Cada gobierno, cada grupo, cada ideología y cada mafia, desea colocar a “sus” magistrados, sin importarle parámetros de competencia por méritos
En pocas semanas se deberá de convocar a la Comisión de Postulación para elegir a magistrados a la CSJ. Esas designaciones son las más importantes de un proceso encadenado de elecciones que incluye a otras postuladoras de las que formarán parte magistrados de dicha corte para seleccionar a sus pares de la CC y al Fiscal General. Lo que ocurra en este proceso tendrá una repercusión trascendente en la renovación de dichas instituciones, de ahí su importancia.
El Presidente Arévalo solicitó a la OEA que se comprometa a observar dichas elecciones con el ánimo, supongo, de que el proceso sea transparente -aunque ya lo es- porque en el fondo no se ha modificado ninguna de las condiciones legales que han propiciado escándalos, quejas, amparos y críticas. Es decir: queremos hacer cosas diferentes con idénticas normas y hábitos, lo que alguien que sabía mucho denominó estupidez humana.
Y es que los partidos políticos -SEMILLA no es una excepción- no han presentado reformas sustantivas a la ley correspondiente para, por ejemplo, que la tabla de gradación sea conocida con años de anticipación a la convocatoria -ya que es una relación de méritos muy fácil de elaborar- o que el orden de puntuación que se establezca por los comisionados sea el de selección final, y no prevalezca el capricho o la arbitrariedad de aquellos después de hacer el inútil esfuerzo de clasificar a los aspirantes.
La conclusión es muy fácil: cada gobierno, cada grupo, cada ideología y cada mafia, desea colocar a “sus” magistrados, sin importarle parámetros de competencia por méritos, razón que explica precisamente que la tabla de puntuación sea elaborada al inicio del proceso y que los puntos obtenidos no sirvan absolutamente para nada más que guardar las formas, porque los comisionados pueden elegir arbitrariamente. Similar a aquellas actuaciones de tiempos de la Conquista: “la ley se obedece pero no se cumple”, y lo mismo que en aquel entonces las normas no se observan porque contrarían los intereses de ciertos grupos que dicen querer mejorar el sistema de justicia, cuando a lo que aspiran es a mejorar “su” sistema de justica, tal y cómo lo entienden. Y eso fue en algún momento, lo que ocurrió tanto con la pantomima del juicio por genocidio -luego anulado- como en tiempos de CICIG, en los que se imponían normas, leyes, jueces y fiscales, en función del interés de los que controlaban la justicia. Y no hay que negar aciertos en todos los tiempos, cosas bien hechas, pero en modo alguno es el modelo aspiracional de neutralidad judicial.
La OEA podrá observar libremente la dinámica de un sistema -inútilmente comprobado por años- que no funciona y genera esas discusiones y acuerdos que planifican mafias de la monopólica universidad estatal y de otras universidades privadas creadas por sinvergüenzas con el fin de tener injerencia en esos procesos, además de la actuación sin parangón del honorablemente y corrompido colegio de abogados y notarios, quienes seguramente contarán, desde hace rato, con los listados de los aspirantes -elaborados en la sombra- que les devolverán los favores en el medio plazo.
Así ha sido, y así será, porque los cambios no se han producido. Luego, habrá un sin número de amparos que, como hace años, hará colapsar el sistema y los magistrados actuales se prorrogarán por un tiempo indefinido con el beneplácito de órganos superiores, protestas políticas y conformismo ciudadano. Un reality show ya conocido que se repite en el tiempo por indolencia y pasividad de mediocres ciudadanos que aspiran a que otros arreglen sus problemas, mientras se quejan permanentemente de lo mal que lo hacen.
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