Positivismo dialéctico

La confusión esta clarísima (Camus) 

Al igual que con el positivismo jurídico -normas emitidas desde la soberbia legisladora aunque no provengan de las tradicionales fuentes del Derecho-, hay un vector estratégico similar y en desarrollo asociado al lenguaje con la intención de confundir interesadamente al espectador: el positivismo dialectico. Las habituales, a pesar de escribir, impartir clases o contar con carreras o gustos afines a la literatura -según dicen-, promueven vocablos cuyo fin no es otro que desconcertar. Hablan de “criminalizar la protesta”, evitando pronunciar palabras que señalan actos delincuenciales incluidos en el código penal: secuestro, destrucción de bienes, agresiones, etc., y que son llevados a cabo por personas o grupos afines a ellas -o su ideología- y, con absoluto descaro, los presentan como situaciones de normalidad endilgando además la culpabilidad, con el uso interesado del lenguaje, a quienes denuncian tales hechos delictivos. Un fino ejercicio de desfachatez.

Otro modismo artificial es aquel de la “retención”, utilizado no hace mucho haciendo referencia a algunos soldados que fueron “retenidos” en Huehuetenango. No le encuentro a la palabrita -en el DRAE- mas acepción para las personas que: imponer prisión preventiva, arrestar. El uso del vocablo sustituye a otros dos que serían más apropiados según la situación y que implicarían responsabilidad penal de los autores. Las positivistas dialécticas aplican, incorrecta pero interesadamente, dicho concepto a quienes son detenidos o secuestros por grupos o personas, pretendiendo evitar la correspondiente sanción  y presentándolos como actos “normales” y ausentes de condena. Parto forzado de ciertas activistas que es reproducido por los medios, y en las redes, y embaucan al ciudadano. Un último ejemplo -aunque hay más- se refiere a la “ocupación pacífica” de fincas privadas. La realidad muestra que se trata de una invasión de propiedad ajena, algo castigado pero que con aquel suavizante termina por lavar y aclarar el resultado que percibe el receptor, quien en muchas ocasiones se deja llevar por la pasión en lugar de meditar sobre un significado que no comprende. Oímos diariamente decenas de cosas que no comprendemos sin preguntarnos de qué se trata, siguiendo nuestro camino sin más trascendencia.

Que el lenguaje es algo vivo y cambiante es una realidad indiscutible. El problema es cuando desde tribunas privilegiadas imponen formas o léxicos que desvían intencionadamente la atención y para nada responden a dinámicas naturales del ser humano en la búsqueda por definir o nombrar cosas nuevas o emergentes. Esas sutilezas enmascaran realidades que no pueden redefinirse porque modifican su esencia, aunque pretendan camuflarlas para reducirle el grado violatorio de normas y reglas de dichas actitudes. Los medios, como las personas que generan opinión publica, deben designar los sucesos o situaciones por el nombre correcto que los describe y no emplear difusores de responsabilidad, especialmente cuando aquella es delictiva y tiene una grave incidencia en la comunidad. No se debe seguir el juego de crear confusión ¡Ahí esta el reto! Habría que ver que entienden esas literatas positivistas por “justicia” o “reconciliación” para determinar cuál es el objetivo final del uso “particular” de esos otros vocablos. El problema no es que ellas lo utilicen, mas bien que la ciudadanía no perciba estas cuestiones y siga el juego que conduce a un debate sin códigos. Hay que emplear adecuadamente los conceptos; los criminales o violentos no tienen porqué designarse de ninguna otra forma.

Nacionalizadores de energía

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” 

Determinadas organizaciones -de esas que viven del cuento, de la violencia y del dinero de otros- reclaman la nacionalización de la energía. Argumentan, falsamente, defender al consumidor y la carestía del servicio, como base que sustenta tal “exigencia”. Silencian que la nacionalización ya funcionó en el pasado y que precisamente la privatización fue la solución a la ineficiente gestión estatal. Saben perfectamente que si la nacionalizan será más fácil robarla que hasta ahora. Cuando se gestiona por la iniciativa privada, los violentos son llevados a los tribunales y se les exige cumplir con la ley -no siempre- de ahí las “protestas sociales” amañadas. En el caso más extremo se les corta el suministro por falta de pago. En cambio, si se nacionalizara el interlocutor sería el Estado o la Municipalidad, es decir el cuate corrupto -como ellos- que haría la vista gorda y el desfalco saldría de los impuestos de ciudadanos honrados que son quienes financian a eso “empresarios” del robo. La exigencia, por tanto, no es ilusión de bruto, sino estrategia de corrupto.

