¿Desde cuándo nos engañamos?

Nos han educado en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política

La pandemia mundial ha desatado un debate en torno al papel del Estado, fundamentalmente en el tema de salud, pero también en otros sectores. Súbitamente el ciudadano parece descubrir que los servicios públicos no son gratuitos, tal y como por años le estuvieron predicando los políticos. “La salud y la educación -entre otros- son derechos humanos y el Estado debe proporcionarlos gratuitamente”, nos decían en mítines políticos que querían obtener votos activando emociones. Nosotros, los votantes, cerrábamos los ojos a una realidad suficiente y claramente percibida, y aceptábamos que teníamos derechos “gratuitos” que otros pagaban y unos terceros proporcionaban, y así nos fuimos “disfrutándolos” desde la mitad del pasado siglo.

Paul Johnson, en su libro “Tiempos Modernos” -citando a Bass y de Vries- recoge algunas apreciaciones de la Alemania promotora de este estado de bienestar: “…, los trabajadores alemanes preferían los empleos seguros antes que los derechos civiles, que siempre habían significado poco para ellos”. La filosofía del Estado de Bienestar de Weimar se sustenta en “céntrate en trabajar que el Estado se encargará de ti y de tus necesidades básicas”, y en ese pacto tácito y ficticio, te aseguran unos “derechos” que tu terminas pagando, a precio de oro en la mayoría de las ocasiones. 

En momentos difíciles, como los que vivimos, se descubre que aquel “contrato social weimariano” no se estaba cumpliendo y lo advertimos ahora que muchas personas reclaman la protección estatal que el propio ente no puede ofrecer, mientras deja al desnudo realidades ignoradas por muchos desde hace casi un siglo. Nos han educado, y hemos repetido y consentido, en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política -dicen algunos- y el ciudadano se hace el crédulo y lo acepta en tanto en cuanto no le afecte; y mejor si le favorece ¿Quién va a discutir derechos que le son otorgados, como salud y educación, y sobre los que puede construir cualquier discurso reivindicativo?

Sin embargo, vemos que no hay salud para todos ni mucho menos educación para quienes la reclaman, y lejos de ser un problema en países en vías de desarrollo se ha mostrado en todo el mundo. Ningún país ha podido satisfacer los reclamos requeridos en esta crisis ni atender a los miles de ciudadanos que simultáneamente exigen “sus derechos”. Igual reflexión se puede hacer con el trabajo, la protección social, la alimentación, al vivienda y otros.

Dejamos en manos de un estado ineficiente -aunque eficaz en algunos momentos- la gestión de muchos aspectos que no se evidenciaban mientras afectaban a un grupo reducido de personas, pero que se manifiestan cuando muchos tienen esa necesidad. La “ley” del manejo adecuado de la minorías se hace realidad y se constata que la política no deja de ser justamente eso: lograr el voto de la mayoría para hacer un eficiente, pero no siempre ético, manejo de las minorías que suelen ser desplazadas en beneficio de la “gran masa” que aporta votos, genera opinión publica y certifica resultados electorales.

Ha pasado casi un siglo y el punto de inflexión en el que estamos nos debería hacer cambiar y adoptar métodos que realmente sean eficaces en momento de crisis o podemos seguir, en ese nuevo normal, con sistemas que sirvieron para una época pero que requieren sobreponerse a una realidad opacada por analfabetismo -político y económico especialmente- a luchas de grandes potencias por el poder y a la rémora de dos guerras mundiales. Esto viene a sumar al esfuerzo de los milenias y generaciones siguientes por cambiar un mundo que no les sirve.

