“Impuestos: desplumar
al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor ruido”
El actual gobierno, es producto
de un rechazo al “viejo sistema” más que una apuesta por un programa político, salvedad
hecha de vagas referencias al “Plan de Nación K´atun 2032” o al lacónico Plan
Visión 20/20. La falta de un proyecto y la dificultad para conformar un
gabinete ministerial cohesionado, dejaron pasar el primer semestre del año. Se
habló de reformas políticas, judiciales y fiscales, cambios constitucionales y
cuestiones similares que impiden que el clima de incertidumbre heredado de la
pasada administración supere cuotas de baja credibilidad.
El aludido Plan Visión 20/20, tiene un apartado
dedicado al “Fomento de las MIPYMES”. En el mismo se recoge textualmente: “Según datos estadísticos, más del 70% de la
economía del país es informal. ¿Qué pasaría si este gran segmento de producción
accediera a la economía formal por medio de un programa de desarrollo
financiero, basado en créditos y micro créditos a tasas razonables? Sencillo,
estas condiciones les permitirán superarse y pasar a un nivel empresarial
superior”. Es decir, aspira a rescatar potenciales contribuyentes que están
en la economía informal y, consecuente, no tributan ISR, lo que genera baja
recaudación, presupuesto desfinanciado, desigual e injusta contribución y dificulta
la prestación de servicios públicos de calidad.
A pesar de ello, el ejecutivo toma
el rumbo fácil que antes emprendiera -equivocadamente y con impacto negativo-
el gobierno del partido patriota. La propuesta que elabora pretende elevar el IVA
y al parecer el ISR. Podría ser aceptable -en una discusión amplia de reforma
fiscal- si se produjeran al menos tres condiciones, ausentes al momento. La primera,
que se revisen la exenciones fiscales que privilegian a ciertos sectores. La
segunda, que se amplie la base tributaria y se ataque conduntendemente ese 70%
que no tributan ISR. La última, que el dinero que se pueda recaudar no sirva
para pagar pactos colectivos espurios o mafiosos permanentes del sistema. La
experiencia, sin embargo, apunta a que no ocurrirá nada de lo indicado. Habrá,
seguramente, más dinero para salubristas y maestros pero no para salud y educación,
sino que servirá para callar a sindicatos chantajistas. Prueba de ello, además
de las conversaciones y pactos con sindicatos del pasado mes de mayo, fue aquel
“Plan Robin Hood”, elaborado por sindicalistas de salud e incluido en los presupuestos
generales, con el fin de recaudar dinero para hacer frente al costo del pacto colectivo
signado entonces. Ello se reflejo en la subida del cemento e impuestos extras a
la telefonía, entre otros, luego descartados por la Corte de Constitucionalidad.
A la fecha, el ejecutivo sigue
en deuda. Se desconoce la planilla de los distintos ministerios y qué función desempeña
cada empleado público. Baste una cifra para evidenciar ese caos y el
correspondiente costo económico: en los últimos años, se ha pasado de unos
30.000 empleados en el sector salud a mas de 55.000, sin que se haya notado mejoría
en el servicio, pero si incremento del costo.
En esas condiciones, oponerse a reformas
fiscales no es apostar por el subdesarrollo o negar mejores condiciones de vida
para determinados sectores, más bien supone emplear la razón y exigir criterios
de eficiencia y trasparencia antes de continuar presionando a quienes pagan, y
someterse al chantaje de violentos sectores sindicales. Antes de reformar hay
que declarar lesivos pactos colectivos tramposos, conocer cuantos empleados
públicos tiene el estado y dejar de gastar inútilmente cantidades desorbitantes
de dinero.
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