El gabinete Nodoyuna

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción.

Los últimos sucesos del acontecer nacional me acercan, inevitablemente, a aquellas historias de dibujos animados protagonizadas por Pierre Nodoyuna y su inseparable Patán; pero también por Tontín, Tontón, los Hermanos Macana y el profesor Locovitch. Una colección de personajes cuyos nombres describían con precisión los continuos desaciertos que cometían.

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción. Aquí, en cambio, hay días en los que parece que el país completo está atrapado en una eterna “Carrera de Autos Locos”, aunque sin carreteras y sobrados de locura.

Asignan fondos a ONG que nadie conoce, y que, si existen, operan en dimensiones paralelas. No obstante, la mayoría de los diputados firman el presupuesto sin escrúpulos, sin preguntas incómodas y, sobre todo, sin que se les agriete la conciencia. Firmar, después de todo, es fácil: lo difícil es pensar antes de hacerlo.

Sostienen a un cónsul honorario en Toluca que resulta estar señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Y no sólo eso: llevan al presidente a una reunión en México donde el buen señor aparece sentado en la mesa presidencial e incluso se toma la foto oficial. Es casi poético que una Secretaría de “inteligencia estratégica” sea incapaz de prever, detectar o evitar que el susodicho cónsul honorario estuviese a la par del presidente. O que el sistema de información exterior no haya podido, en dos años, revisar a sus cónsules honorarios desperdigados por el mundo. Parece un concurso para ver quién puede cometer más errores sin ruborizarse. Ni Pierre Nodoyuna habría podido armar semejante escena sin que Patán soltara su clásica risa burlona. 

En el ámbito doméstico, la cosa no mejora. Es alucinante que en la Secretaría de Comunicación Social hayan pasado tres titulares en menos de dos años, y en igual tiempo se nombra al quinto ministro de Comunicaciones, por dimisión o renuncia del anterior, ya que el “gobierno de la transparencia” nunca lo aclara. Increíble que no se encuentre a alguien capaz de ejecutar el presupuesto asignado o de reparar las carreteras. No digo construir nuevas —esa es una fantasía peligrosa—, solo reparar. Ya basta de excusas, porque el único ministro “sin excusas” le duró el puesto menos que una moneda en la puerta de un colegio. Lo sacaron —y los hechos parecen confirmarlo— porque la conducción real del ministerio no depende de quien ocupa el despacho, sino de otros juegos políticos fuera de ahí. Cinco ministros; cero carreteras. Ya que la selección no marca, el gobierno se encarga del resultado.

Esto no es cosa de locos, si así fuera tendría perdón. Esto es cosa de tontos, pero no de lelos comunes, sino de los que, como diría un humorista español, son “tontos del tó… No pa’ un rato. Del tó y pa’ siempre”.

El presidente, cada día más, se parece a “Nodoyuna”: siempre prometiendo que “esta vez sí ganará la carrera”, mientras los demás personajes de la caricatura —los Patanes, Tontines y Macanas del gabinete y del Congreso— se encargan puntualmente de hacerlo fallar, y la realidad, como siempre, supera a la ficción. 

El año termina, las carreteras siguen rotas, el presupuesto ya está firmado, el cónsul de Toluca desapareció en un agujero institucional y no sabemos cuánto durará la nueva ministra. Pero algo sí sabemos: el piloto automático nacional avanza sin frenos, sin volante y, ciertamente, sin conductor.

Cuando un país parece gobernado por personajes de caricatura, lo más peligroso no es la risa, sino acostumbrarse al chiste. Y Guatemala ya lleva demasiadas temporadas al aire.

¿Quién tiene la culpa?

La conversación nos duró hasta llegar a la reunión con los jóvenes, donde se prolongó. Y es que queremos cambiar Guatemala sin cambiar nosotros, y así no funciona.

El sábado pasado, de buena mañana -6:30 am-, salí rumbo a Antigua. Tenía una charla con jóvenes, una de las pocas razones por las que estoy dispuesto a desplazarme temprano sin que haya un vuelo, un incendio o un golpe de Estado de por medio. Confiado en mi inocencia y en el Waze, que prometía una ruta ágil, incluso calculé que me daría tiempo de desayunar. ¡Qué ternura la mía!

A la media hora, la ruta empezó a pintarse de ese rojo que no anuncia Navidad sino tragedia vial. Y entonces apareció la frase que nadie quiere oír: “tiempo en tráfico: 17 minutos”. Traducido al idioma real: “Prepárese para sufrir”. 

Armado de paciencia y con un ligero encono existencial, aguanté cómo esos 17 minutos se estiraban misteriosamente hasta convertirse en 20, luego 25. De pronto, la carretera empezó a abrirse en el horizonte, pero los carros de adelante pedían vía para salir del carril derecho. Algo dificultaba el paso, y claro, eso debía ser la razón del retraso.

Lo era: una señora enfundada en varias capas de ropa, lista y preparada para escalar el Volcán de Agua a las tres de la mañana iba encaramada en una bicicleta. Detrás, un vehículo con las luces intermitentes encendidas la escoltaba como si se tratara de una delegación diplomática. Ambos ralentizando el tránsito de cientos de automovilistas; privatizando lo público. Exploté, y le dije a mi hija, que venía conmigo: “Este es el gran problema del país y la razón por la que no avanza: nadie respeta a los demás”.

La conversación nos duró hasta llegar a la reunión con los jóvenes, donde se prolongó. Y es que queremos cambiar Guatemala sin cambiar nosotros, y así no funciona. Aquí las cosas permanecen igual porque el prójimo no figura en nuestras ecuaciones morales: se roba o no se hace nada, y el efecto es idéntico: el otro no importa.

Avanzamos poco porque cada uno cree tener la vía para sí. Se asesina porque la vida ajena vale menos que una promesa de campaña. Se viola, se engaña, se estafa, se amenaza, se pasa por encima… todo porque nunca vemos en nuestro semejante alguien como nosotros.

Para que una sociedad progrese hay que ser liberal, porque el liberalismo se sostiene sobre un principio simple: respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Algo que por estos lares se entiende como una suerte de permiso para joder al vecino.

La ironía mayor es que este país está saturado de iglesias. No cabe un templo más. Y sin embargo, el mandamiento “amarás al prójimo como a ti mismo” parece tener un rango de audición de exactamente cero metros fuera del edificio. Además, da la sensación de que los parlantes no funcionan, y al salir, la primera reacción es la violencia vial. ¡Milagro que no reparten machetes como recuerdo litúrgico!

La política es exactamente el mismo reflejo de nuestro espejo roto. Votamos sinvergüenzas o inútiles -que al final producen el mismo resultado: ninguno- y pasamos cuatro años quejándonos de lo que nosotros elegimos por mayoría. Da la sensación de que un talento nacional eso de sembrar estiércol y exigir rosas.

Tenemos carreteras destrozadas, buses de guerra conducidos por homicidas certificados, motoristas que exhiben acrobacias suicidas, un tráfico nauseabundo y autoridades que elegimos pero que no hacen absolutamente nada, en cualquiera de sus niveles y con honrosas excepciones.

La verdadera ironía es que no es el tráfico. No es la señora en bicicleta. No es el político. Somos nosotros.

Pero tranquilos: siempre habrá una excusa o alguien a quien culpar. En eso si somos campeones.

Pérdidas multimillonarias

Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar

Que militares norteamericanos vayan a ampliar los puertos y que tecnología estadounidense controle los aeropuertos nacionales no es casualidad ni dejadez gubernamental. Nada se mueve sin cálculo. Todo responde a un plan perfectamente diseñado para cerrar -con candado made in USA- las puertas de entrada y salida del narcotráfico, pero también de los millonarios flujos que acompañan a transacciones informales de mercaderías, dinero y personas. Washington se asegura de que el caos no se desborde, y desde aquí se aprieta el grifo de quienes por tiempo hicieron fortunas gracias al “desorden organizado”. 

Y como las coincidencias no existen, justo durante esas actuaciones se fugan mareros de prisión y desaparecen armas de una base militar. Nada menor. El primer episodio termina con la destitución del ministro de Gobernación; el segundo debilita al de Defensa. ¿Chapuzas monumentales de dos funcionarios incompetentes o acciones pensadas para sacarlos del tablero? Todo apunta a lo segundo. Ambos ministros son responsables de la seguridad y, con puertos y aeropuertos bajo control extranjero el cerco se cierra desde dos frentes, y a algunos no les gustó.

Es evidente que Estados Unidos -por petición del gobierno, aunque también por puro interés estratégico- se está haciendo cargo de la seguridad nacional; una inversión geopolítica. El Ejecutivo se lava las manos con jabón importado, los norteamericanos aseguran las zonas de ingreso y salida, y juntos sonríen frente a las cámaras. Y, en compensación, el país recibe la retirada de los aranceles impuestos hace unos meses y un par de beneficios extras. Nada es gratis, pero teniendo en cuenta el precio de combatir al narcotráfico y el crimen organizado, el trato no parece malo. En tiempos de la Guerra Fría poníamos los muertos; ahora, por lo visto, otros pondrán la cara. Algo hemos ganado.

Pero no todo el mundo celebra. Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar, y eso es precisamente lo que representan estas nuevas medidas: pérdidas colosales en tráfico de drogas, lavado de dinero y control de rutas. La violencia que se vive no es consecuencia de un “incremento natural del crimen”, como alegan algunos distraídos, sino un claro mensaje de quienes ven cómo su negocio se desmorona. No son amateurs, golpean donde duele y saben cómo exhibir un Estado que parece inútil para defenderse. Además, demasiados políticos y candidatos reciben parte del botín, o están endeudados con sus financistas.

