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martes, 4 de agosto de 2020

¿Desde cuándo nos engañamos?

Nos han educado en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política

La pandemia mundial ha desatado un debate en torno al papel del Estado, fundamentalmente en el tema de salud, pero también en otros sectores. Súbitamente el ciudadano parece descubrir que los servicios públicos no son gratuitos, tal y como por años le estuvieron predicando los políticos. “La salud y la educación -entre otros- son derechos humanos y el Estado debe proporcionarlos gratuitamente”, nos decían en mítines políticos que querían obtener votos activando emociones. Nosotros, los votantes, cerrábamos los ojos a una realidad suficiente y claramente percibida, y aceptábamos que teníamos derechos “gratuitos” que otros pagaban y unos terceros proporcionaban, y así nos fuimos “disfrutándolos” desde la mitad del pasado siglo.
Paul Johnson, en su libro “Tiempos Modernos” -citando a Bass y de Vries- recoge algunas apreciaciones de la Alemania promotora de este estado de bienestar: “…, los trabajadores alemanes preferían los empleos seguros antes que los derechos civiles, que siempre habían significado poco para ellos”. La filosofía del Estado de Bienestar de Weimar se sustenta en “céntrate en trabajar que el Estado se encargará de ti y de tus necesidades básicas”, y en ese pacto tácito y ficticio, te aseguran unos “derechos” que tu terminas pagando, a precio de oro en la mayoría de las ocasiones. 
En momentos difíciles, como los que vivimos, se descubre que aquel “contrato social weimariano” no se estaba cumpliendo y lo advertimos ahora que muchas personas reclaman la protección estatal que el propio ente no puede ofrecer, mientras deja al desnudo realidades ignoradas por muchos desde hace casi un siglo. Nos han educado, y hemos repetido y consentido, en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política -dicen algunos- y el ciudadano se hace el crédulo y lo acepta en tanto en cuanto no le afecte; y mejor si le favorece ¿Quién va a discutir derechos que le son otorgados, como salud y educación, y sobre los que puede construir cualquier discurso reivindicativo?
Sin embargo, vemos que no hay salud para todos ni mucho menos educación para quienes la reclaman, y lejos de ser un problema en países en vías de desarrollo se ha mostrado en todo el mundo. Ningún país ha podido satisfacer los reclamos requeridos en esta crisis ni atender a los miles de ciudadanos que simultáneamente exigen “sus derechos”. Igual reflexión se puede hacer con el trabajo, la protección social, la alimentación, al vivienda y otros.
Dejamos en manos de un estado ineficiente -aunque eficaz en algunos momentos- la gestión de muchos aspectos que no se evidenciaban mientras afectaban a un grupo reducido de personas, pero que se manifiestan cuando muchos tienen esa necesidad. La “ley” del manejo adecuado de la minorías se hace realidad y se constata que la política no deja de ser justamente eso: lograr el voto de la mayoría para hacer un eficiente, pero no siempre ético, manejo de las minorías que suelen ser desplazadas en beneficio de la “gran masa” que aporta votos, genera opinión publica y certifica resultados electorales.
Ha pasado casi un siglo y el punto de inflexión en el que estamos nos debería hacer cambiar y adoptar métodos que realmente sean eficaces en momento de crisis o podemos seguir, en ese nuevo normal, con sistemas que sirvieron para una época pero que requieren sobreponerse a una realidad opacada por analfabetismo -político y económico especialmente- a luchas de grandes potencias por el poder y a la rémora de dos guerras mundiales. Esto viene a sumar al esfuerzo de los milenias y generaciones siguientes por cambiar un mundo que no les sirve.

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