Reacomodo ideológico durante la pandemia

Si consideramos la finalidad rentista se podrá comprender mejor la debacle del debate político nacional

El COVID-19 ha paralizado la discusión nacional más allá de la pandemia, y la pugna política se ha tintado con debate ideológico. La habitual izquierda radical: Winaq o URNG -ahora con el MPL incluido- no levanta cabeza. La UNE, tradicional líder de la izquierda moderada sufre una fuerte convulsión interna que, unido al rechazo ciudadano de Sandra Torres, la coloca al borde de la autodestrucción, y una facción pretende quedarse con el poder que la otra le niega. En ese espacio ideológico, el partido SEMILLA surge con más fuerza, liderazgo y oposición que mostrara en su momento Encuentro por Guatemala. Por primera vez hay una opción real a una UNE sacudida, y al estar mucho menos contaminado, hay temor -u oportunidad, según se mire- en que pueda ocupar los espacios que aquella vaya dejando vacíos. En la derecha -o centro derecha- dos partidos se sitúan muy a la par: CREO y VALOR. El primero renovado, con gente joven y una fuerza moderada pero más activa; el segundo, liderado por Zury Ríos, levanta pasiones entre ciertos conservadores, aunque su candidatura fue rechazada en las pasadas elecciones. El resto son partidos bisagras, narcos o repletos de corruptos. Si consideramos la finalidad rentista, es decir, la intención de obtener más recursos para pagar las deudas electorales, así como este otro ideológico, se podrá comprender mejor la debacle del debate político nacional. 

La lucha interna en la UNE, junto con la pugna por conservar el liderazgo de la izquierda, pasa por aprovechar cualquier ventaja donde son más fuertes: el Congreso. Es desde ahí que se promueven frecuentes confrontaciones con el Ejecutivo y el partido VAMOS para obtener ventaja y rentabilizar sus esfuerzos, especialmente ahora que una fracción de la UNE -que lidera Sandra Torres y que pelea el control del partido- vota junto al oficialismo. De otra forma: la pugna interna se traduce, políticamente hablando, en una confrontación contra los aliados que son socios de la facción contraria. 

SEMILLA, por su parte, se intenta alejar de ese escenario en una actitud de laissez faire, y deja que se destruyan -que seguro lo consiguen- sin presentar más alternativas que lo que el tiempo disponga, y sin promover confrontación, tal como lo hacía Encuentro por Guatemala, justamente la razón de su desaparición con el tiempo: la falta de acción contundente cuando debió de hacerlo.

A VAMOS no le queda de otra que pactar para tener el poder que la urnas no le concedieron, y es evidente que no encuentran fácilmente socios. La izquierda -SEMILLA, WINAQ, URNG y UNE- estará siempre en contra de ellos, y la derecha -CREO y VALOR- buscan su propio espacio y evitan coaliciones innecesarias. Lamentablemente, solo quedan partidos bisagras, narcos o corruptos, que son los que se han asociado, y deslegitiman al oficialismo. Como alguien me dijo “yo no quisiera estar en el lugar del Presidente”, quien lidera el país en unos de los momentos más difíciles de su historia moderna. Para mientras, la pugna sigue al margen de la realidad porque, en el fondo, lo que se pretende es mantener el poder y continuar con las misma barrabasada de siempre, lo que se traduce en el saqueo del Estado y la piñatización de los fondos públicos, a fin de cuentas lo que persiguen la mayoría de los políticos que llegan al poder. Eso del bien común o el interés por el ciudadano que se lo digan al espejo frente al que ensayan sus discursos, igual algún día el espejito, como el de Blancanieves, termina por decirles la verdad y entonces sabrán lo feos que son.

El costo de la decisiones públicas

No cobre un solo centavo el próximo mes, tal y como ocurre con quienes tienen empresas cerradas por obligación

El CACIF publicó recientemente un análisis sobre el impacto en la economía nacional de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Algunos salieron inmediatamente a ponerlo en duda, sin ofrecer otro análisis que contrastara el presentado que, además, coincide con la caída de la recaudación fiscal hecha pública por la SAT, y por el padecimiento que todos los ciudadanos experimentamos a diario en relación con la falta de trabajo, de oportunidades, de negocios o de clientes. No hay que ser muy sesudo para advertir lo que está ocurriendo.