Para colmo, desde el Congreso ya no controlan comisiones clave de seguridad y defensa, y si no pueden apagar radares, sus aviones con carga dudosa no vuelan tranquilos. Sin aduanas dóciles, el flujo se vuelve caro e impredecible, y si también los puertos están supervisados por militares que hablan inglés, el margen de maniobra se reduce al mínimo.

Así se empieza a construir estratégicamente una autopista hacia la optimización de recursos contra el crimen organizado. Que otros hagan el trabajo sucio, al menos por esta vez, parece extraordinariamente rentable. Claro, tiene costos políticos, diplomáticos y de soberanía simbólica, pero en un país donde la soberanía real la han controlado por décadas otros, la discusión se vuelve irónica.

En resumen, lo que vemos hoy no es improvisación ni caos, sino confrontación. Una batalla entre un Estado que intenta alquilar músculo extranjero y mafias que no están dispuestas a renunciar a sus millonarias ganancias. Que el reacomodo traiga paz, control o simplemente una guerra más sofisticada, está por verse. Lo único seguro es que nadie está jugando a medias. Aquí todos mueven grandes piezas en un tablero tropicalizado.

Diplomacia a la carta

Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna.

En política nada es casual, mucho menos cuando encuestas y sondeos de opinión dejan de ser aliados. Con enorme desgaste y caída sostenida en índices de aprobación, el gobierno apuesta por trasladar su centro de legitimidad al plano internacional. Si el apoyo doméstico flaquea queda la diplomacia, donde los discursos suenan con mayor eco y los aplausos duran más que la memoria nacional.

En ese tablero encaja una red de apoyo político internacional, discreta pero visible en momentos de crisis. Está integrada por exfuncionarios, diplomáticos, académicos y organizaciones militantes en medios y redes, junto a organismos y exembajadores que sirven de enlace en la construcción de legitimidad exterior.

Uno de los escenarios donde mejor se exhibe este entramado es la Organización de los Estados Americanos (OEA), foro que suele disfrazarse de neutralidad mientras juega a la alta política. No es la primera vez que la OEA se convierte en escenario de drama latinoamericano, pero el guion es tan evidente como en 2023. La designación de la Secretaría Adjunta -gentileza del presidente colombiano- y la de Sebastián Kraljevich como Secretario para Fortalecimiento de la Democracia -cortesía de Gabriel Boric-, y que recientemente visitó Guatemala-, coronaron el avance del progresismo regional. Washington apretó los dientes -sin embajador en aquel foro y momento porque no había sido designado por el Gobierno de Trump- por esos dos pivotes ideológicos dentro del sistema interamericano, justo cuando Petro enfrenta tensiones por su inclusión en la lista OFAC. Por otro lado, está la sesión extraordinaria solicitada por Guatemala para discutir las tensiones derivadas de acciones judiciales, cuya declaración es diplomática e inofensiva, pero respalda al pueblo y gobierno e insta al respeto de la Constitución. Un comunicado correcto y útil para redes oficiales, aunque la jugada sirvió para proporcionar oxígeno político.

Pero la diplomacia no es un juego de un único actor y la congresista Salazar pidió públicamente la remoción del embajador estadounidense y del encargado de negocios en Guatemala, acusándolos de injerencia política. La solicitud no fue un arrebato improvisado: provino de alguien influyente que difícilmente habría desafiado al Departamento de Estado sin señales previas, lo que revela fisuras y deja abierta la posibilidad de ajustes diplomáticos. A ello se suma el nombramiento de una misión política de observación para 2026 que genera suspicacias por un detalle técnico: es normal que la OEA envíe observadores a elecciones generales -por tratarse de derechos políticos-, pero no que un órgano político supervise elecciones internas de órganos técnicos de control. La OEA parece querer estar cerca de procesos que, en teoría, deberían permanecer al margen de presiones políticas. Una batalla silenciosa pero profunda: la pugna entre el progresismo articulado y el conservadurismo debilitado dentro de los organismos multilaterales.

Es previsible que el 2026 traiga una ofensiva comunicacional con varios objetivos: legitimar la misión electoral de la OEA, multiplicar los pronunciamientos sobre la “democracia en riesgo” y presionar a ciertos sectores nacionales. El guion no es nuevo: se repite cada vez que el poder necesita revestirse de causa moral para alinear los órganos de control. Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna y persigue poner en cargos clave a perfiles afines.

La pregunta que queda es si los actores nacionales sabrán distinguir entre el acompañamiento legítimo y la presión ideológica, o si volverán a ceder el terreno del debate político a los intereses externos que, bajo el pretexto de la democracia, solo buscan mantener su influencia. Porque en el tablero internacional, como en la política local, las alianzas rara vez son altruistas.

La rentabilidad de los muertos

En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica.

Durante décadas, en España se repitió con solemnidad que la Guerra Civil había dejado “un millón de muertos”. La cifra aparecía en los monolitos conmemorativos, grabada como una verdad incuestionable. Un respetado escritor, José María Gironella, la elevó a categoría literaria en su novela Un millón de muertos (1961), el segundo tomo de su trilogía sobre la contienda. El dato, como suele ocurrir era más emocional que exacto. Cuando los historiadores -sin consignas- empezaron a contar de verdad, las cifras se desinflaron. Los caídos en combate se estiman entre 150 y 200 mil, y añadiendo fusilamientos, hambre y enfermedades, el total alcanza el medio millón. Es decir, la mitad. La aritmética del dolor resultó menos épica que la propaganda.

En Guatemala sucedió algo parecido. Durante años se repitió, con tono monocorde y moralmente irrebatible, que el conflicto armado interno había dejado 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. La cifra se volvió parte del relato oficial, reproducida en informes, conmemoraciones y discursos. Sin embargo, investigaciones más meticulosas la ponen en duda. El sociólogo e historiador Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), estima un máximo de 46 mil fallecidos y un cálculo razonable de 37 mil. No son números improvisados, sino fruto de un análisis detallado de registros, reportes y datos demográficos. Cuando le pregunté si había recibido críticas fundadas, Sabino me respondió: “Comentarios razonados, ninguno; críticas, muchas”.

Y tenía razón. En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica. En las guerras, los cadáveres no solo pesan: también valen. El fenómeno no es exclusivo de España ni de Guatemala. En Yugoslavia, las estimaciones sobre las víctimas de los Balcanes también variaron con el viento político. Y ahora, el guion se repite en Gaza.

Los portavoces de Hamás hablan de 60 o 66 mil muertos, una cifra sin verificación. Pero un tuitero -no un medio, no una ONG, sino un simple ciudadano con tiempo y curiosidad- ha decidió hacer lo que los grandes organismos ignoran: verificar. Utilizando imágenes satelitales, coordenadas de cementerios y fotografías comparativas, revisó los lugares de entierro entre octubre 2023 y diciembre 2024. El resultado fue incómodo: los movimientos de tierra no coincidían con el supuesto número de víctimas que se pueden cifrar entre 5 y 6 mil. Algunos cementerios no mostraban actividad; otros revelaban entierros normales, sin rastro de las decenas de miles de fosas que el relato mediático aseguraba. El investigador concluyó con mordaz claridad: “A medida que la realidad desmonta el relato construido por el Ministerio de Hamás, algunos han decidido que los cadáveres están bajo los escombros. Se equivocan otra vez. Todo está fotografiado y geolocalizado”.

La frase resume el dilema contemporáneo: vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación profesionalizada. La inflación de muertos no es solo un error; es una estrategia. Aumentar las cifras produce impacto, condenas, sanciones, donaciones y titulares. En otras palabras: los muertos dan réditos. Cada cadáver adicional se convierte en argumento político, en munición para la propaganda o en excusa para la cooperación internacional. El dolor se administra como capital simbólico, y quien controla el relato controla también la compasión ajena. Lo irónico es que las mismas herramientas tecnológicas utilizadas para fabricar “fake news” son las que permiten refutarlas. Eso sí, requiere algo escaso en esta época: tiempo, paciencia y espíritu crítico.Y aunque suene cruel, la historia reciente confirma una vieja verdad: los muertos no descansan en paz… si aún pueden producir ganancias.

Entre fugas, compras y excusas

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”.

Sin haberse aclarado todavía el misterio de los veinte pandilleros fugados -¿serán solamente veinte?, porque nadie ha podido confirmarlo-, salta a escena otro capítulo del inagotable drama nacional: las compras a través de UNOPS. Y como es costumbre, pasamos de un escándalo a otro sin digerir el anterior, con la misma velocidad con la que cambiamos de tema en las sobremesas.

Intentar comprender ambos casos es casi un ejercicio de escapismo intelectual: unos aprovechan para arremeter contra el gobierno -y razones no les faltan-, mientras otros exigen explicaciones por dos hechos evidentes: faltan reos peligrosos en las cárceles y sobran justificaciones en la compra de medicamentos. Y, por si la trama parecía flaquear, desde Petén llega un tercer acto: la desaparición de armamento, como si las bases militares fueran mercados abiertos donde cada uno agarra lo que necesita.

El guion, sin embargo, es siempre el mismo: “ya se presentó la denuncia en el Ministerio Público”. Una frase mágica que lo cura todo, desde la pérdida de un teléfono hasta la fuga de criminales o el extravío de fusiles y lanzagranadas. Con eso basta para tranquilizar conciencias y, de paso, sacudir responsabilidades. Porque aquí, el deporte nacional no es el fútbol, sino lavarse las manos y mirar hacia otro lado.

En el caso de las cárceles, dicen que las cámaras no funcionaban y que el conteo de presos era más una tradición que un procedimiento. En el de UNOPS, que hubo “ahorros”, aunque nadie se atreve a decir cómo se calcularon; además, parece que las normas se cumplen a la carta y los costos de gestión se esconden debajo de la alfombra. Y en el ejército, decenas de fusiles, miles de cartuchos y hasta lanzagranadas se desvanecen como si el inventario lo llevara Houdini.

