Juicio al antejuicio

“Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios, perderá ambos”

En una sociedad autoritaria o sin división de poderes, se podría considerar la figura jurídica del antejuicio para ciertos funcionarios públicos. Sin embargo no es el caso nacional, por lo que debe de promoverse un debate sobre la supresión de tal privilegio.

El antejuicio, además de generar muchas reflexiones, representa un beneficio especial e innecesario en una sociedad que promulga la igualdad de derechos y obligaciones y en la que el ciudadano es el dueño del poder legitimo y el político un administrador delegado. Además, no todos los procesos de antejuicio van precedidos de una acción judicial. Los magistrados de la CSJ, por ejemplo, deben son desaforados por el Congreso lo que se traduce en una decisión que no asegura el correspondiente criterio técnico sino el interés político del momento. Otra cosa sería que fuese un tribunal superior quien tomase la decisión. Muy importante en la discusión, es que se esgrimen razones que ponen en duda la capacidad y el criterio certero y honesto del juez que pudiera llevar el caso y se presupone que “como seguramente el juez lo hará mal”, es necesario un antejuicio antes de que aquel decida qué hacer. Si fuera así, idéntico razonamiento debería considerarse para con todas las actuaciones de los magistrados y, consecuentemente, actuar para mejorar la judicatura pero no conceder beneficios como excusa. Finalmente (aunque caben más razones), agregar que el antejuicio ha sido el refugio de muchos canallas y las instancias correspondientes están llenas de solicitudes que no se resuelven en tiempo convirtiéndose la inmunidad en impunidad ¡Razones sobran para que tal figura deje de existir!

Pero como la discusión está caliente en el ambiente, es posible que se busquen, como en toda obtención de privilegios, arreglos que cedan en aspectos formales pero no de fondo, lo que aconseja incursionar en ese escenario de propuestas. Si el antejuicio se quiere dejar -aunque sea por conveniencia política- hay que considerar varios cosas. Debe de limitarse a cargos elegidos/electos y no a candidatos durante procesos electorales. Incluso así, deberían dejarse fuera a los alcaldes, cuna de la mayor corrupción de este país. De mantenerse tal figura habría, inexorablemente, que fijar un máximo de 30 días improrrogables para que el organismo encargado de resolverlo -de preferencia judicial- lo hiciera y, transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo se considere positivo y automáticamente quede levantado. La investigación del MP no tiene que sujetarse a tal privilegio, aunque si la apertura de procedimiento. Si se trata de “no perturbar” el devenir político del “dignatario”, es aceptable que el proceso penal requiera levantar el antejuicio pero no afecte la investigación, porque de lo contrario mientras se debate su concesión se pueden anular pruebas, modificar conductas o amedrentar a testigos. Por último, habría que castigar muy marcadamente las denuncias falsas y promover que tanto el MP como el juez puedan desestimar rápidamente aquellas que no tengan contenido o estén maliciosamente formuladas, castigando a quienes se prestan a esas maniobras y gastan tiempo y recursos del Estado. Elevar el costo de la denuncia falsa haría que desaparecieran o tuvieran altísimo costo, así no afectarían con inútil asistencia a tribunales a ningún ciudadano.

Soluciones sobran ¿Habrá capacidad para adoptar la más conveniente y dejar de un lado privilegios que han marcado una etapa histórica y una forma inmoral y delictiva de actuar? ¡Esa es otra cuestión! y el Presidente parece no tenerla clara.

Salud y educación

“Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela”

Salvo desinformados o contumaces ideologizados,     ¡que los hay! , es difícil negar que los sistemas estatales de salud y educación, entre otros, son un estrepitoso fracaso. Aquel modelo soñado de atención estatal “gratuita” para todos los ciudadanos -asumido erróneamente como derecho- quedó en el baúl de las utopías.

Sin embargo, a pesar del enorme déficit en educación y en salud, el gobierno no ha dejado de dilapidar anualmente miles de millones de quetzales en esos rubros. El dinero se destina para sostener inútiles y costosos sistemas, mantener infraestructura obsoleta, mediocre e ineficiente y pagar planillas abultadas que, por medio de los sindicatos, han sido un permanente grupo de poder al servicio de la dirigencia del momento, de sus amigos y familiares.

Observando los principios que sostienen ambas barbaridades, la constitución resalta, en salud, que el Estado debe de garantizarla y velar por ella (art. 51) y que tal cometido lo desarrollará a través de instituciones (art. 94), sin especificar que tengan necesariamente que ser estatales. En educación, el texto legal es más preciso e indica que hay que proporcionarla y facilitarla (art. 71) y que el fin de la misma es el desarrollo integral de la persona (art. 72).