Las empresas estatales son un botín en todas partes del mundo; aquí, quizá, mucho más evidente. Proveen fondos para pagar favores políticos y el enriquecimiento ilícito de quienes hacen el trabajo sucio de mover masas, agitar comunidades, financiar o apoyar bajo la mesa, etc. La privatización fomenta la competencia y promueve reglas y normas jurídicas que sirven para reclamar las irregularidades que se observen, razón por la que esos grupillos de violentos ladrones prefieren dialogar con sus pares de la administración publica, en lugar de con empresarios o jueces. No es admisible por más tiempo el robo que determinadas organizaciones hacen de la energía eléctrica, pero también mediante la ocupación de fincas, los reclamos de “propiedades comunales”, la minería, las hidroeléctricas, etc. El negoción Pérez -nunca mejor dicho- consiste en terminar pactando una cuota de poder que permita engrosar las arcas de esos movimientos extorsionistas o libere de culpa a los criminales. De esa guisa determinados grupos terminan el año fiscal con millones en sus arcas -libres de impuestos- que reparten entre la dirigencia, la misma que junto con opinadores afines, reclaman en otros trasparencia y cuentas claras de las que, por cierto, ellos están exentos por ser ONG,s, no sujetas a fiscalización.

Padecemos momentos de extorsión, de ahí la virulencia de esos provocados e interesados conflictos. Tratan de sobrevivir en un mundo de hampa y de crimen organizado que promueven desde la sombra, aunque dicen querer evitar. Acusan a quien se le pone enfrente o gastan tiempo y dinero en lanzar basura por doquier. Viven de eso, porque a poco que investigue se comprueba que todos ellos no se les conoce tarea productiva alguna que no sea “la defensa de los derechos humanos” o la “actividad social” suerte de prestezas que requieren de dinero de otros para continuar “con la lucha indígena y campesina”. Fueron criminales en el pasado y lo siguen siendo en el presente, aunque más sofisticados. Pretenden culpar a otros pero en el fondo son delincuentes que practican la extorsión, el secuestro, el anonimato y el robo. Esto de que el conflicto duró 36 años es un entelequia. Sigue, a pesar nuestro, con el beneplácito de quienes nunca supieron hacer nada útil ni productivo, dedicaron su frustrada vida al pillaje y ahora, a la vejez, alienta a nuevas generaciones a prolongar por mas tiempo el  constatado fracaso.

¡Digan lo que digan!

“Nadie puede aterrorizar a una nación, a menos que todos seamos sus cómplices” 

Las habituales -y otros agregados- siguen empleando ese simbolismo tramoyista, falaz y desalineado de “criminalización de la protesta social”, para describir actuaciones de delincuentes, bandidos, malhechores y terroristas -encapuchados y armados- que impunemente actúan en algunas zonas del país. Callaron -y con su silencio permitieron y sostuvieron- el linchamiento de un especialista y de un oficial; ocultaron y manipularon el cobarde asesinato de otro soldado y alientan desde tribunas mediáticas -junto con religiosos católicos-, actuaciones justificativas de pillaje y brutalidad. En la más reciente -San Mateo Ixtatán- decenas de encapuchados, acarreados de otras comunidades e incitados por personajes perfectamente identificados -así como sus vehículos-, balearon a personas y quemaron, saquearon, robaron y destruyeron un campamento y el material que en el mismo se almacenaba. Antes, con absoluta impunidad, cortaron caminos y se pasearon por las calles de la localidad amenazando a gritos a sus habitantes y forzándolos a colaborar bajo amenazas contra su vida o patrimonio.

El MP tardó más de 48 horas en llegar al lugar y evaluará una escena totalmente contaminada que conducirá al tradicional callejón sin salida, mismo que tomaron en otras situaciones en las que no ejecutaron las ordenes de captura e incluso destituyeron a fiscales a cargo, sustentando y promoviendo la impunidad. En el proceso de eleccionario pasado habría que identificar quiénes alaban la labor de la actual Fiscal General (y sus secuaces), dónde están las acciones legales contra esos terroristas y cuál es el resultado de las decenas de denuncias presentadas. Sin embargo, no habrá respuesta porque esas organizaciones y personajes son ideológicamente afines a muchos de los integrantes de la cúpula del MP o de las organizaciones que lo apoyan -ONU y CICIG incluidas- ¿Será la connivencia la razón de no desear el cambio?

¡La ley, es la ley!, y debe cumplirse. Cuando la ley está mal, se cambia previa discusión y propuestas en el seno de las instituciones existentes para ello; si las instituciones tampoco sirven, se discute y se sustituyen por otras. Sin embargo, los últimos gobiernos (este incluido) han acostumbrado a la ciudadanía a no cumplir la ley sino a evitarla o vulnerarla. Además, si se hace por turba enardecida -bajo paraguas de “protesta social”-, desde la sociedad civil o con apoyo de ONG,s o gobiernos extranjeros, mucho mejor. Falta la autoridad necesaria para decir ¡basta!, y apostar por un gobierno de leyes y no de personas, menos de presión. Esta es la antesala de un futuro con predominio de la “ley del más fuerte” y el mensaje que se envía es ¡defiéndanse como puedan!, algo rápidamente entendible.