Pero claro, nada de esto sorprende. Ya nos acostumbramos a que un clavo saque otro clavo, y que cada semana aparezca un escándalo más brillante, más fino y aparatoso que el anterior. El país sigue su marcha, saltando de crisis en crisis, sin resolver ninguna, pero siempre entretenido. Porque, al final, aquí lo importante no es la verdad, sino tener tema nuevo cada semana.

Lo cierto es que toda esta debacle nacional no es mérito exclusivo de este gobierno, sino la dinámica natural del sistema. Da la impresión de que los delitos por omisión no existen en los libros de Derecho -ni en el código penal-, aunque tampoco se persiguen los de acción. Quizá porque son tantos, que ya ni vale la pena intentarlo.

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”. Una especie de mediador burocrático que tranquiliza conciencias, pero no resuelve nada. Ya lo vimos en el gobierno anterior, cuando, pese a estar dirigida por un exfiscal de “buena impresión”, sirvió exactamente para lo mismo que ahora: para nada. Si sirviera de algo, no existiría esa plaga de contratos a dedo para “influencers” -muchachitos que cobran por manejar redes y elogiar al jefe-, ni los infaltables parientes o cercanos afectivos. Antes eran plazas fantasma; ahora son fantasmas que ocupan plazas. Vayan o no vayan a trabajar, firmen o no, figuren o se escondan, el resultado es el mismo: favoritismo institucionalizado. Un asco nacional al que nos acostumbramos.

Total, en este país nada desaparece del todo: ni los reos, ni las armas, ni la vergüenza. Solo la memoria colectiva, que se fuga puntualmente cada semana.

El mensaje dominical: Más de lo mismo ¡Ayuda!, pero que lo hagan otros, porque ya pusimos la denuncia en el MP.

Un escándalo que nos desnuda

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles 

Lo que comenzó como una crisis más terminó, cómo no, en un escándalo monumental. Veinte reos peligrosos se fugaron de un penal y, hasta hoy, nadie logra explicar cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables. Las autoridades, muy diligentes como siempre, se enteraron “unos días después”. La noticia se publicó en las redes -porque nada escapa al internet- filtrada por alguien que, casualmente, podría estar relacionado, como parte de la estrategia, junto con otros socios o amigos de dudosas intenciones. Todo tan perfectamente coordinado que ni en Hollywood: desde la planeación hasta la difusión. No quedó mucho sin orquestar y la ausencia del presidente, que andaba por el Vaticano -los milagros siempre son bienvenidos-, pero también por el puente del 20 de octubre, deja tocada la investigación.

El saldo -de momento- es una cúpula del ministerio de gobernación cesada y un gobierno tambaleante. La pregunta, digna de cualquier thriller político, es obvia: ¿quién gana con todo esto? La respuesta, en cambio, no tan sencilla, aunque seguramente, y entre todos, podemos elaborarla.

Seamos sinceros, ¿a quién le conviene un país desordenado, sin rumbo, con una imagen por los suelos y sin garantías de nada? Pues a los de siempre, a los que viven de las coimas en las aduanas, los millones que generan las prisiones, las comisiones infladas en la construcción y la corrupción que ya parece patrimonio cultural.

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles: una nueva cárcel de máxima seguridad, un censo penitenciario, una fuerza anticorrupción y cooperación internacional. Actuaciones que suenan bien en rueda de prensa o en programas electorales, pero que probablemente se diluyan antes del 2027. Otro capítulo del libro “Cómo aparentar gobernar sin morir en el intento”.

Y mientras tanto, algunos analistas -siempre tan prudentes ellos- siguen pendientes de las consecuencias, e ignoran las causas. Celebran el nombramiento de un nuevo ministro y dos viceministros como si fueran la salvación. El primero, un juez respetado, aunque sin experiencia en el caos que le espera. Pero claro, aquí seguimos creyendo que el talento es transferible: si fuiste buen juez, serás buen ministro; si fuiste buen diplomático, serás buen político; si fuiste leal, serás buen asesor designado a dedo. Una suerte de falacia que adoptamos con gusto, y como resultado tenemos lo que nos merecemos, pero también aquello a lo que nos parecemos.

Pronto, inevitablemente, volverá la desilusión. Es nuestro ciclo natural: la esperanza breve, el desencanto rápido y el olvido inmediato. Seguiremos confiando en personas sin exigirles resultados, institucionalidad ni capacidad de gestión. Total, siempre hay otro escándalo en camino que puede tapar el anterior.

Gobernar exige carácter, visión y decisión. Tres cosas que esta administración ha extraviado, quizá en el mismo penal del que se fugaron los presos. El miedo y el pasado siguen dictando la agenda, y la improvisación se ha convertido en política de Estado. La inacción no solo apesta: huele a costumbre.

No hay buenos momentos para tomar decisiones difíciles, pero no tomarlas nunca es peor. El país necesita una revisión seria de sus autoridades, de sus mandatos y de sus prioridades. Aguantar a quienes no sirven, a pesar de haber sido elegidos -y el alcalde capitalino es uno más en la lista- no puede seguir siendo el principio rector de la política nacional, lo que lleva a pensar en una norma de rescisión del mandato de la autoridad. Porque si algo ha demostrado la política nacional, independientemente del gobierno de turno, es que cuando parece que tocamos fondo siempre hay un piso más abajo.

De vocación diplomático

La falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización

Escuché una frase que describe muy acertadamente al presidente Arévalo: "Quiso ser diplomático, que era lo suyo, pero terminó de presidente, algo que no esperaba". 

La Ley de Murphy se hizo presente en las elecciones de 2023, mostrando que "si algo puede salir mal, saldrá mal". Además, no podemos ignorar tampoco el Principio de Peter, que establece que "toda persona que realiza bien su trabajo es promovida hasta llegar a un puesto donde ya no es capaz de cumplir sus funciones, alcanzando su máximo nivel de incompetencia”; así hemos llegado al presente mes de octubre.

La última encuesta conocida refleja clara y contundente la baja aceptación presidencial. Comparado con sus predecesores o incluso con la fiscal general, el presidente supera a algunos y casi iguala a otros en términos de desaprobación; no puede escapar de esta realidad, aunque se pretenda minimizar las críticas y se ignoren acciones y situaciones que antes se evidenciaban constantemente.

Hay que reconocer, no obstante, que cuando se reúne con autoridades extranjeras, proyecta una imagen cuasi divina, y muy apreciada tanto a nivel interno como externo. Se pudo observar en reuniones en México, Estados Unidos y recientemente en el Vaticano. Posiblemente sería un excelente embajador, quizás su verdadera vocación, pero no cumple con el perfil del presidente que se esperaba para liderar un cambio en el país, y seguimos igual, o incluso peor en ciertos aspectos.

Es más apto para seguir directrices de otros que para estar al frente del grupo. No posee virtudes esenciales como carácter, energía, determinación o capacidad de decisión y empuje, cualidades necesarias para presidir un país. Carece de la habilidad de crear espacios de convergencia, fundamental en la política, y es sumamente influenciable, debilidades que lo esquinan al papel de subordinado, lejos de la capacidad de mando y toma de decisiones de quien está al frente. Lo dijo Aristóteles en su obra Política: "algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer".

Y es que en ciertas situaciones no cabe la indiferencia ni la indecisión porque hay que adoptar una posición clara y contundente. El país lleva tiempo detenido y se esperaban acciones decididas de esta administración para superar etapas críticas. Sin embargo, la energía necesaria no surgió, y la esperanza de cambio se ha diluido, además con aprendizaje acelerado de facciones corruptas que serán quienes lideren el próximo proceso electoral.

El temor -o el miedo- cuando no puede ser superado limita las decisiones que es necesario tomar. La inacción es incompatible con el ejercicio del poder, y de la misma manera que un general temeroso no es adecuado para liderar en una batalla, tampoco alguien que está al frente de una nación puede ser timorato. Además, la falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización. Las palabras grandilocuentes y los discursos barrocos no hacen política y, a lo sumo, adornan el efímero momento. 

Cuando se quiere dirigir es necesario estar preparado, haber dedicado años y esfuerzo en prepararse y contar con una práctica mínima y exitosa y, sobre todo, ser coherente y honesto respecto de las capacidades con las que se cuentan. Lo demás es soberbia, y me da que en este caso hay mucho más de la segunda que de lo primero. No se pasa a la historia por inútil, aunque si por cobarde.

La noticia de la evasión de 20 reclusos peligrosos es la guinda del pastel. Igual la visita al Vaticano nos trae un milagro, y termina con este inútil calvario. 

Mareros terroristas ¿Para qué?

Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población 

Los diputados se afanan en promover un debaten inútil por aprobar una norma que no tendrá mucho impacto: la declaración de ciertas maras como terroristas. 

El delito de terrorismo ya está tipificado en el código penal, independientemente de cómo esté redactado, y si gusta o no. Cualquier persona que realice acciones que se ajusten a ese supuesto puede ser procesada legalmente. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una declaración de este tipo sobre un grupo específico por varias razones. Primera, porque no contamos con la capacidad de emprender acciones internacionales como las que si emplean la Unión Europea o los Estados Unidos, que pueden implementar medidas como congelar cuentas, promover búsquedas internacionales, prohibir ciertas actividades o incluso usar la fuerza contra quienes sean declarados terroristas. Razones por las que elaboran sus listas de actores y organizaciones terroristas. Segunda, el código penal guatemalteco sanciona acciones delictivas, no simplemente la pertenencia a un grupo, ya que se debe demostrar primero que realmente se forma parte de dichas organizaciones, lo que trae en jaque, entre otras cosas, a la justicia salvadoreña y la detención de mareros.