Pero no ha sido únicamente el sector privado nacional quien ha puesto sobre la mesa cifras de recesión económica. La OCDE, en un informe titulado “Better policies for better lives”, habla de una caída del PIB mundial del 6% en 2020, y si se considera una segunda ola de pandemia, el porcentaje subiría hasta el 7,6%. Si todavía es escéptico, puede consultar el “Global Economic Prospects” que sitúa el desarrollo económico para 2020 cerca de -8%, siendo los países latinoamericanos y caribeños los más afectados con cifras que oscilan entre el -7.2% de recesión del PIB y de -8.1% en la renta per cápita. En otro gráfico, muestra las mayores recesiones económicas del pasado siglo: las dos postguerras mundiales -superiores a la actual- y la Gran Depresión de los treintas, equiparable con la presente.

Está en su derecho de pensar que lo mejor es quedarse encerrado en casa y no abrir parcialmente los negocios. Así opinan muchas personas y numerosos expertos en salud, pero a quienes tienen ese comprensible criterio protector les propondría este reto: no cobre un solo centavo el próximo mes, tal y como ocurre con quienes tienen empresas cerradas por imposición. Si son capaces de aceptarlo, puedo entender su postura, pero me temo que quienes hablan de cerrar la economía y quedarse en casa son los que tienen un salario asegurado que no depende, en absoluto, de salir a producirlo diariamente, y con esas cartas es fácil jugar.

Entiendo que una apertura total tampoco es la solución, pero para eso está la cabeza, las experiencias de otros y, sobre todo, la teórica racionalidad del ser humano. Si queremos utilizar los códigos de colores, hagámoslo. Así, en un municipio o departamento con “código rojo”, los establecimientos abiertos -que serían todos los que sus dueños deseen- tendrían una limitada afluencia cifrada en un 15% del aforo. Por el contrario, en otros con “código amarillo”, la afluencia podría aumentar hasta el 60%, por poner ejemplos numéricos que pueden adaptarse. De esa forma, no se suspendería ninguna actividad económica y se respetaría el distanciamiento entre personas. Aplique una lógica similar para transporte público, cines, restaurantes, centros de conveniencias, mercados, etc., y habrá encontrado una solución equilibrada sin cerrar totalmente.

Las medidas restrictivas absolutas no sirven -quizá en festivos- por muchas razones: somos una sociedad indisciplinada, y nos valen las normas, el sistema nacional de salud es tan desastroso que no es capaz de soportar más tiempo la presión que tiene -reto para el futuro- y la prohibición no impide que la gente se movilice sino que se apuñusque en peores condiciones respecto de la normalidad. Buscar el equilibrio es lo razonable y se entiende perfectamente cuando el reto es producir para vivir. Quien no tenga esa disyuntiva -empleado o funcionario- está condicionado por la comodidad de vivir sin el riesgo de quien debe llegar a final de mes. Y si no, trabajen sin salario y verán cómo lo entienden, porque de la crisis no nos saca nadie, menos este Estado disfuncional que tenemos.

La anormalidad en el nuevo normal

Hay demasiados meapilas urbanos que pretenden establecer una teocracia radical biblia en mano

Mientras medio mundo enfrenta la vida desde un “nuevo normal”, algunas instituciones públicas y ciertos personajes nacionales, continúan con la tradicional anormalidad. Además del artificioso conflicto entre CSJ-Congreso-CC, abrieron otro frente que involucra al PDH y a la comunidad LGTB, en un afán por desviar la atención de lo importante, de lo urgente y de cualquier tema serio que merezca debatirse. No escuchará hablar sobre qué ocurrirá con el paralizado curso escolar, qué piensa al respecto el sindicato magisterial o la inversión que se hará -con urgencia- para que miles de niños no padezcan el aislamiento al desconectarse de sus clases. Sin embargo, quien desde el Congreso debiera liderar esos temas y preocuparse por las generaciones futuras, se distrae acusando de aberrantes a los homosexuales y citando al PDH para que explique la razón de haber utilizado una bandera multicolor en Twitter.

