No estoy en contra de un sistema
consuetudinario de justicia. Si se cree en la descentralización
político-administrativa -y yo creo en ella- se debe ser consecuente y no desechar
esto otro que también es autogestión.
La discusión -equivocada y persistente a mi
entender- se ha focalizado en incluir, sin mayor explicación, el “derecho a la
justicia indígena” en la reforma constitucional que se prevé realizar. Dicho
así, sin precisión, es abrir una puerta a lo desconocido, pero también a lo
incierto. Hay que escuchar el detalle de esa reforma: cuáles son los supuestos
que castigaría y cómo serían las penas/castigos previstos y la forma de
administrarlos. No hay nada pormenorizado que pueda evaluarse de una propuesta que
permite la discrecionalidad del ponente en todo aquello que interese a algún
sector o en determinado momento.
No es adecuado tampoco hablar de “justicia”
sino más bien de “justicias”, habida cuenta que hay una diversidad de pueblos
-pluriculturalidad- que no tienen idéntica forma histórico-cultural de
solucionar diferendos. El proyecto parece tener como objetivo añadir algo
indefinido en la constitución para posteriormente -una vez “el pie en la puerta”-
desarrollar un plan acomodado para aplicar una justicia propia y excluyente, elemento
unificador de una idea que se viene consolidando: el exclusivista indigenismo
maya.
Es fácil caer en la demagogia, y en este caso
pareciera estar ocurriendo. Hablar de incluir tal o cual modificación
constitucional, debería suponer, para el legislador, pero sobre todo para el
votante, conocer con precisión qué es lo que se quiere hacer y cuál es el
alcance de su implementación. No vale pedir un cheque en blanco para que, tal y
como ocurre ahora, tengamos azotados en la plaza del pueblo, desnudos que pasean
su penitencia, costales con piedrín cargados por penados o personas sometidas a
vergüenza pública, prácticas propias de la Edad Media con las que “el vulgo” se
distraía, pero muy distantes de los derechos humanos que comunidades y organismos
internacionales reclaman ¡Dese una vuelta por youtube y verá la variedad filmográfica existente!
Si los ancestros dejaron ese legado, es fácil
compilarlo y darlo a conocer para que se pueda evaluar y, si procede, adoptar un
sistema de pluralidad jurídica, no monolítica. De momento, lo que subyace es un
reclamo impreciso y confuso en el que todo cabe.
En un país en el que se debate aplicar la
pena de muerte con muchos sectores en contra -algo legitimo-, no se escucha,
sin embargo, solicitar con igual intensidad claridad en los castigos de “las
justicias indígenas” y, sobre todo y más importante, condenar contundentemente
formas de penalizar que conllevan violencia física -como los azotes-, cuando no
la degradación humana ¡Absurda incongruencia que impide abordar el debate con
la seriedad requerida!
Superar prácticas deleznables, humillantes y
arcaicas ha costado siglos a la humanidad. Hoy existe un marco suficiente de
protección y garantía de derechos humanos que, curiosamente, quieren capitalizar
grupos que actúan paradójicamente de forma inconsistente. De esa cuenta, es
preciso que la ciudadanía conozca, antes de decidir, qué “costo” tiene que
asumir en materia de derechos humanos, al implementar “las justicias indígenas”.
Otros aspectos cuestionados de forma vaga son: a quienes se aplicaría, con qué
criterio, en qué lugar o territorio, el conflicto de jurisdicción y diferentes
temas “menores”, especialmente si se relacionan con el principal a debatir: el
ser humano y sus inalienables derechos.
¡Entrémosle al tema, pero seriamente!
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