Es decir, se destaca que la finalidad de esos servicios es promover el desarrollo de la persona, por lo que la atención tendría que enfocarse en el ser humano. De esa cuenta, el Estado debería de buscar la forma de satisfacer las necesidades de los individuos que lo necesiten y, consecuentemente, facilitarles dichos servicios, pero no es así. No hay obligación de crear un suministrador de salud (IGSS) sino ayudar o acompañar a las personas que lo requieran, utilizando, por ejemplo, métodos alternativos, como puede ser el váucher médico. De igual forma, el Estado podría becar a las personas que lo necesiten en los colegios o en las universidades (publicas incluidas) que deseen, fijando un monto a otorgar a cada uno en función de parámetros previamente determinados: váucher educativo.

Lamentablemente, el modelo político dista mucho de cumplir la finalidad que indica la constitución: favorecer al individuo. Lo que hace, en contraposición, es subvencionar dos estructuras que han resultado un fiasco: los modelos públicos de salud y de enseñanza. Se construyen colegios, se pagan salarios magisteriales negociados por sindicatos depredadores y voraces, se costea una monopólica universidad estatal o se destina un importante volumen de recursos a una inoperante sanidad pública. El presupuesto financia instituciones ineficientes en lugar de destinar esa cantidad a implementar un váucher (de salud o educación) para que el ciudadano pueda emplearlo en el lugar que considere satisface mejor sus expectativas y soluciona mejor sus necesidades. Eso si sería un sistema generador del desarrollo personal, pero requeriría competitividad -y transparencia-, algo que no están dispuestas a asumir las instituciones públicas.

Aun en momentos de cambio pareciera que no vemos los que tenemos frente a nuestros ojos. Más de un 30% del presupuesto 2016 está destinado a salud y educación, algo recurrente todos lo años. Analice en qué aspectos es más deficiente el país y saque sus propias conclusiones.

Es preciso dejar de subvencionar inútiles instituciones e implementar otra formas. Establezcamos el váucher y promovamos la competencia, ¡a ver cuantas subsisten! Lamentablemente quienes reciben subvenciones no están dispuestos a mejorar la calidad y prefieren seguir viviendo delictiva e ineficientemente a costa del contribuyente.

Sobre derechos

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”

  

Si mi saturada memoria no me falla, creo que el primer incidente lamentable del gobierno de Pérez Molina fue el mal manejo de aquella crisis de la Cumbre Alaska, en la que fallecieron seis personas y resultaron heridas más de treinta. El origen de todo, a mi juicio, fue que el gobernante no entendió qué debía hacer para exigir que se cumplieran los derechos y no resolvió a tiempo ni contundentemente la situación.

En aquel entonces, como ahora aunque en menor medida, surgió el frágil debate sobre la artificial contraposición del derecho a la manifestación y el de libre locomoción. Sin extender indefinidamente la discusión, está claro que todos los derechos deben de observarse por igual y que no hay uno superior al otro, de lo contrario, es necesario aceptar que alguien debe de ponerlos en orden y ahí surgiría la arbitrariedad no deseada ¡Creo que es muy comprensible y sencillo el argumento!

El pasado miércoles se volvió a repetir la historia, señal de que no aprendimos. Cierta dirigencia delictiva y ladrona de energía eléctrica, decidió bloquear el paso por casi todas las carreteras del país, con la correspondiente pasividad gubernamental. Los perjudicados fuimos los ciudadanos que no pudimos transitar libremente y se volvió a cuestionar el irrespeto a los derechos de los demás y la necesidad de cumplir la ley. No contentos con los pactos sindicales, producto de la coacción y con insoportable costo económico que sale de nuestros bolsillos, hay que seguir aguantando a grupos que falsamente se denominan “campesinos e indígenas” y que responden a intereses espurios de personajes identificados -algunos ya encarcelados- y de organizaciones con fines de lucro y marcada ideología.

Determinados individuos y organizaciones deciden, cuando les viene en ganas, chantajear y extorsionar al gobernante de turno y por ende al resto de la ciudadanía que “tiene la obligación” de soportar sus imposiciones. Esos autoritarios reclaman sus derechos mientras violentan los de los demás, sin empacho ni sonrojo, todo un contrasentido que cobarde, pasiva y sumisamente aguantamos. En el fondo, golpistas que no ganan elecciones pero quieren imponerse ¡Demasiados ejemplos recientes por el hemisferio!

En el debate en redes sociales el día de los cortes, pude observar escasísimos defensores de esas acciones criminales, todo un avance en la percepción de los bochinches y un reflejo del respaldo que tienen, más allá de pagar a los asistentes o incluso forzarlos a asistir so pena de asumir el riesgo de ser agredidos o penalizados en sus comunidades ¡La nueva ola del chantaje!

