¡Atención: firmes!

Sigue la cantaleta sobre quien tiene que entregar al juez los planes de campaña de las operaciones militares llevadas a cabo en los ochentas. El Ministro de la Defensa se presentó en el juzgado y no llevó toda la información solicitada, por lo que grupos de la sociedad civil le achacaron la falta de voluntad para entregar los mismos, a pesar de que el presidente hace como un año, si mal no recuerdo, dijo haber ordenado la entrega. ¿Qué está pasando?
Los Acuerdos de Paz recogían, entre otras muchas cosas, la necesidad de que la institución armada se sometiera al poder civil, entendido este como el poder político. Dicho de otra forma, el Ejército es una institución que depende del Presidente, algo que figura en la constitución, nunca se ha puesto en duda ni se ha cuestionado y así ocurre en la práctica a pesar de que algunos grupos reiteran continua y machaconamente el discurso sobre la necesidad de que sea el poder político quien controle a los militares.
Lo que no se dice claramente, y es el momento de reflexionar sobre ello, es que el poder político parece no estar en condiciones, ni tener voluntad alguna de controlar a las fuerzas armadas. Desconoce la esencia de la institución, su forma de funcionar, los principios que profesa y su idiosincrasia y no se ha preocupado de aprenderlo. Por si fuera poco, el desgaste que supondría ponerse al frente de la misma y echarse sobre los hombros determinadas responsabilidades, especialmente relativas a la modernización, a la seguridad y al pasado, ha hecho que todos los presidentes se sitúen al margen del liderazgo que los integrantes del Ejército esperaban de ellos.
¿Es culpa del Ministro de la Defensa no entregar los planes?, ¡no!. Si el presidente ejerciera su potestad de comandante en jefe, sencillamente tendría que ordenarle que los pusiera inmediatamente sobre la mesa. La inobservancia de la orden ameritaría la sanción correspondiente y el cese inmediato, cosa que podría hacer y para lo que tendría el apoyo necesario. Sin embargo, esa orden llevaría aparejada la responsabilidad de hacerlos públicos y poder ser acusado de revelación de secreto o de otras cosas. Parece entonces preferible huir del cumplimiento del deber y cambiar de nivel el problema que tener que vérselas con la justica y parte de la opinión pública, prefiriéndose que sea el Ministro el que acarree con las consecuencias.
Querían preeminencia del poder civil, ya la tienen, pero deben asumir que la inacción no es compatible con el ejercicio del mando y la responsabilidad y las consecuencias de las órdenes, efectos ineludibles de aquello que se manda. No parece correcto que refugiándose en el silencio que genera en las filas del Ejército el concepto de “obediente y no deliberante”, prefieran seguir culpándolo de no cumplir con su obligación, en vez de reclamarle al presidente, comandante supremo del mismo, que se deje de tonterías y que ordene lo que corresponda o de la cara si no piensa cumplir. ¡Ya está bien de escurrir el bulto! y, sobre todo, del uso demagógico del discurso político amañado, mientras se produce un desgaste premeditado de la institución que a muchos grupos conforta y satisface. Las órdenes, cuando existen, se cumplen y quien las emite asume la responsabilidad.
Señores militares, la obediencia no es óbice para cumplir con la lealtad de decir las cosas claramente a través de los correspondientes canales de información. Vivir en el engaño, no les es útil ni rentable, ni debe estar dentro de sus principios.