Y es que no deseamos que se imparta justicia sino “nuestra justicia” ¡Maldita ideología y cortedad mental!
El enconamiento entre la CSJ, la CC y el Congreso, además de otras instituciones y muchos ciudadanos, tiene paralizada la renovación de jueces y magistrados. A estas alturas, puede encontrar argumentos para aplaudir o desmeritar a cualquiera de los citados por razones suficientemente conocidas que sobra explicar. En un país en el que se habla a menudo de diálogo, no dialoga ni su madre. La imposición o el silencio parecen ser dos hojas de rutas fracasadas pero utilizadas históricamente.
Al Congreso no le da la gana comenzar con la elección de jueces y magistrados y ningún partido político fuerza esta situación con medidas legales, que las hay. La CC, sigue aquello de “este macho es mi mula”, y no cambia una directriz que requiere de meses para poder cumplirse de la forma que indicó. Si hay que analizar unos 296 seleccionados en las nominas de postulación y 160 diputados deben de emitir su voto a viva voz -además de razonarlo- se requerirían entre 790 y 1,600 horas si cada uno dedica 1 o 2 minutos a ello. Es decir, sesionando dos veces por semana, cinco horas cada día, se necesitaría entre año y medio y tres años, lo que convierte el proceso en absurdo.
Soluciones hay, como por ejemplo razonar por escrito el voto y hacerlo público, votar por grupos parlamentarios con el mismo requisito anterior o cualquier otra que tenga cabida para agilizar el proceso sin perder la esencia del compromiso de explicarlo. Sin embargo, seguimos atorados por falta de propuestas, de acercamientos, de diálogo, de exigencia social y de ética político-jurídica. La institucionalidad sigue sin responder y la ciudadanía paga las consecuencias de mafias, egos, mañas, formas y basura que se lanzan, unos y otros, para no cumplir.
Tenemos un sistema mal diseñado, hete ahí el problema. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia no son supremos y la Corte de Constitucionalidad que debería de dedicarse a temas exclusivamente constitucionales, por ser un tribunal políticamente nombrado, se convierte en el tercer poder del Estado: el Judicial. Cada buey jala su carreta y descoyunta el pobre sistema nacional de justicia, y a los ciudadanos que deben utilizarlo -que somos todos- mientras las mafias, incrustadas por doquier, buscan cómo posicionarse ventajosamente. El Colegio de Abogados ve pasar la procesión desde la tribuna porque, en el fondo, está diseñado para ser manejado por grupos de poder y manipular determinadas instituciones, producto del espacio constitucional otorgado en la selección de candidatos. Otra mafia que termina por coincidir con las establecidas en el “club universitario” al que obligan a suscribirse a todas las universidades. Y cuando el MP actúa y pide antejuicios -porque no es un ente juzgador y no puede tomar partido- tampoco estamos conformes porque vemos que “los nuestros” pueden salir perjudicados y lo que deseamos es que “los otros” sean los castigados. Y es que no deseamos que se imparta justicia sino “nuestra justicia” ¡Maldita ideología y cortedad mental!
Los ciudadanos, esos que dice la teoría que tienen el poder que delegan en sus representantes, se sienten cómodos o distraídos porque han aprendido a vivir en este sistema en el que debes procurar tener un cuate que conozca a un colega o pariente en el lugar que necesitas para pedirle, en el momento adecuado, el favor que solucione el clavo que tengas. Un mundo de favores y favoritismo que termina clavándonos a todos contra la pared y arrastra al país a un inmundo lodazal al querer resolver una crisis política por medios judiciales.
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