Grupos religiosos radicales -exentos de impuestos- en convergencia con políticos -igualmente extremistas- procuran anclarnos en un obtuso debate de género que nadie ha promovido, mientras se alejan de la discusión sustantiva sobre qué haremos después de la pandemia, cuán endeudados quedaremos, qué planes hay para atraer inversiones, si se recuperarán los días perdidos de clases o corregir las múltiples fallas detectadas en el sistema de salud, por citar algunos ejemplos. La anormalidad quiere quedarse y no dar paso a la nueva normalidad, y algunos diputados ponen todo su esfuerzo y dedicación en ello.

Hay demasiados meapilas urbanos que pretenden establecer una teocracia radical biblia en mano. Son aquellos que adoran la Ley del Talión, la sumisión de la mujer al hombre de Corintios 14 o Romanos 7, la condena a la homosexualidad de Levítico 20, aplauden que ardan los brujos y hechiceros de lo que se habla en Éxodo 22 pero soslayan también, al mismo tiempo, Levítico 20 -me remito a oferta de moteles- o cierta vida licenciosa en la que priva el alcohol, y que Isaías (28) criticó. Parece que no llegaron a las lecturas sobre la comprensión, el perdón y otras virtudes piadosa del Nuevo Testamento ni al segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, y no digamos al quinto: no matarás ¡Cuánta razón tenía Mateo al recoger aquellas palabras sobre los sepulcros blanqueados!

Somos una sociedad repleta de chupacirios, y profundamente hipócrita y preocupada por las apariencias. Nos quedó grabado eso de “no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha” y, mientras guardemos las formas y no se note, vale hacer lo que se quiera. Lo importante no es ser, sino parecer, o promover una imagen que proyecte esa mojigatería. Celebramos festejos religiosos con grandes banquetes en un país plagado de desnutrición, santificamos los inocentes 15 años, pero somos indiferentes a miles de embarazos de menores, graduamos a los chicos y ese mismo día permitimos que se caigan borrachos al piso del hotel, en la entrada del baño, y mantenemos la “ley seca” pero buscamos como evadirla permanentemente, así quedamos bien “con Dios y con el diablo” ¿Habrá comportamiento mas falso?

En la política -reflejo de lo social- ocurre lo mismo. Todos quieren quedar bien con todos y evitan señalarse para no romper ese artificioso equilibrio. Unos diputados hacen el mamarracho mientras el resto calla, en la inteligencia de que a la semana siguiente ocurrirá lo mismo, pero a la inversa. Los ciudadanos, conformados y conformistas -melodramáticos casi todos-, seguimos con nuestra penumbrosa vida y mejor que nadie sepa de nosotros más de lo necesario. 

Eso si: reza a las 8 por Guatemala y honra a Jehová con tus bienes. Amén, amén, amén.

Las Cortes, el Congreso y sus pleitos

Las clasificadoras de riesgos nos bajarán la credibilidad, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán

Este rifirrafe entre algunos diputados del Congreso, la CSJ y la CC pareciera tender a la polarización tradicional que permea normalmente la dinámica nacional. “Superada” aquella otra de “CICIG-Si o CICIG-No”, y no contentos con la experiencia desgastante que ocasionó, nos enfrascamos en esta nueva. O quizá, y justamente por lo antes comentado, se genera esta otra; más bien pareciera que no podemos vivir sin estar continuamente polarizados, peleados, enojados o agrediéndonos. En el fondo, lo habitual: la falta de respeto al otro, a las instituciones, a la autoridad y, sobre todo, a las normas.

El debate que veo en redes -cuando no la bronca- se circunscribe a señalar a unos de sinvergüenzas porque atacan a otros -se entiende que estos últimos no lo son- o viceversa. Los menos comprometidos abogan porque todo está hecho un desastre estructural -aunque lo dicen con palabras mucho más contundentes- y así se lavan las manos de la responsabilidad de tomar partido o acción. Una especie de “ponciopilataje” muy usual en el país y consistente en echarle siempre la culpa a otro de no hacer lo que debe o no arreglar el problema, mientras uno se distancia prudentemente y se excluye cómodamente del caos que denuncia.

