran sentir algunos actores claves como la ex esposa y la hija del ex mandatario, entre otros, permite imaginar, para él y sus cómplices, escenarios preocupantes.
En este país, con alarmantes índices de criminalidad, el valor de sus vidas parece que va inexorablemente unido al de su silencio. La prolongada espera en cárceles nacionales llevaría aparejado el alto riesgo de una permanente sensación de vendetta o de fuga y siempre de trato privilegiado. Por otro lado, hay que valorar el futuro que le depararía la justicia norteamericana, dura y fría pero complaciente con los colaboradores. Si el gobierno decide no entregarlo, es presumible que el caso Portillo con toda su parafernalia termine siendo un importante lastre para la ya difícil gobernanza del país y para el desarrollo de las futuras elecciones, aunque para los que gustan de ambiente revuelto -y en este gobierno hay unos pocos- la estrambótica situación puede representar pingues beneficios para sus cuentas bancarias o las del partido. Recordemos que influyentes financistas y entusiastas del portillismo también lo fueron (y lo son) de la UNE. Incluso hubo un reconocimiento explicito a cierta persona de Oriente por el apoyo recibido para ganar las pasadas elecciones, lo que lleva a pensar en la posibilidad de un pacto para seguir manejando todo esto con bajo perfil y alta financiación, en espera de mejores tiempos y baja memoria ciudadana.
Otra posibilidad es que el gobierno decida extraditar al recluso y se quite los problemas de un solo. Ganaría mucho en imagen, voluntad de apoyo a la justicia y otros valores que necesita para revitalizarse, tal cual enfermo terminal. Sin embargo, se arriesgaría a que le retiraran el apoyo esos financistas en la sombra y a sufrir las represalias de aquellos viejos “amigos”. Algo más a agregar a este complejo rompecabezas, es que de confirmarse que alguno de los abogados que llevan el caso Portillo, también fue o es asesor gubernamental, se complicaría la solución final y la transparencia del caso, aunque frente a esas jugadas de escasa o nula limpieza ya estamos acostumbrados con la administración actual.
¿Qué hará el Gobierno?, es una buena pregunta que habría que estar haciéndose todos los días antes de que el tema se aletargue y sea opacado por el olvido, por los múltiples escándalos que todavía deben brotar o por las crisis que faltan por vivir en estos meses que restan para que volvamos a preocuparnos por procesos electorales.
Las investigaciones de la CIGIG serán clave, seguramente, para despejar algunas de esas dudas, sobre todo ahora que vemos una campaña de desprestigio cuestionándose la honestidad de la Comisión Internacional, a cargo de súbditos leales a aquel presidente que purga prisión por delitos muy diversos. Y es que cuando el patrón está encarcelado, preocupa mucho lo que pueda decir y como salpica peligrosamente a los demás.
Servido está el problema y pendiente la decisión que a fin de cuentas es más política que jurídica como todo lo que implica al derecho internacional. Veamos con qué nos sorprenden.