Hay diversas propuestas para reducir el ámbito de acción de los grupos delictivos, pero parece que los diputados no quieren abordar el problema de fondo, y prefieren debatir teorías para mostrar que están preocupados. Podrían, por ejemplo, incrementarse las penas para aquellos que posean, introduzcan o permitan el ingreso de celulares en las prisiones, y que esas sanciones sean el doble para quienes son responsables del control de la cárcel. También es esencial aumentar las penas para menores que cometen homicidios, y que sean trasladados a las cárceles al cumplir la mayoría de edad, en lugar de mantenerlos en reformatorios juveniles. La portación ilegal de armas y su uso irresponsable no debería poder acogerse a la aceptación de cargos como medio de reducir el castigo, sino que tendrían que cumplir las penas señaladas, que también podrían aumentarse. 

El fiscal de delitos contra la vida mencionó que el 99% de los homicidios se cometen utilizando motocicletas, lo que pone de manifiesto la necesidad de limitar el uso de motos sin placa, sin licencia de conducir o con exceso de pasajeros, algo muy sencillo pero que tampoco se aborda. Por último, el dinero de extorsiones y otros delitos se blanquea en el sistema financiero, por lo que una ley para detener esto ayudaría a reducir la capacidad de acción de muchos delincuentes dentro y fuera de las cárceles.

En definitiva, el problema radica fundamentalmente en la falta de control de los establecimientos penitenciarios y en leyes -y tribunales- que no cumplen con sus obligaciones. Y aunque la explicación es sencilla, parece no haber mucho interés político en arreglar el problema, ya que una parte significativamente importante del financiamiento electoral proviene de sectores delincuenciales o corruptos, y cerrar estos canales significaría la desaparición de muchas agrupaciones políticas. Por lo tanto, para nuestros "honorables" es más cómodo perder el tiempo debatiendo trivialidades. 

Arreglar el problema es sencillo, pero no rentable políticamente hablando. Cuando no hay beneficio pero sí un costo importante, es más fácil postergar las reformas. Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población organizados, sin los requisitos vinculatorios que incorpora la definición de terrorismo tradicional.

En resumen, existen soluciones, pero lo que falta es voluntad, capacidad y ganas. Actualmente, asistimos a una pérdida de tiempo que emboba a algunos, distrae a otros y satisface a delincuentes, tanto a los encarcelados como a aquellos que ocupan cargos públicos, que ya no se sabe dónde hay más.

Israel-Hamas: el conflicto

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos

Cuando un grupo terrorista asesina a tus hijos y secuestra a tus nietos en tu propio país, ¿qué le pedirías al gobierno? Esta pregunta debemos formularla antes de emitir un juicio, porque la respuesta guiará las acciones posteriormente. Es necesario establecer principios generales de actuación para estos casos, incluso si las víctimas no son familiares directos, porque siempre serán cercanos a alguien que piensa y siente como uno. Tras la reflexión, puede que no guste la respuesta encontrada, sobre todo si se compara con puntos de vista previos, probablemente prejuiciosos o inducidos.

Es fácil deslegitimar la acción del gobierno israelí. Si Hamas liberara a los rehenes que aún tiene en cautiverio, Netanyahu perdería toda justificación para continuar acciones militares en Gaza y se justificarían críticas, señalamientos y presiones. Al desaparecer los motivos de la legítima defensa, no habría razón para continuar avanzando sobre territorio palestino, y esta sencilla comprensión de la situación también la tienen los terroristas. Saben que liberar a los rehenes podría eliminar la atención de ciertos países que incluso llevaron a cabo acciones similares en sus territorios. Por lo tanto, prefieren continuar con la presión psicológica y propagandística que les genera beneficios políticos y económicos, porque para ellos es una “guerra” mediática y de obtención de fondos.

Las redes sociales, la moda, el relativismo y el progresismo de lo políticamente correcto permiten construir mensajes y opiniones que arrastran a millones de acomodados políticos. La cultura de la aceptación y la cancelación ha permeado, y el deseo de obtener unos pocos "me gusta" y algunos seguidores prevalece sobre el pensamiento crítico. Para muchos, las redes, lejos de ser espacios de libertad de expresión, lo son de autocensura dictada por la burbuja mediática en la que cada uno se inserta y vive, creyendo que es el todo.

Hace tiempo, los Estados tomaron medidas cuando se vieron afectados. Dos ejemplos son considerar actos terroristas aquellos que atentan contra sus diplomáticos o secuestran aviones. Esos acuerdos eliminaron de raíz tales prácticas a finales de los años ochenta; ahora podría ser un buen momento para hacer algo similar. El terrorismo existe porque es alentado y financiado por Estados, grupos y personas, de lo contrario no sería posible. La solución requiere un acuerdo internacional como el que se alcanzó para las situaciones citadas. Sin embargo, ciertos actores pretenden hacer viable el terrorismo como un instrumento político, aunque cuando sucede en su territorio, como el IRA en el Reino Unido, la ETA en España, el movimiento corso en Francia o las FARC en Colombia, comprenden muy bien qué hacer, a pesar de que ahora promuevan lo contrario. No entendieron la línea de acción que definió Golda Meir en la operación “Mivtsá Zaam Hael”, allá por los setenta. 

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos. Es cierto que la respuesta en legítima defensa debe ser proporcional, pero no se puede ignorar que cuando hay personas secuestradas durante meses, la proporcionalidad toma una dimensión diferente a la de una acción inmediata por factores como la angustia, la desesperación, la coacción, el miedo o la presión psicológica.

Nunca es deseable un conflicto, y debe evitarse, pero cuando ocurre es necesario llevarlo a un punto de no repetición, para evitar lo que sucedió en Irak en su momento. Deslegitimar al agresor es fundamental y, en este caso, sería muy sencillo si liberaran a los rehenes. 

Personalmente gustaría que si un familiar estuviera secuestrado se hiciera todo lo posible para liberarlo, y es el principio que aplico para el resto de las personas.

Decepción proyectada al futuro

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres.

Se ha difundido, aunque en foros minoritarios por ahora, un estudio de opinión pública llevado a cabo a principios de septiembre y realizado por encargo a Cid Gallup. En el mismo, se revelan aspectos interesantes a destacar que reflejan tanto el presente como el previsible futuro político-social en el país. 

Un aspecto particularmente alarmante es que el 91% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido político. Las opciones actuales no interesan a la ciudadanía, algo que se evidenció en las elecciones del 2023, donde el voto nulo fue el predominante. En esta ocasión, los partidos VAMOS y SEMILLA apenas alcanzan un simbólico 1% de preferencia, UNE un 3%, y el resto de los partidos se reparten el otro 4%. El panorama, como indica el informe, es desolador.

En otro apartado se analizan las opiniones sobre ciertas figuras públicas, presentando un índice que refleja la diferencia entre favorables y desfavorables. El análisis muestra un rechazo nacional liderado por la fiscal general, con un índice negativo de 48, y el fiscal Curruchiche, con 37. Les siguen, empatados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, con 25. 

El presidente ha caído 46 puntos desde su llegada al poder, alcanzando una opinión desfavorable del 57%, la segunda más alta después del 59% de la fiscal general, y supera en rechazo a Sandra Torres y al resto de candidatos ¡Algo inaudito en la historia política reciente del país!

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres. Sobre esta última es difícil aportar novedades; el segundo se presenta como un "empresario" vinculado a delincuentes como Baldizón; y Arzú, quien ha fracasado en diferentes emprendimientos, está asociado a financistas dudosos y deudas impagadas. De los tres, Arzú cuenta con el índice de aceptación favorable más alto, un 35%, que no supera el índice tradicional de legitimidad de los presidentes en las últimas tres décadas, y que no ha sido suficiente para garantizar una buena gobernanza ¿Es eso lo que nos espera?

Adicionalmente, se observa que las personas mayores de 40 años prefieren a Sandra Torres, al igual que quienes tienen menor nivel de formación académica. Los jóvenes se inclinan por Carlos Pineda, especialmente aquellos con educación secundaria, y quienes cuentan con educación superior, prefieren a Arzú, y suelen tener más de 25 años. No obstante, el 50% de los encuestados, independientemente de su edad o nivel educativo, no optan por ninguno de los candidatos, lo cual recuerda los resultados de 2023, y permite concluir que es posible que el voto en blanco triunfe nuevamente si las condiciones no cambian de manera significativa.

Estamos ante un evidente fracaso de la actual administración, y se vislumbra una peligrosa apertura hacia un populismo que podría profundizar todavía más la crisis. La buena noticia es que queda tiempo para el encuentro electoral del 2027, lo que podría develar nuevos escenarios, hacer caer a quienes actualmente asoman en la mente del votante, surgir alternativas diferentes o modificar procedimientos que permitan al ciudadano, a través del voto en blanco, rechazar democráticamente a aquellos que considera nefastos para liderar el país, aunque sean todos los candidatos que se presenten.

No podemos permitirnos el lujo de dar pasos de cangrejo ni de retomar costumbres políticas depredadoras que por años han conducido a la miseria. Es hora de que el ciudadano se responsabilice y exija calidad y ética en sus candidatos, y deje de guiarse por nombres, emblemas o canciones.

¡Tanto quejarse de los espejitos y la mayoría los compra a diario!

Ideología, hipocresía y odio

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos y el internamiento hospitalario del expresidente Giammattei en Guatemala, ponen de relieve el debate sobre el odio y la ideologización de las opiniones, tanto nacionales como internacionales. George Orwell describió esta dinámica en su libro "1984", refiriéndose a los "dos minutos de odio" que permitían a los ciudadanos de Oceanía liberar su angustia y rencor hacia sus enemigos.