En esas situaciones, en las que seguramente encontrará razones para llamar sinvergüenzas a ciertos diputados, desgraciados a determinados magistrados e ineptos a otros, lo mejor, en mi opinión, es huir de los personalismos que obligan, necesariamente, a apostar por unos y desechar a otros, haciéndole el juego, justamente, a quienes desean presentar todo como una polarización permanente.

Esta claro que en esas circunstancias -quien sea que tenga razón- las inversiones en el país se verán resentidas porque se proyecta una enorme falta de certeza jurídica, al no conocerse cuándo se nombrarán jueces, cómo se hará y especialmente, quiénes incidirán en el nombramiento. Nadie, con dos dedos de frente, querrá invertir su dinero en este país -necesitado de inversión- porque no existen las condiciones político-jurídicas para que el cálculo económico se sustente en suficiente previsibilidad. Además, tampoco interesa al inversor local que según apueste le puede ir bien o mal y eso no es opción en negocios de largo plazo, aunque si en capitales golondrinas que aprovechan tales situaciones para sacar tajada.

Los principios universales de respeto a las normas, eficacia de la justicia y observancia de contratos y derechos, están, en estos momentos, muy cuestionados en el país y eso tendrá el costo propio de la coyuntura. Las clasificadoras de riesgos bajarán la confianza, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán. Es una pena que quienes ocupan puestos de responsabilidad no se den cuenta del daño que hacen al país, pero es mucho más penoso e irresponsable que quienes hemos elegido a esos representantes nos quedemos callados, pasivos y expectantes de lo que ocurre, mientras destrozan el futuro inmediato y de corto plazo para salvar sus espurios intereses del momento.

Si las Cortes, el Congreso o ciertos diputados delincuentes quieren matarse que lo hagan, pero como ciudadanos responsables debemos apremiar a que se haga la elección de jueces y magistrados conforme dictó la CC y aprobó el Congreso, algo que tenemos pendiente desde hace meses. Lo contrario es apostar por ese río revuelto que termina por darle ganancias a algunos, pero que hunde el país, destruye riqueza y no genera ningún progreso. Dejemos la polarización y pasemos a la acción constructiva y responsable porque es hora de tomarse en serio a Guatemala y dejar de pregonar amor al país o servicio al ciudadano cuando las acciones no reflejan un ápice de coherencia.

Retroceso a los fueros especiales

Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución

Por Acuerdo 22-2020, la Corte Suprema de Justicia designó al juzgado duodécimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala para que conozca, de forma exclusiva, todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, y se constituya como un juzgado especializado ¡Preocupante concesión e innecesario privilegio en tiempos difíciles!

Antes, los tribunales militares juzgaban a los uniformados por razón de la persona y no por el delito que cometían; la evolución hizo que la especialización judicial sea en función del delito y no de los actores. Ahora, un militar que roba no es juzgado por un tribunal militar sino por uno civil y los tribunales militares han quedado reservados para delitos específicos militares o cometidos en tiempo de guerra: deserción, sedición, traición, insulto a superior, etc.

Paralelamente con lo anterior, han aparecido otros tribunales especializados o de jurisdicción privativa: familia, niñez, femicidio o de alto impacto -con los que se podrá o no estar de acuerdo- pero que atienden problemas que se han considerado socialmente importantes: agresiones a mujeres y menores, delitos de narcoactividad y crimen organizado, etc. Es decir, el juzgado/tribunal no se establece en función de la procedencia o cargo de la persona que delinque, sino del hecho cometido, independiente de quien sea aquella.

En el Acuerdo citado, la CSJ acaba de retroceder varios años al considerar que los funcionarios y empleados públicos deben de contar con un juzgado específico para ellos. Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar, además, la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución: “Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales…”, porque entiendo que el espíritu constitucional es que no haya tribunal ad hoc o previamente fijado para personas ni vulnere el principio de juez natural.