Sin embargo, me sigue impresionando quienes responden agresivamente, usan el nacionalismo rancio como fondo argumentativo -como aquello de: “usted no es de aquí”- para evitar escuchar razones universales o dicen “defender a nuestra gente”, erigiéndose en propietarios de personas humildes y construyendo, con el mas rancio reflejo autoritativo, su parcela de poder.

La plaza no debió de ser únicamente para los gobernantes. Expulsados y encarcelados, se lleva actualmente una importante depuración del sistema judicial y la exigencia fiscal y penal a quienes han evadido por años impuestos que tanto empresas como particulares hemos pagado. Sin embargo, hay mas “líneas” ocultas. Queda pendiente de desmantelar, por tener cautivo al Estado en idéntica medida que quienes ya están siendo depurados,  sindicatos, grupos de presión, ciertas ONG,s violentas y criminales y la financiación que sustenta todo ese modelo.

La revolución en marcha es pacífica, pero no estúpida ni inconsciente.

Dichos de redichos

ESTA COLUMNA FUE CENSURADA POR EL MEDIO

“Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio”

La nuevalengua orwelliana se expande con el tiempo, y la moda. Aunque cada día se utilizan nuevas palabras, el esnobismo ha invadido ciertas neuronas e imprimido un peligroso giro hacia lo “políticamente correcto”, rápidamente adoptado por determinados grupos en beneficio de no se muy bien qué, pero en perjuicio de la libre expresión y de la claridad expositiva.

La creación y proliferación de lenguaje rebuscado contrasta con la incapacidad de distinguir cualificación de calificación o confundir, sin compasión ni empacho, el Reino Unido con Inglaterra, una de las naciones que lo conforman. También se confunden los números cardinales: “llegó en el puesto once” y se termina por decir que “llego el onceavo” aunque sea fraccionario y signifique una parte de las once en que se divide un todo; lo correcto sería emplear un ordinal y decir en undécimo puesto o el decimoprimero ¡Vaya atrocidad y cacao mental!

Sin superar lo anterior -básico por cierto- optamos por expresiones más sofisticadas y frescas y nos subimos a la ola de la prosapia. De esa cuenta, al negro le llamamos “moreno”, aunque al blanco no le retocamos su refulgencia con vocablo más “prudente” y menos lustroso ¡Nunca entendí la razón de esa estupidez idiomática! Creo que solamente el idioma inglés tiene dos palabras para diferenciar “lo correcto de lo incorrecto” (black y nigger) y el español, al carecer de ellas, inventa esa de “morenito”.

Otros despropósitos se suman a lo anterior. La moda, que pareciera ser ley, utiliza esa tergiversación ideologizada de “criminalización de la protesta social” para designar el rechazo a la actitud punible de tropeles vándalos y energúmenos que trasgreden abiertamente la ley. A los delincuentes, hay que denominarlos así y dejarse de tonterías. Algo similar ocurre con los presos que cándidamente se les llama privados de libertad o a los jóvenes integrantes de maras y malhechores que comenten atropellos, a quienes se ha venido eufemísticamente en llamar “jóvenes en conflicto con la ley” ¡Cómo no van a estar en conflicto si la violan permanentemente!

A esas patochadas hay que sumar la candidez con la que nos referimos al basurero: “relleno sanitario”, palabra menos “repugnante” que la original y que transmite la sensación de que se hace algo más higiénico que procesar desperdicios. La “interrupción voluntaria del embarazo”, antes denominada aborto, pretende desligar la responsabilidad de quien realiza tal acto criminal con esa fantochada de la “interrupción” ¡No digamos aquello de sexoservidoras, cuando putas ha sido la denominación tradicional y castiza!

Pero lo que me animó a reflexionar sobre tanta cursilería fue lo escrito por un tuitero: “movilidad agrupada”. Ese rimbombante término se refería a una endiablada fila de vehículos que no avanzaba por motivos desconocidos. A partir de ahora, en lugar de encontrar un tráfico indecente y obsceno sufría un retraso sustancial pero justificable: “mi amor llego tarde porque me topé con una movilidad agrupada”. Lo de apiñada viene a describir el enorme follón que representa el caos vehicular que diariamente se origina por no respetar las normas de circulación, intentar crear nuevos carriles donde no los hay o circular en sentido contrario al marcado, cuando no por la acera.

Todo ese absurdo me recuerda aquel libro de física de mi primer año de carrera cuando el autor del mismo llegaba, tras ardua demostración matemática, a no recuerdo que fórmula y lo anunciaba alegre y floridamente así: “Y ¡oh maravilla!...”

¡Definitivamente la gilipollez no tiene limites!