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas. En estas situaciones, se cultiva un rechazo visceral hacia el adversario, en una especie de justificación de creencias sólo sustentadas en una violencia irracional y expedita. El diálogo se pierde, y el insulto, la descalificación y la agresión se convierten en lo más importante y casi único de cualquier opinión. No es aceptable una izquierda asesina ni una derecha criminal, ya que ambos extremos pierden todo sentido ideológico cuando se justifica la muerte de un ser humano con cualquier fundamento. 

Uno de los errores conceptuales históricos de la humanidad ha sido considerar la vida como un derecho más. En realidad, la vida es la condición necesaria para que existan otros derechos, y por eso debe situarse en un plano superior. Ponerla al mismo nivel que la propiedad o la libertad de expresión conlleva el riesgo de que se pueda suprimir -como ocurre con aquellas- en ciertas circunstancias.

No se puede estar en contra del aborto y a favor de la pena de muerte o viceversa. Si se respeta la vida, es necesario hacerlo de manera absoluta, sin acomodar ciertos principios para justificar acciones que calmen la conciencia o abrillanten el alma. El liberalismo es la única doctrina que sienta las bases del irrestricto respeto por el ser humano y su derecho a buscar de la felicidad.

La violencia, sea asesinar a un feto o ejecutar a un delincuente, no tiene justificación en un mundo con principios liberales, precisamente por el valor supremo de la vida. La muerte de Kirk o el deseo de sufrimiento para Giammattei no deben tener cabida en un debate mínimamente racional, a menos que se reemplacen valores y razones por pasiones, creencias y odio, lo cual es lamentablemente promovido por ciertos personajes y desde tribunas extremistas de ambos lados del espectro político.

Lo más desafiante de entender es que ese debate suele darse en sociedades que celebran piadosas jornadas de oración o están fuertemente influenciadas por iglesias, como Estados Unidos y Guatemala. Muchos de quienes proclaman su fe en un dios bondadoso, justifican, en su nombre, normas o prácticas destructivas de la vida, aunque reconocen que no les pertenece, lo que refleja una enorme incongruencia.

Es decepcionante leer o escuchar a personas que desean el sufrimiento ajeno y la peor de las muertes a Giammattei o justifican el asesinato de Kirk, y verlas más tarde criticar las muertes producidas en el conflicto Israel-Hamas en Gaza. No hay justificación, en ningún caso, para sostener tal odio, independientemente del daño o acción punible que pudiera haberse cometido por cualquiera de ellos. 

El respeto por la vida no debe estar condicionado a las acciones del individuo, sino basarse en un principio general que está por encima de la adaptabilidad ideológica o de la aceptación social.

Estamos frente a actuaciones pasionales que deshumanizan y conducen a comportamientos extremos que suelen generar respuestas similares. En este contexto, es crucial reflexionar y actuar según preceptos, no por arrebatos, y ubicar la vida en el peldaño que realmente le corresponde. No hacerlo conduce inevitablemente a la destrucción.

Los CODEDES y el gasto público

Cada vez estoy más convencido de que realmente no quieren cambiar nada, sino utilizar las ventajas que esas normas generan cuando se lidera o está en el poder.

La aprobación sorpresiva y de urgencia nacional de la “Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de los CODEDES” ha provocado crispación en la mayoría de las organizaciones y analistas, y desconcierto en el gobierno. Hay que recordar que fueron dos diputados de SEMILLA quienes propusieron una ley de agilización del gasto público de la que el Congreso toma literalmente un artículo y lo incluye en su propuesta aprobada. De igual manera, el proyecto de presupuesto 2026 -elaborado por el ministerio de finanzas-, incorpora la prolongación del gasto para los CODEDES. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó que provocó tanto ruido si unos y otros incluían esa prolongación en el gasto?

El gobierno pensaba que podría convencer -o negociar- con esa idea de más dinero por más tiempo a los consejos departamentales, donde carecen de diputados y no tiene poder local. Podía ser relativamente sencillo ganar una baza -y ciertos votos- si se presentaban como los adalides del gasto descentralizado, y estirado ya por dos años. Y los diputados, más “cabrones que bonitos”, entendieron que podrían perder aliados locales y que seguramente no sacarían tajada de esa negociación, ya que no veía de ellos, así que decidieron presentar una moción de urgencia nacional -aunque mueren niños y nunca hay apremio- y aprobar con nocturnidad y alevosía, pero con más de 105 votos, tal propuesta.

Inmediatamente se produjo un rechazo social porque lo único que consolida es el robo a destajo que se ha hecho de dichos fondos por años, beneficiando a los mañosos de siempre. Claro que también hay que decir que el gobierno pretendía “lo mismo”, de ahí las escasa protestas del oficialismo, porque se tendrían que contradecir y renegar de sus propios diputados. 

El presidente está en un dilema. Si veta la propuesta, además de echar un pulso al Congreso -del que saldrá tocado-, deberán suprimir el artículo que copiaron de aquella ley de gasto exprés y sin controles y otro del presupuesto 2026; si no lo hace estará condenado a ser señalado de apoyar la corrupción legislativa. Cualquiera que sea la decisión, es seguro que se incrementará la fricción con los legisladores, y en los asuntos que se avecinan: presupuesto, elección mesa directiva y elecciones 2026, es muy probable que SEMILLA tenga alguna incidencia o votarán con esos partidos que han venido señalando de corruptos desde el inicio ¡Las cosas no pintan bien!, sobre todo habiendo una ruptura interna en el oficialismo que margina al diputado Samuel Pérez y a otros afines a aquel, algo reconocido explícitamente por el propio presidente en una de sus comparecencias mañaneras.

Como siempre, se esperan resultados diferentes con las misma normas y regulaciones y eso es imposible. Respecto de la ley de contrataciones “todos” afirman que no sirve; los CODEDES aseguran que no funcionan, y las comisiones de postulación que están amañadas. Sin embargo, y sin cambiar absolutamente nada en los últimos años -porque la mayoría está en contra de todo cuando juega en la oposición-, buscan afanosa y equívocamente que los resultados sean diferentes y obedezcan a la bondad política de los diputados, que no deja de ser un oxímoron.

Cada vez estoy más convencido de que realmente no quieren cambiar nada, sino utilizar las ventajas que esas normas generan cuando se lidera o está en el poder. De esa cuenta, cuando son oposición, se desgañitan en críticas y voceríos para descalificar, al contrario; cuando llegan al poder pretenden hacer lo mismo que negaron unos años atrás, porque encuentran beneficios.

Falta algo: coherencia en aquello que se dice defender, y sobran intereses mezquinos de unos y otros.

La narcodictadura al borde del precipicio

Desde que los navíos zarparon, el régimen venezolano -que conoce la teoría del no retorno- inició una serie de acciones en todos los frentes posibles, aunque estos sean limitados

En todas las operaciones militares hay un punto de no retorno, y dicho límite ha sido sobrepasado con la orden de movilizar una fuerza naval militar norteamericana hacia las costas venezolanas. Retroceder representaría una gran derrota para cualquier gobierno, y en especial para uno liderado por alguien como Trump. Por lo tanto, las pregunta más comunes son: ¿Qué puede suceder ahora? ¿Qué opciones hay disponibles?

Desde que los navíos zarparon, el régimen venezolano -que conoce la teoría del no retorno- inició una serie de acciones en todos los frentes posibles, aunque estos sean limitados. El margen de maniobra de Maduro y sus aliados se ha reducido considerablemente. Rusia y China no le prestan atención, ya que conocen bien la realpolitik, y muchos países americanos han comenzado a condenar el terrorismo y el narcotráfico del régimen: Paraguay, Ecuador y Argentina, se han sumado a esta condena, y Brasil ha cuestionado la legitimidad de las elecciones que Maduro afirma haber ganado, aunque tras el proceso electoral su respuesta fue poco decidida, dubitativa y hasta de cierto apoyo, como la del presidente Petro.

Sabedores de que los norteamericanos no pueden retirarse sin logros, el gobierno venezolano promueve una estrategia de comunicación psicológica en la que afirma movilizar más milicianos que votantes tuvo en las urnas y entregarles más armas de las que realmente poseen, aunque sin municiones, por temor a que alguno de esos defensores patrios decida cobrar la recompensa ofrecida por las cabezas de los dirigentes venezolanos.

Esta crisis del régimen ha identificado quién ostenta realmente el poder tras el trono. Es Diosdado Cabello el que parece tener una mente narcoterrorista más consolidada, y quien más teme perder. Así las cosas, el problema no es tanto la recompensa millonaria ofrecida por cada uno de ellos, sino la traición desde adentro para negociar su salvación. Si el "Mayo" Zambada logró pactar con la justicia norteamericana su cadena perpetua a cambio de evitar la pena de muerte, es evidente que la élite narcoterrorista del Caribe Sur, agrupada en torno al cártel de los Soles, buscará algo similar, aunque no podrá ser para todos.

De momento, la presión está creando un espacio para la reflexión, el análisis, la búsqueda de negociaciones e incluso traiciones para salvarse, una práctica común entre revolucionarios de cartón como la historia muestra. Mientras algo ocurre -ya sea huyendo o negociando-, Estados Unidos promueve una especie de pinza diplomática en la que seguramente buscarán un consenso amplio de países que condenen a la dictadura o un rechazo por parte de algún organismo regional.

Si todo esto falla -sería el peor escenario- se visualizan graves consecuencias, porque únicamente quedaría una acción quirúrgica en la que se aísle y neutralice a la cúpula del régimen venezolano, posiblemente mediante misiles o drones para, simultáneamente, entrar con grupos de elite de infantería y capturar o eliminar a los líderes del régimen..., y ellos lo saben.

Se hizo con Bin Laden, y aunque la situación era diferente, parecería que lo de ahora no genera protestas en la opinión pública ni presión internacional. Ausencia de manifestaciones enmarcadas en otra negociación: el conflicto entre Ucrania y Rusia. Algo así como una doctrina Monroe extendida en la que cada continente respeta la zona de influencia del otro.

