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lunes, 9 de diciembre de 2013

La Corte “celestial”


El verdadero instrumento del progreso radica en el factor moral. (Mazzini) 
Mas de cincuenta inútiles votaciones de elección de presidente realizaron los magistrados de la CSJ para cambiar bruscamente el criterio. Escondían necesariamente alguna razón. Al menos dos operadores políticos oficialistas y un general consorte, antecedieron al propio Presidente quien finalmente tomó las riendas del asunto y zanjó la discusión. Cuentan que hubo promesas a dos de los actuales integrantes de la CSJ quienes se presentarán para magistrados del TSE y otra podría ser designada Fiscal General. Dos más, fueron untados con un su milloncejo cash y otros serán reelectos para continuar retardando reclamos judiciales de procesos electorales, como ha sido el caso del diputado de la URNG que ha esperado dos años para tomar posesión de su curul o el de un diputado cuestionado -del partido oficial- al PARLACEN cuyo expediente de impugnación está intencionalmente varado. Tardan años en sustituirlos y esos favores deben de agradecerse. Por último, el magistrado “B” asociado con un número de mala suerte, continuará disponiendo de la friolera cantidad de diez vehículos oficiales -¿narco o coleccionista?- aunque el pasado año tenía trece ¿Quiénes los usarán y por qué permiten que dilapide recursos: combustible, conductores y escoltas? Todos ellos son, directa o indirectamente, beneficiarios del pacto político-jurídico.
Desde la más alta magistratura pareciera que se han forzados casos, como la falsa denuncia realizada por la registradora de la propiedad contra los jueces de la Sala Tercera del ramo Civil (¡mis respetos!) al no plegarse a directrices supremas; la destitución -por presiones- de una asesora legal del INDE esposa de un magistrado no sometido; la contratación sorpresiva del director de la escuela judicial, a pesar de que no habían elegido a nadie por no calificar suficientemente los candidatos y el despido del jefe de seguridad. Los últimos sucesos en ese corto lapsus de tiempo del periodo de presidencia temporal.
El partido en el poder configura su estructura judicial sobre tres pilares: MP, CSJ y TSE. No importa lo que tenga que hacer, a fin de cuentas ¿a quien carajo la importa la justicia en este país? Seguimos con el habitual “todo vale” y la separación de poderes es una entelequia para guardar la forma y separarnos de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Se trata de llegar y mantenerse en la poltrona para posteriormente proceder a la rentabilización canalla. Se aprueban préstamos cuyo fin se desconoce, se paga o compran voluntades y se prostituye la política y la justicia. Todo pareciera tener un costo, justificado mediante escusas de que con otros estaríamos peor, aunque “los otros” harían lo mismo con idéntico argumento. Perdidos los principios -si alguna vez existieron- todo vale en los partidos políticos, dentro o fuera de ellos. Así cuando se iba a anunciar desde Mixco la candidatura presidencial del PP se produce la captura de Barreda que opaca al oficialismo en beneficio de otro actor que no quiere perder capacidad de negociación y cada semana hace su campaña mediática.
Esto se puede denominar de muchas formas, pero en modo alguno es política, justicia ni comportamiento  ético. Cada quién, a cómo de lugar, jala la pita de su lado y embarra un poco. Detrás de todos ellos, el crimen organizado pendiente de los sobrevivientes de esas pérfidas justas donde la puñalada por la espalda es la más noble de las acciones, para luego apoyarlos. Si antes la política era una basura, ahora habrá que buscar un calificativo también para la justicia !Ah! y todos los actores tienen nombre y apellidos.

martes, 3 de diciembre de 2013

Compromisos disruptivos


Fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos (Calderón de La Barca)
Quejarse de los políticos, en general, y meterlos a todos en un mismo paquete es cosa habitual. Son tachados de corruptos, malintencionados, desleales y otros calificativos propios de quienes generan reacciones como consecuencia de un actuar poco ético, menos transparente y altamente abusivo. Plantear las próximas elecciones generales como hasta ahora, significa buscar financiamiento de millones de dólares que difícilmente se encuentran en mercados financieros legales y, consecuentemente, son personajes del crimen organizado quienes costean los procesos electorales, cuando no inescrupulosos “empresarios” emergentes deseosos de contar con el favor de marcos regulatorios mercantilistas. Así las cosas, se entra en una competencia que encarece el producto final: el poder, trasladando a los ciudadanos los elevados precios consecuencia de pactos secretos.
Significa lo anterior que hay que buscar fórmulas diferentes para optimizar el sistema y generar un punto de quiebre en esa demencial escalada de compra de voluntades. Si los partidos políticos -y los políticos en general- fuesen mínimamente coherentes con sus proclamas, harían pública una declaración notarial en la que manifestasen su compromiso de no cambiar de partido (transfuguismo) durante el tiempo que dure el mandato que los electores le otorgaron. Desistirían también del uso de los fondos rotativos (caja chica) evitando suntuosos gastos como almuerzos, gasolina o bebidas alcohólicas camufladas en facturas engrosadas. Constatarían por escrito que cualquier ley/norma que aprueben y beneficie a partidos o grupos políticos, entraría en vigor finalizada su legislatura, de forma que ellos no fuesen los favorecidos directos de tales disposiciones. Renunciarían al privilegio del seguro privado médico y se afiliarían al IGSS, demostrando que realmente esa forma de seguridad social “funciona” y es idónea para el resto de ciudadanos. Modificarían la ley de armas y municiones en aquellas disposiciones que les eximen de cumplir con los requisitos de cualquier otro en relación con permisos y licencias para portar armas. Por último -aunque pueden continuar buscando propuestas disruptivas- se comprometerían a fiscalizar y denunciar a compañeros de curul corruptos, puesto que nadie mejor que ellos conocen las malas prácticas, las mañas perversas y la patente inmundicia. De momento ninguno de ellos (ni de ellas) hace absolutamente nada de lo anterior -pudiéndolo hacer- aunque denuncian algún que otro suceso al estilo “lo que el viento se llevó”, por lo pronto que se les olvida.
Para certificar el pacto adquirido -además del poder notarial que refrende esos compromisos- deberían depositar en una entidad bancaria la cantidad simbólica de Q100 mil y caso de no observar lo convenido trasladar el dinero a alguna institución de caridad. Con esas ofertas de honestidad, decencia y coherencia, posiblemente no les haga falta mucho dinero para promoverse y publicitarse, huyendo del sistema actual que los amarra con sus financistas y potencia su inmoral actuar. Si de verdad desean hacer política dentro de parámetros de legalidad y decencia, ninguno tendría porqué desechar tales propuestas. No hacerlo supone consentir la corrupción, prestarse para ello o no estar realmente comprometido con lo que pregonan ¡Basta ya de hacerse los buenos!, de figurar y de proclamar lo que con actos no acompañan (fe sin obras….) ¿Quieren credibilidad?, ¡actúen creíblemente! Los ciudadanos, por su parte, deben de exigir ese tipo de actitudes para dar su voto. Cambiar las cosas haciendo lo mismo ya sabemos que se llama estupidez. Ahí tienen el reto ¿quién lo piensa tomar? Si no lo hacen, no se quejen luego de que a todos los llamen corruptos, hipócritas o mezquinos. Será con razón.