Si conoce quiénes -y cómo- eligen a los magistrados de la CSJ -los diputados- y lo une con aquellos que nombran a los jueces -la CSJ- entenderá que es el Congreso el que nombra a los jueces y los diputados estarán tentados, seguramente, de designar al frente de ese juzgado duodécimo a uno que satisfaga sus intereses y sirva para desechar, en primera instancia, cualquier causa en su contra ¡La trampa está hecha! 

Además, quien esté al frente de dicho juzgado -lejos de estar especializado- deberá entender de todos los delitos habidos y por haber, puesto que la persona -funcionario o trabajador publico- puede ser acusada de cualquier cosa -y en cualquier parte del territorio nacional- y únicamente podrá ser jugada ahí ¿Qué ocurrirá? Simple: mora judicial que dificultará la acción por las complicaciones indicadas y otras que surjan.

Parece un despropósito que en momentos en qué se habla de la necesidad urgente de reformar la justicia, porque no está a la altura de la exigencia del ciudadano, la CSJ emita ese Acuerdo al que es difícil darle una lectura más allá de presumir favores a cierto grupo de personas con antejuicio que no desean enfrentar acusaciones y que hacen lo indecible por destruir la poca credibilidad que queda en el sistema de justicia. Agregue al coctel que la Corte de Constitucionalidad ordenó a la CSJ, por cuarta vez, que volviera a emitir una nueva resolución en el proceso de antejuicio al diputado Felipe Alejos. Mezcle todo lo anterior, agite fuertemente, sírvalo frío y bébalo a sorbitos, para darse cuenta de que el sabor no es otro que el amargo de la manipulación de la justicia al servicio de mafiosas élites políticas. Dicho de otra forma: el tradicional manoseo del Estado y la campante corrupción que permitimos siga ahí.

El tiempo que a todos nos faltó

Pendientes de la reforma judicial

En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados

Creo que no hay dudas sobre la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia. No se puede seguir eligiendo jueces en función del interés de grupos ni continuar pactando a quienes poner al frente de los tribunales para que hagan el juego interesado de aquellos que los designan ¡De unos y de otros, no nos engañemos ni nos hagamos los inocentes!

Hace poco, el Presidente lanzó una propuesta que no llegó a definirse, pero que no debe olvidarse. Algunos alegaron que no es momento de discutirla, cómo si hubiese mejor oportunidad que ahora. Otros, se negaron rotundamente a la discusión, lo que denota manifiesto interés por dejar las cosas igual de mal. Y no faltaron quienes aceptaron ciegamente la propuesta sin siquiera saber lo que decía, porque no se presentó formalmente. La pregunta sigue vigente y es urgente responderla: ¿Quiénes y cómo deben elegir jueces y magistrados en el futuro? 

La experiencia de otros países -el estudio comparado- serviría para construir un modelo sobre lo que funciona en aquellos lugares a los que miramos frecuentemente. Una cosa parece clara: hasta Salas de Apelaciones, incluidas, debería ser por promoción interna. Es decir, se oposita para ser juez y con el tiempo y los requisitos que se decidan, se puede llegar a ser magistrado de Sala de Apelaciones, superando los cursos y demostrando la capacidad. En este nivel, se puede abrir la puerta a un grupo pequeño de abogados litigantes o juristas académicos que no pertenezcan a la carrera judicial o, sencillamente, no hacerlo, ambas soluciones están experimentas. 