Las agencias de inteligencia buscan negociaciones para ver quién es el primero en traicionar, mientras otras instituciones promueven consensos contra la narcodictadura. Si México "cedió" y entregó a sus "mejores narcotraficantes", Venezuela no tiene mucho margen. Es cuestión de tiempo.  

¡Y cuidado Nicaragua y Cuba!, pongan sus barbas a remojar.

El etiquetado que divide

El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad

La implementación de una ley de etiquetado para productos que deben consumirse responsablemente representa un paso fundamental hacia la protección del consumidor y la promoción de hábitos de consumo más conscientes. Mediante etiquetas visibles y comprensibles, se destacan advertencias sobre ingredientes que pueden estar relacionados con riesgos para la salud, lo que fomentan una cultura de responsabilidad individual, promueve el bienestar general y alienta a las empresas a adoptar prácticas más transparentes y sostenibles. En última instancia, el objetivo es equilibrar la libertad de elección con el acceso a información clara y precisa para proteger la salud pública. Estos aspectos difícilmente admiten mucha discusión.

Sin embargo, Centroamérica se enfrenta al riesgo de cometer un grave y costoso error. La región, que ha buscado la integración económica durante décadas, podría desarticular su incipiente mercado común mediante iniciativas nacionales de etiquetado frontal de advertencia nutricional que ignoran la columna vertebral del proceso: el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). 

Aunque la advertencia en el etiquetado aparenta ser una medida orientada a la salud pública, podría transformarse en una pesadilla para el comercio y la inversión. Si cada país implementa una manera diferente de hacerlo, las empresas tendrían que producir empaques diferentes para cada mercado. Esto generaría más costos, ineficiencia y un espacio regional que perdería su atractivo frente a otros bloques, como la Unión Europea o el Mercosur, que avanzan hacia la estandarización.

El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad. Esto convertiría al mercado centroamericano en un complejo laberinto normativo, ahuyentando a los inversionistas y frenando el comercio. Y si bien algunas multinacionales podrían absorber estos costos, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores individuales, que constituyen más del 95% del parque empresarial y generan el 60% del empleo formal en la región, no tendrían la capacidad para sostener seis regulaciones diferentes. Esto pone en peligro a ese amplio sector, y se traduce en menores oportunidades, reducción de la oferta y, en muchos casos, cierre de operaciones.

La problemática de la mala nutrición no se resolverá sólo con etiquetas. El cambio real provendrá de la educación y de campañas de sensibilización que fomenten hábitos de consumo más saludables y equilibrados. Es aquí donde surge una gran oportunidad: informar y educar a la población, y no solamente en cuanto a explicitar lo que se consume, sino también respecto a otros factores que influyen en la salud como el uso excesivo de pantallas, el sedentarismo o la falta de ejercicio físico, como algunos ejemplos. La región debe impulsar campañas integrales de comunicación que aborden estos temas y promuevan estilos de vida más activos y saludables, estrategia muy superior a la de un simple etiquetado de productos.

Imponer regulaciones diferentes en cada frontera no representa progreso, sino un retroceso monumental. Este debate plantea un auténtico desafío como lo es determinar si Centroamérica desea consolidarse como un bloque serio o continuar jugando a una integración ficticia. De no reaccionar pronto y racionalmente, no debemos sorprendernos si quedamos fuera de la competencia global. 

Además, es una oportunidad para que el gobierno nacional lidere un proceso regional coherente y racional que allane el camino para iniciativas futuras similares en otras áreas. Este podría ser, si se hace de forma armonizada, un éxito político más significativo que una victoria pírrica que corre el riesgo en la práctica de no materializarse, ser derogada o conllevar un alto costo económico.

Siempre fue el reparto del mundo

El aparente vínculo casuístico entre la reunión en Alaska y el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en el sur del Caribe resalta estos intereses

Desde hace siglos, la política internacional ha estado marcada por una dinámica de repartición del mundo y el ejercicio de la hegemonía de las potencias dominantes en cada momento. El fenómeno se repite a lo largo de la historia desde el Tratado de Tordesillas en 1494, por el que España y Portugal se dividieron el mundo conocido en un intento por controlar vastas áreas del globo en aquel inicio de la globalización temprana.

Este patrón se replicó durante la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde las potencias europeas acordaron repartirse África, lo que consolidó sus influencias coloniales en el continente. De igual manera, luego de la Primera Guerra Mundial, se redibujó el mapa de Europa y Medio Oriente, repartiendo territorios de los perdedores de la Gran Guerra y del colapsado Imperio Otomano. Más tarde, las conferencias de Yalta y Potsdam de 1945 demostraron nuevamente cómo las potencias aliadas, ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, manejaron el reparto de áreas de influencia, particularmente en Europa.

La reciente reunión entre Trump y Putin en Alaska se inserta en esta misma lógica histórica. Los Estados Unidos, que ahora ven a China como su principal rival -en lugar de Rusia-, necesitan alinearse estratégicamente. Putin, por su parte, requiere solventar ciertos problemas para poder revitalizar su poder, ya que la situación en Ucrania, que expone la incapacidad de Rusia para resolver conflictos prolongados, es un obstáculo que el Kremlin quiere resolver cuanto antes y bajo términos favorables. Mientras tanto, Trump busca reactivar la Doctrina Monroe para reforzar la pérdida de influencia estadounidense en América Latina, obstaculizada por Rusia y China. Por lo tanto, es posible, pero también necesario, que ambas naciones colaboren para alcanzar sus objetivos. 

Podría forzarse la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y permitir a esta última mantener el control de una región clave como el Dombás. Mientras tanto, Rusia reduciría su influencia en América Latina, facilitando así un enfoque norteamericano más directo contra China y probablemente debilitando regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela, y en menor medida en El Salvador; Bolivia y Ecuador parecen estar “bajo control”. Esta estrategia compleja busca, en última instancia, reducir la influencia china en Latinoamérica y consecuentemente el control sobre puertos, minerales estratégicos, telecomunicaciones y el espacio electromagnético e inversión y desarrollo en infraestructura crítica en la región.

El aparente vínculo casuístico entre la reunión en Alaska y el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en el sur del Caribe resalta estos intereses. Sin Rusia en la ecuación del conflicto y con el silencio de Putin, China, que carece de capacidad militar en la región, lo tendrá más difícil, aunque presionará a sus alianzas autoritarias en América Latina antes la imposibilidad de un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Sin embargo, conscientes de que el tiempo es una de sus mayores ventajas, junto con su poder económico, las estrategias chinas pueden posponer la confrontación hasta tiempos más propicios en los que Trump ya no esté en el poder y Xi Jinping continue en el cargo.

Es posible que antes de fin de año se pueda definir más este escenario complejo, porque el inicio del 2026 debe de confrontar otras situaciones geoestratégicas, bajo el apercibimiento de perder el tiempo inicial del mandato presidencial norteamericano para establecer bases sólidas que permitan ciertos cambios.

Una vez más, estamos asistiendo a ese reparto sórdido del mundo, con actores conocidos en los últimos años, y con formas y métodos que suelen pasar desapercibidos a ciudadanos globalizados, más pendientes de unas vacías y distractoras redes sociales que del realismo en el acontecer mundial.

El oficialismo alternativo

Tras el prolongado descanso quedó claro que en lugar de buscar reconciliarse, prefirieron delimitar quiénes forman parte de cada facción y cuáles son sus futuros objetivos.

Al oficialismo le resultó muy difícil aceptar públicamente que había todo un proyecto en marcha para la formación de un nuevo partido por parte de algunos de sus diputados; muchos lo desconocían. La razón detrás de esa resistencia es comprensible: mostraba una bancada desunida, enfrentada y en desacuerdo, lo cual era perjudicial a un año y tres meses de llegar al poder. Con baja aceptación de liderazgo, reflejado en encuestas y sondeos, reconocer la ruptura podría significar perder más apoyo, tanto de potenciales socios como de una ciudadanía que percibía su gestión como lenta e ineficiente. Sin embargo, los hechos hablaron por sí mismos, y el receso legislativo llegó con ese notorio y anunciado "divorcio".

Tras el prolongado descanso quedó claro que en lugar de buscar reconciliarse, prefirieron delimitar quiénes forman parte de cada facción y cuáles son sus futuros objetivos. El grupo cercano al presidente, liderado por el diputado Sanabria, asumió la vocería de SEMILLA, trasladando al Congreso una propuesta de ley de agilización del gasto público, que significa en la práctica estados excepcionales y ausencia de controles, lo contrario de lo que pedían a gritos cuando eran oposición. La intención es demostrar capacidad de acción antes de negociar el próximo presupuesto, algo que tendrán difícil por lo poco ejecutado hasta ahora, además de coquetear con aquellos con los que deberán pactar la junta directiva para 2026.

Del otro lado, la oposición emergente, RAICES, liderada por Samuel Pérez, expresó sus quejas en la primera sesión del legislativo tras el descanso “sabático”. Hizo notar la ausencia de la mitad de los diputados en el hemiciclo, omitiendo que tampoco estaban presentes otros tantos de los de su partido original.

Las discrepancias resultan costosas. SEMILLA parece estar al límite, con una ejecución presupuestaria escasa, ministerios ineficaces (aunque con excepciones como el de Educación, en algunos aspectos) y un liderazgo presidencial cuya pasividad ha exasperado a tirios y troyanos. RAICES, por su parte, muestra ambición por asumir un rol protagónico en los medios y promover un partido aún inexistente, lo que obliga a mantener una campaña electoral constante. Es probable que en ciertos momentos coincidan, porque así es la política, aunque la fricción será inevitable ya que SEMILLA sigue siendo el partido oficial y RAICES necesita su propio espacio y reconocimiento. Es esperable que choquen en ciertos temas o en propuestas controvertidas, como el polémico proyecto del gasto público antes citado.