En estos casos -como en otros- la CICIG -igual que el MP- está ausente, a pesar de que esos delincuentes conforman cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que inciden en la estructuras del Estado ¡Más claro imposible!, pero enfrentarlos supondría plantarse a las “defensoras  de derechos humanos” o “criminalizar la protesta”, quebrando la fidelidad ideológico-grupal. Aquí hay una guerra desatada de quienes únicamente saben vivir de ella. Son violentos, apoyados por fanáticos y enfrentados por pusilánimes políticos que ven en “la negociación” la manera de lavarse sus pilatescas manos, mientras arruinan el país. No son pacíficos, comunitarios ni indígenas ¡Dejémonos ya de cuentos! No más medias tintas en el discurso ¡Son criminales terroristas! igual que quienes los apoyan y alientan.

El bumerán

El que escupe para arriba, en la cara le cae (refrán) 

Comentarios diversos se generaron tras conocerse la lista de seleccionados para Fiscal General por la comisión postuladora. Dos sobresalen en el ranking. Uno, pone en duda la credibilidad o el trabajo de la comisión. Otro, cuestiona que la actual Fiscal General no figure en la lista. A la mayoría de la sesiones públicas no asistieron personas que ahora opinan con cierta autoridad y uso interesado de vocablos o acusaciones sin pruebas. De haber estado presentes,             quizá modularían sus reflexiones sustentadas más en rumores o interés mediático-ideológico que en razones fundadas, producto de la observación y vivencia directa de esas sesiones abiertas. Señalan a los comisionados por no haber incluido -que no excluido- a la candidata Paz, argumentando que tenía mayor puntuación. Olvidan que idéntico motivo podría utilizarse para otros candidatos tampoco incluidos, aunque únicamente centran la atención en ella ¡Así llegó, sin embargo, a su puesto en 2010, no siendo la mejor calificada ni contando con experiencia penal! ¿Serán juicios racionales y estándares o intereses personales o grupales? ¡Duda más que razonable!

Seguramente algunos comisionados recibieran instrucciones sobre cómo votar, algo incorrecto e inmoral ¡Allá ellos con su conciencia! Probablemente otros fueron presionados -“de aquí y de allí”- pero a muchos ni siquiera se les acercaron porque hubieran denunciado el hecho. Todavía hay, afortunadamente, valientes que no se prostituyen ni lo permiten. Del proceso me llama la atención dos cosas: la ausencia de un decano el día de la votación, algo anormal, a pesar de contar con certificado médico -libertad de cada quien y consecuente responsabilidad-; y -mucho más trascendente- que la actual Fiscal cuente únicamente con cuatro votos de los trece posible. Se puede pensar que todos los comisionados son corruptos y estaban manipulados, “argumento” que algunos sostienen sin pruebas y abiertamente manifiestan con el hígado o es preciso admitir que la postulante Paz no es vista por la mayoría de profesionales como esa funcionaria independiente, eficiente y “única”, que ciertos colectivos se esforzaron en mostrar.

La ley de rendimientos decrecientes puede explicarlo. Si abona su grama crece; si la vuelve a abonar, sigue creciendo; pero si continua abonándola termina por quemarse y muere. Eso fue lo que pudo pasar con doña Claudia: homenajes, condecoraciones varias, apoyo explícito e inusual de embajadas, panfletos exaltándola, exitosas estadísticas manipuladas, manifestaciones de apoyo… y, ¡zas!, terminó por saturar la mente y el corazón de muchos. Además -y no hay que ocultarlo, aunque se pretende- señalamientos graves que han sido callado o insuficientemente explicados en prensa y que algún comisionado quería apachar a toda costa (i.e. caso colegio alemán, donde tiene intereses y cuyo gobierno la condecoró).

No todos los comisionados están corrompidos. No todo es podredumbre, aunque desde fuera se señalan cosas más por interés que con razón. Muchos dicen que esto es “un atentado a la justicia y al Derecho”. Hablan -¡claro!- desde su concepción personal, sin analizar normas ni atender reglas del juego que ellos mismos permitieron y apoyaron. Lanzaron el bumerang y volvió a romperles la nariz. Seguirán quejándose de lo malos que son (los otros); de lo enferma que está la justicia (cuando no les favorece); de la corrupción imperante (sin sentirse parte de ella), y de lo polarizado del país (sin advertir que lo dicen desde una esquina) ¡Quieren “justicia”, pero ajustada a sus ideologizados intereses!