La Corte Suprema de Justicia debe ser elegida de forma distinta a la promoción interna, y así ocurre en la inmensa mayoría de países. Los políticos deben participar en esa elección si bien hay diferentes maneras de hacerlo. En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados y siempre aprueba o ratifica la designación que pueden hacer otros. Esos magistrados, nombrados o propuestos que ratifica o aprueba el Legislativo, suelen ser designados o sugeridos por el Presidente de la República y por el Organismo Judicial. En definitiva, son tres los poderes que intervienen en la elaboración del listado de aspirantes a la máxima corte del país y, siempre, es el Parlamento el que ratifica o aprueba, siguiendo diferentes procedimientos. Justamente en ese ámbito del debate es donde hay que centrar lo que aquí pueda ocurrir. Otra cosa interesante es que la mayoría de los magistrados nombrados pertenecen a la carrera judicial, y un pequeño cupo, cuando lo hay, son abogados en ejercicio independiente de la profesión. Finalmente el tiempo de permanencia en el cargo suele ser de más de 10 años, e incluso vitalicio, y las sustituciones hechas por partes, no de una vez.

De esta discusión hay que sacar al colegio de abogados y a las universidades, instituciones con cometidos muy diferentes y que se han contaminado por la práctica que representa su participación. Es momento de terminar con ello, al igual que con los grupos de presión que se apersonan en las comisiones de postulación para influir en los nombramientos.

El organismo judicial debe estar al día con la lista de jueces de carrera que cumplen con las condiciones que se determinen y ponerlo a disposición del Ejecutivo y Legislativo -o como se decida- y determinar las condiciones para que los abogados externos a la carrera judicial puedan acceder a esas plazas limitadas. El resto: discusión banal de grupos de presión que no desean realmente un cambio en la justicia, mientras pelean por seguir con “su justicia”.

Eso de los derechos y aquello de los deberes

Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden

En un programa radial salió a la luz que alrededor de 1,200 personas que estaban siendo contratadas para apoyar en temas de salud por el COVID-19, tenían algún problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va desde quienes no estaban de alta, hasta omisos y otros que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la población económicamente activa en la informalidad, no es de extrañar ese número de despreocupados.

Fui inmediatamente a Google y me sorprendí al ver que la palabra “derechos” tiene 1,500 millones de posibles entradas, frente a los 30.3 y 64 millones respectivamente de las palabras “deberes” y “obligaciones”; el 6.3% -entre las dos- respecto de los derechos. En la constitución política y la proporción es similar, y se encuentra 75 veces “derechos” y 13 entre las otras dos opciones, lo que representa un 17,3%. Por último, y con la idea de sacar alguna conclusión que explicara aquel elevado número de personas dispuestas a ser contratadas sin haber cumplido sus obligaciones impositivas, observé que hay entradas que enlistan los instrumentos internacionales de los derechos humanos pero ninguna que recoja la relación de deberes y obligaciones.

Y es que hasta la Convención americana de los derechos y deberes del hombre -ese es el nombre- mantiene ese distanciamiento entre unos y otros, y coloca los derechos primero, aunque alfabética y lógicamente deberían estar después de los deberes ¿Qué nos ha pasado? Fácil: hemos sido educados en la exigencia, pero no en la responsabilidad; en pedir, antes que en dar; en exigir, previamente a cumplir. Kennedy lo dijo así: “No te preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país” 

Si tiene hijos comprobará que desde corta edad les enseñan “sus derechos”, algo que está bien y es oportuno, pero hasta más tarde, o quizá nunca, se les habla de obligaciones y deberes. De esa cuenta, no son de extrañar las voces que se escuchan -así fueron educados- reclamando derechos que la constitución y otros tratados otorgan, sin advertir que no pueden darse antes de haber cumplido las obligaciones correspondientes. No puede exigir educación, salud, carreteras o respeto a su propiedad si previamente no ha asumido y pagado el costo que representa todo eso, y que va desde un sistema judicial ante el que acudir, hasta la creación, si es menester, de la infraestructura necesaria. Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden, aunque se enseñe a la inversa cuando no se evada hablar de responsabilidades.