El conflicto -apenas al año y medio del inicio de su administración-, revela muchas carencias: falta de preparación, de liderazgo, ausencia de proyectos claros, incapacidad de ejecución y falta de madurez política de muchos de sus miembros, especialmente los más jóvenes, además de soberbia política. Parecen no comprender aquello de "la velocidad de lo posible", y olvidan que "lo perfecto es enemigo de lo bueno” ¡Demasiados técnicos, y pocos políticos!

De aquí a noviembre, va a estar duro el parloteo en el Congreso. Muchas cosas estarán en juego, pero sobre todo el ejercicio del poder real de aquellos que consigan una mayoría simple, no digamos cualificada. Ese escenario tendrá repercusiones significativas en el corto plazo, especialmente de cara a las elecciones del 2027, y muestra una tendencia como es la fragmentación de los partidos, algo conocido en otros que terminaron divididos en grupos bajo nuevos liderazgos, que en ciertos casos incluso superaron al de sus maestros.

El problema es que estamos cortados con la misma tijera, y aunque algunos intentan marcar una diferencia, terminan comportándose como el resto. Es una especie de mal endémico incrustado en el ADN de la política nacional, del que parece "imposible" que nos desprendamos.

Bukele, el dictador cool

Un dictador de pasarela que únicamente comparte con sus homólogos regionales el deseo absoluto de poder, el espíritu criminal y el origen político en un partido de izquierda

El camino que traza Bukele en El Salvador conduce inevitablemente hacia una perpetuación en el poder, algo que se percibía desde hace tiempo. Los autoritarismos suelen surgir por diversos factores, destacándose especialmente tres: hartazgo ciudadano, motivado por múltiples y diferentes razones, oposición política desunida e ineficaz, y elevado nivel de analfabetismo político ciudadano que prefiere sacrificar la libertad en favor de una "supuesta seguridad" que sólo beneficia al dictador y a su entorno.

El caso de Bukele es particular y no encaja con los tradicionales moldes de líderes autoritarios de América Latina, como lo son el viejo asesino revolucionario cubano, el locuaz conductor de bus venezolano, el indígena acosador de menores o el sociópata violador nicaragüense. Se trata de una nueva ola de autoritarismo representada por una figura moderna -cool- que cuida su imagen, comunica eficazmente a través de las redes sociales y proyecta una apariencia moderna y dinámica. Un dictador de pasarela que únicamente comparte con sus homólogos regionales el deseo absoluto de poder, el espíritu criminal y el origen político en un partido de izquierda.

Este liderazgo autoritario surge de una izquierda sosa, reinventada e incapaz de vender su desgastada ideología que adopta la versión populista para confundir, adaptarla a un público del siglo XXI, y evitar así el enfrentamiento con los tradicionales ideólogos, que todavía existen. Se reinventa en su forma, y su penetración en el poder se asemeja a una inyección que entra lentamente, casi imperceptiblemente, sin oposición, lo que contrasta con el impacto brusco y rechazado de los golpes de estado tradicionales.

Con el tiempo, el miedo se convierte en la herramienta de control: temor a hablar por riesgo de detención, a publicar por posibilidad de cierre del medio o a realizar entrevistas críticas por la amenaza de expulsión del país. Esa receta se adereza con modernas y coloridas justificaciones promovidas en diferentes redes sociales por demagogos profesionales. Y aunque después de más de tres años de estado de excepción los ciudadanos piensan a menudo que todo volverá a la normalidad, lo que experimentan es un cambio del crimen común a otro político de cuello blanco, en el que la disidencia se torna cada vez más difícil, y lo que antes era temor a pandilleros tatuados se torna en miedo a funcionarios elegantemente vestidos y sonrientes.

Da la impresión de que la humanidad no aprende de su pasado ni de los tropezones de otras sociedades. Repetimos la historia una y otra vez cometiendo los mismos errores; parece que desaprendemos más de lo que aprendemos, repitiendo errores del pasado que ya deberíamos haber superado. Hitler utilizó la ley habilitante para concentrar poderes, Chávez replicó esta táctica ochenta años después, y ahora lo vemos de manera más sutil en El Salvador. Antes de que termine el año, es probable que Xiomara Castro, con Zelaya al frente, intente algo similar en Honduras, en una especie de nueva versión del fallido golpe de años atrás.

Mientras tanto, las democracias, aunque imperfectas, observan silenciosamente, y consienten o no responden con la determinación esperada. Los populistas expanden su dañina filosofía que, aunque alabada por algunos ciudadanos y candidatos, rara vez invita a migrar hacia esos paraísos prometedores. Esos "nazistas cool" saben que los demócratas no actuarán en su contra, y aseguran su permanencia en el poder por décadas. 

Vivimos en un mundo absurdo, y argumentando la defensa de valores democráticos desde la libertad sin responsabilidad, terminamos socavándolos nosotros mismos en nombre de esos principios que decimos abanderar.

¡Se puede ser tonto, pero no tanto!

La ONU y sus cuervos

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada

No tengo claro cómo Balakrishnan Rajagopal, el relator especial de la ONU sobre “el derecho a una vivienda adecuada”, llegó al país. Tal vez fue invitado por el gobierno como parte de su estrategia de construcción de una red internacional de apoyo, o posiblemente vino sin previo aviso en una de esas visitas "in loco" que realizan los funcionarios internacionales cuando turistean por el mundo. En cualquier caso, lo relevante no es cómo llegó, sino lo que manifestó antes de partir cuando hizo "un llamado al gobierno para detener los desalojos y reconsiderar el enfoque legal sobre la propiedad privada".

El mencionado personaje, abogado de ascendencia india, se describe a sí mismo como un "experto en varias materias", y ocupa el citado cargo desde 2020. Sin embargo, resulta difícil encontrar información básica sobre él, como su fecha de nacimiento o su nacionalidad, lo que genera un grado desconcertante de secretismo. Se trata de alguien que percibe puntualmente sus ingresos gracias a los impuestos que pagamos, además de vivienda y jubilación, aunque parece cuestionarse que los demás conservemos lo que legítimamente adquirimos libremente.

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada, por cierto protegida por la constitución. Eso me parece, cuanto menos, irracional. No obstante, viniendo de una entidad como las Naciones Unidas, parte de cuyas agencias han sido cuestionadas, por ejemplo, en Gaza por contratar a personas cercanas a grupos terroristas como Hamas, incluyen y privilegian a la  dictadura cubana en su consejo de derechos humanos, o no señalan ni condenan contundentemente los regímenes de Venezuela, Nicaragua o Cuba, resulta comprensible. Por tanto, no sorprende la postura de ciertos líderes, incluyendo al actual presidente de los EE. UU., cuando manifiestan su voluntad de retirarse de determinados organismos debido a su manipulación e ineficiencia. En resumen, Naciones Unidas parece haberse convertido en un club de izquierdistas que no practican lo que predican: pagar más impuestos y evitar los privilegios. La mayoría de sus miembros -como ocurre en otros organismos internacionales- están exentos de ciertos impuestos tanto en el país donde trabajan como en su país de origen, disfrutan de privilegios de inmunidad, generosas jubilaciones, y -sin ningun escrúpulo- aprovechan los salarios "de miseria" que ellos mismos critican en los países donde operan, pero que son los que pagan a los nacionales que contratan para su servicio.

Que un comisionado internacional sobre “el derecho a una vivienda adecuada” haya podido afirmar, sin recibir respuesta o reprimenda por parte del gobierno, que es necesario detener los desalojos -lo cual equivale a promover y garantizar la invasión de propiedad privada por parte de grupos de delincuentes-, y que además se le haya permitido concluir su idea al proponer esa barbaridad sobre "repensar la propiedad privada", refleja el grado de cobardía y servilismo de quienes nos gobiernan. ¡Y no justifiquen esas acciones bajo el calificativo de prudencia!

Es importante que esos personajes vivan la experiencia de ver cómo sus propiedades, que resguardan en países donde no intervienen, son invadidas y expropiadas por gobiernos dictatoriales a los que tampoco confrontan ni condenan. Así podríamos ver si continúan incorporando esas ideas en discursos políticamente correctos para cierto público extremista. No debemos olvidar que el actual presidente, cuando era candidato, reconoció, en una entrevista, que el derecho a la propiedad no está en cuestionamiento, por lo que esas declaraciones de voceros de organismos internacionales deben de ser contestadas con suficiente contundencia, para evitar palancas discursivas que generen o pretendan justificar la conflictividad.

¡Las cosas parecen no suceder por casualidad!

El kit de supervivencia política

Mientras tanto, cierta fuerzas políticas se reconfiguran sobre nuevos liderazgos, aunque con tendencia hacia la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

A diferencia de gobiernos anteriores, para el actual no hay encuestas publicadas de popularidad. Aunque algunos rumores y datos se han filtrado, no existe la posibilidad de comparar, como antes se hacía, la aceptación del gobierno -o de sus miembros-, a lo largo de un determinado periodo de tiempo, en relación con sus antecesores. El silencio, la discreción y, en algunos casos, el ocultamiento de las encuestas realizadas, han sido la norma dominante en esta administración. Ese enfoque sugiere una razón clara y única: la popularidad ha caído drásticamente y prefieren silenciar los resultados que algunos sitúan en torno al 20%, o incluso menos.

Conscientes de la situación al no contar con un apoyo interno suficiente, debido al incumplimiento de promesas a grupos indígenas, exiliados y otros sectores que esperaban un cambio real, el gobierno ha optado por desarrollar una estrategia de búsqueda de apoyo externo. Considerando el escenario de baja aceptación más allá de 2026, parecen haber establecido una especie de red con diferentes regiones y organismos internacionales.