Un alto porcentaje de la población mundial sabe reclamar desde que tiene uso de razón, pero difícilmente entiende que hay que ser corresponsable en el pago impositivo o que la contribución tiene que ser pareja, proporcional o escalonada, pero debe ser, y no vivir a costillas de otros bajo ese paraguas universal y prefabricado de los “derechos”. Hay un PDH, pero falta el POH -el procurador de las obligaciones humanas- mismo que le recordaría que si no está de alta en la SAT -es decir no cumple con la ley- no puede utilizar servicios públicos que son pagados por otros.

No conozco a nadie que se olvide de cobrar a fin de mes, así que en justa correspondencia todos deberían saber que hay que estar inscrito en la SAT y pagar -o no- en función de sus ingresos, pero no hacerse el loco y salir a exigir alegre e irresponsablemente, lo que en Derecho no le corresponde.

La ley como sugerencia

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen

Nos hemos acostumbrado a tomar como sugerencia, y no obligado cumplimiento, las leyes que deberíamos de acatar. La mayoría, como mucho, tiende a observarla en la medida que no le cause algún incomodo, por mínimo que sea. Nos detenemos en los semáforos si lo consideramos oportuno, de lo contrario los saltamos. Vamos a la parada del bus siempre que no haya una esquina que resulte más cómoda y así no aguantar a otros. Las filas se guardan hasta que un cuate de cola y permita saltar a quienes, con educación y civismo, llevan tiempo esperando. Las multas de tráfico no se pagan porque siempre es “injusta” y, en unos meses, el alcalde ofrecerá rebajas que aconseja esperar, o simplemente se deja de pagar porque no pasa nada. Una sociedad que no cumple las normas que se receta vive en un permanente engaño, y privilegia a los más vivos.

Esta pandemia ha revelado un aspecto más de nuestra vida, en este caso referido a la ley. Varias localidades han decidido que no hay que respetar la orden presidencial de cierre o apertura a horas fijadas y, en cierto lugar, el alcalde tuvo que subirse al techo de una vivienda para no ser agredido por vecinos que decidieron no observar el toque de queda. Así, a puro huevo. Muchos de esos territorios, que hacen su vida fuera del respeto ajeno, no cuentan con estación de policía porque hace años los vecinos prendieron fuego a las instalaciones. Seguramente cuando se enfermen o se cometan delitos, habrá manifestaciones pidiendo a gritos que el Estado les garantice el derecho a la salud y a la seguridad que preconiza la constitución ¡Que no queden los derechos sin exigirse, aunque las responsabilidades haya que buscarlas bajo las piedras! No se por qué cuesta tanto entender que vivir en sociedad con garantías de éxito, solo es factible si se observan las leyes que nos damos.

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen. Los gremios se han dedicado a buscar, frente a otros, preeminencias para sus grupos y obtener ventajas en cualquier norma que se promulgue. El antejuicio, las sirenas y luces de paso prioritario, las salas VIP en los aeropuertos, las escoltas oficiales, la seguridad proporcionada por la PNC, el pasaporte diplomático, las filas especiales para gente “especial”, los asientos reservados en eventos, el seguro privado cuando se trabaja en lo público, eso de “usted no sabe quien soy” que permite manejar borracho en horas prohibidas para circular o portar armas sin licencia, parquear en línea roja con placa diplomática, la exención impositiva, el inicio de los actos y eventos hasta que llegue la autoridad y un largo etcétera, configuran ese polígono en el que buscamos encerrarnos para disfrutar de ventajas que nos diferencian del resto. En el fondo, lo que muchos gustan.

Las crisis desnudan los sistemas y en esta se ha visto lo precario de la salud, la educación, la economía y la observancia normativa. No hay que legislar mucho, pero lo que se norma es para cumplirlo, porque de lo contrario se crea una cultura de irrespeto que muta la vida en sociedad a una de selva en la que la ley del más oportuno prima, incluso por encima de la del más fuerte.

Quizá, pasados estos momentos, tomemos en cuenta el desmantelado sistema social después de 200 años de independencia y 35 de democracia y, cuando superemos el trauma o la vergüenza de aceptar que no hemos hecho mucho, emprendamos un camino distinto, aunque honestamente lo dudo mucho.