Por ejemplo, han delegaron la seguridad nacional a los Estados Unidos, quienes gestionarán puertos y aeropuertos, y controlarán entradas y salidas de personas y mercancías. En materia de justicia, se han apoyado en el sistema de la ONU, de ahí la visita al país -y el informe- de la relatora especial para la independencia judicial. Respecto a la Unión Europea, trabajan en el reforzamiento de declaraciones de rechazo y exclusión de ciertas personas, lo que permite congelar fondos en bancos europeos, pero también coordinan y difunden fotos de visitas de embajadores a presos emblemáticos. La Organización de Estados Americanos ha sido el foro elegido para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observe y apoye la democracia en el país y la observancia de los DD. HH., motivados por preguntas formuladas por el Procurador General de la Nación o visitas in loco, de trabajo o de “cortesía” llevadas a cabo en Guatemala. Además, han establecido vínculos con otros organismos internacionales sobre derechos humanos, desarrollo social y finanzas, incluyendo instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversas organizaciones no gubernamentales, particularmente relacionadas con la justicia. Medios de comunicación y analistas nacionales e internacionales -conscientes o no- apoyan este plan al minimizar errores del gobierno o, simplemente, replicando sin cuestionamiento alguno la narrativa oficial, en un esfuerzo de presentar lo vigente como lo mejor posible en comparación con lo habido.

El objetivo político-estratégico es evidente y requiere tejer una amplia red que lleva tiempo. Quizá eso justifique el nombramiento de embajadores no provenientes de carrera diplomática en puestos estratégicos, con la misión de consolidar este entramado internacional, listo para ejercer presión o defensa si las circunstancias lo ameritan. Sin embargo, el ámbito internacional tiene un límite frente a la dinámica política nacional. Aunque presionen, sancionen o incluso empleen formas de moderno neocolonialismo, con el fin de influir en la política interna, sus acciones suelen ser complementarias y no decisivas. Así, la pérdida de apoyo popular es un obstáculo considerable para recobrar la confianza y, sobre todo, para implementar políticas públicas de interés para el ciudadano y elevar la confianza en el gobierno.

Por otro lado, el soporte que se tenían en Washington durante la administración de Biden, se ha desvanecido, y aquellos que temen regresar se han vuelto los más críticos de un gobierno que no genera confianza y sufre, además, una visible implosión interna. Mientras tanto, cierta fuerzas políticas se reconfiguran sobre nuevos liderazgos, aunque con tendencia hacia la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

En resumen, parece que estamos lidiando con más de lo mismo de siempre.

El enjambre de sismos

La realidad es más grave, y nadie parece dispuesto a asumir su costo, que además no recae únicamente en la administración actual

Es evidente que nadie está verdaderamente preparado para enfrentar alrededor de mil temblores en el lapso de una semana. Sin embargo, parece que este país no ha aprendido de experiencias pasadas ni de situaciones que deberían haber promovido mejoras en los servicios de atención a catástrofes, tanto en términos materiales como en el diseño de la organización y su financiamiento. Un ejemplo claro de esta mala inercia es la situación de los bomberos, quienes continúan solicitando donaciones en alcancías deterioradas en las entradas y salidas de diversas localidades.

Además, la capacidad de comunicación estratégica y el deber de informar de las autoridades de manera veraz a la ciudadanía, sobre la realidad de las distintas situaciones, son áreas en las que aún ha que progresar. Al día siguiente del sismo principal, y pasadas las 9 de la mañana -porque antes incluso parecía que no pasaba nada- el presidente fue visto recorriendo las calles de Santa María de Jesús, escoltado por un grupo de autoridades, transmitiendo visual y verbalmente una imagen de relativa normalidad. En los días siguientes, algunos diputados -del partido SEMILLA o RAICES, porque ya no se sabe a cual se adscriben- presentaron un panorama muy diferente y más drástico, y se atribuyeron logros de ayudas que, en realidad, fueron proporcionadas por ciudadanos altruistas o financiadas con fondos públicos. Esta es una clásica inversión de políticos oportunistas que no dudan en sacar provecho de cualquier situación, siempre que les garantice algún dividendo político.  ¡Cómo odio y rechazo esa actitud depredadora!

La realidad es más grave, y nadie parece dispuesto a asumir su costo, que además no recae únicamente en la administración actual. Lo que conocemos es que hay verdaderas tragedias personales en familias con casas dañadas, quienes necesitan urgentemente un lugar seguro donde vivir y acceso a alimentos, pero la colapsada infraestructura vial complica los diferentes apoyos, según informó la gobernadora. Los recursos deben llegar por caminos y largos trechos a pie o por vía aérea, lo que limita y complica el auxilio. Probablemente, conoceremos el verdadero alcance de los daños y las respuestas oficiales -como pasó con las inundaciones de Valencia (España)- tiempo después, cuando los políticos decidan hablar de manera clara y oportuna, una vez se ponga de acuerdo.

Este desastre natural, que siempre se intenta encarar desde la política, se ha producido paralelamente a un poco ruidoso debate nacional de carácter técnico -y por tanto reducido en su dimensión- sobre el endeudamiento público que el gobierno planea hacer, apoyándose en informes del FMI, aunque en moneda diferente. El organismo internacional continuamente sostiene que hay margen para contratar mayor deuda, lo cual aquí se adopta como mandamiento bíblico para justificar un presupuesto superior al deseable, aunque el actual ni siquiera haya sido gestionado con efectividad. ¿La razón? La persistente corrupción, cuya narrativa inicial sirvió como excusa, pero que ahora está agotada y resulta inaceptable un año y medio después, porque ya deberían haber  logrado erradicarla.

Los sismos, insensibles a tiempos políticos y votos, han expuesto los sistemas ineficientes que algunos afirman haber construido, así como fallas en comunicación y las estrategias económico-financieras que generalmente aplican. En un país como este, plagado de eventos varios, solemos tapar un escándalo con otro, usando la lógica popular de que un clavo saca a otro clavo. Como resultado, este asunto del sismo se disipará en unas semanas, seguido por otra situación igualmente imprevisible que nos ocupará y nos llevará a cerrar un tema para enfocarnos en el siguiente, seguramente igual de indeseable.

Dato mata relato

La deuda por emisión de bonos y préstamos aumentó de Q9.8 millardos en 2024 a Q25 millardos en 2025, con una cantidad similar prevista en el presupuesto para 2026.

Sin duda alguna, este es el gobierno que recibe mayor indulgencia por parte de la mayoría de los medios de comunicación. Mucho se pasa por alto o simplemente se trata de manera "suave", evitando el rechazo que situaciones similares provocaron en administraciones anteriores. Ni las contrataciones a dedo de amigos e hijos de miembros del partido, ni los gastos conocidos o los comportamientos inapropiados de ciertos diputados, han bastado para encender la indignación entre quienes, en el pasado, se escandalizaron por cuestiones similares. Esto no sorprende; la hipocresía nacional se ha convertido casi en un símbolo patrio.

A mediados de junio, la ejecución presupuestaria nacional promediaba un 36%. Esta cifra sobrepasaba el 20% ejecutado por los ministerios de Agricultura y Ambiente, el 22% de Cultura y Deportes, el 25% de Comunicaciones, y el 27% de Economía, Energía y Minas, además de otros ministerios como Trabajo, Salud, Gobernación, Defensa, Relaciones Exteriores y Finanzas. Sin embargo, hay un contraste con el mayor gasto de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el pago de la deuda externa, las secretarías y el Ministerio de Educación. Esos datos reflejan claramente el deterioro del "corazón" de la política social del país, eje esencial del implosionado partido SEMILLA. Además, hacia finales del mismo mes, la baja ejecución presupuestaria en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) era alarmante, alcanzando apenas un 17% del presupuesto asignado. Muchos de estos, como Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y Chiquimula, presentan cifras aún menores, intensificando el déficit social antes mencionado y afectando otros vectores de desarrollo departamental.

En contraste, la deuda por emisión de bonos y préstamos aumentó de Q9.8 millardos en 2024 a Q25 millardos en 2025, con una cantidad similar prevista en el presupuesto para 2026. Es posible que en esta administración la deuda se acumule hasta alcanzar Q60 millardos en tres años, dinero que tendremos que saldar los contribuyentes, y cuyos resultados no son evidentes ni está claro cómo se destinarán los fondos, según los datos visibles en los sistemas oficiales hasta la fecha

Por si no fuera suficiente, el gobierno planea solicitar, según una publicación de uno de los pocos medios que informa sobre estos despropósitos, un nuevo préstamo de $400 millones (más de Q3 millardos) preautorizado por el Banco Mundial. La intención es financiar la rehabilitación de 640 kilómetros de carreteras y caminos rurales, a pesar de la ya baja ejecución de los más de Q12 mil millones asignados a los CODEDES

Este escenario económico-financiero se desarrolla en un contexto de absoluta inacción presidencial, y por ende del poder ejecutivo, y se ve exacerbado por dos escándalos sin clarificar. El primero se refiere al aumento -a la fecha- del 16% en homicidios con arma de fuego y la adquisición inadecuada de armas cortas para la policía. El segundo, a la prolongación en el cargo del ministro de Defensa Nacional, en contravención de la ley constitutiva del Ejército. Estos problemas se suman al hallazgo en España de cargamentos de drogas en contenedores guatemaltecos y los incidentes aún no explicados en la frontera de La Mesilla, Huehuetenango.

A pesar de todo, no debemos esperar mucho de medios, analistas y críticos que ya forman parte del ideologizado y polarizado sistema nacional, donde las acciones son reprobables si las realizan los opositores, pero completamente justificadas si vienen de nuestros aliados. No hemos salido de la polarización ni del discurso interesado sobre justicia, corrupción o clientelismo, porque, en el fondo, muchos de estos medios y críticos solo buscan favores, ventajas y posicionamientos doctrinarios favorables.