No es oro todo lo que reluce

Lo que el Congreso hizo -aunque suene raro- es subir solapadamente los precios de los servicios básicos que pretende proteger

El decreto 15-2020 es la legislación que impide la interrupción de los servicios básicos de agua, luz, teléfono e internet, pero aún no ha sido sancionado por el Ejecutivo, lo que  ha generado fuertes protestas de quienes ven una falta de sensibilidad en el gobierno, y ha sido usado por la oposición como elemento de desgaste político. Si yo fuera gobierno tampoco lo sancionaría, porque lo que está mal hecho no puede aplicarse; se corre el riesgo de provocar mayores males que los nobles que pretende evitar. En este caso, la mayoría de los diputados aprobaron algo que “sonaba” bien, pero sin un análisis mínimo que hubiera detectado dónde están los problemas que ahora muchos de ellos reconocen, aunque no hacen nada por cambiarlos.

No es de recibo que un proveedor de agua, electricidad, teléfono o internet -póngase en sus zapatos- tenga que pedir un préstamo y correr con el costo de los intereses para financiar un servicio que brinda, no cobra y no puede suspender. Otro contrasentido igualmente incomprensible y criticable, es que se otorgan privilegios crediticios para proveedores de agua potable -a través del Crédito Hipotecario Nacional, aunque también con costo sobre el préstamo- pero obvian al resto de proveedores citados cuya solución tácita es: “búsquense la vida como puedan en el mercado financiero”.

El decreto no prevé solución alguna para que esos empresarios tengan una salida sin incurrir en gastos extraordinarios, y cómo la ley obliga a proporcionar esos servicios y que el prestador asuma el costo extra, evidentemente será trasladado al consumidor. No hay que doctorarse en economía para comprender ese sencillo y natural fenómeno. Lo que el Congreso hizo -aunque suene raro- es subir solapadamente los precios de los servicios básicos que pretende proteger. Al final la factura será más elevada

¡Señores diputados no es responsable legislar así!, y mucho menos culpar luego al Ejecutivo de que no sanciona esa mamarrachada que aprobaron. Queriendo hacer un bien -evitar el corte de servicios básicos en momento de crisis- han conseguido un efecto colateral inverso y preocupante. Si hablan con alguna empresa y pide que analice económicamente su propuesta de ley, verán que en un espacio de tiempo indeterminado -porque no sabemos cuando durará la pandemia- deben prestar un servicio que no cobran, pedir un crédito para financiarlo y, seguramente, correr con otros gastos producto del pago diferido -de hasta doce meses- que puede proponer el cliente. El resultado final es que esos sumatorios suponen imprevistos inicialmente no contemplados en los precios, y que habrá que agregar ¿Conoce la respuesta? Se la voy a adelantar: el consumido pagará más, aunque sea en cuotas. Lo que hicieron fue encarecer los servicios por no ofrecer soluciones, tal cual pudo haber sido una subvención estatal y no este despropósito. No saben cuanto costará todo esto, porque la pandemia no tiene fecha límite; no solucionan el tema del financiamiento empresarial; culpan al Ejecutivo de un problema que los diputados crearon; usan políticamente el tema para sacar tajada de ello y, además, no se reúnen para enmendar esa legislación mal hecha.

Esperábamos que este Congreso fuese diferente. Gente nueva, diputados jóvenes, mañas “superadas”, mucha mayor preparación de la mayoría de los diputados, salida de la vieja guardia, etc., pero pareciera que de momento el pastel se cocina de forma similar. No se pueden aprobar cosas porque suenen bien, sean populistas o estén en la órbita ideológica de cada cual. Hay que leer analizar y no dejarse llevar por otros, única forma de evitar errores, como este, que compliquen encontrar la solución.

Sindicalismo en tiempos de crisis

La única manifestación de ciertas organizaciones sindicales ha sido solicitar bonos especiales por la pandemia

Se esperaría -¡Ay con las utopías!- que en momentos de crisis, determinadas instituciones que en situaciones de normalidad abogan por derechos y dignificación del trabajador, actuaran en el marco ético que proclaman en sus discursos. Se escucha constantemente a las organizaciones sindicales abogar por la justicia, la igualdad o los derechos de sus afiliados. No obstante, en esta crisis del COVID-19 se han mostrado como lo que son: grupos de presión y chantaje que huyen y se esconden en momentos de necesidad. Un líder sindical, como el señor Acevedo, que se sienta sin pudor con cualquier gobernante, pacta o negocia con no importa quién o lanza a sus huestes a las calles para parar el país y exigir subida salaria para dignificar al maestro, ahora está callado, silenciado, escondido, sin propuestas.

De entre los préstamos avalados por el Congreso, en esas cuestionadas sesiones celebradas al inicio de la pandemia, se aprobó una millonaria cantidad para hacer frente a pactos colectivos de salud y educación. Hubiese esperado que si apenas hay instalaciones adecuadas para llevar a cabo clases presenciales con un mínimo de dignidad -absolutamente ausente lo virtual- los sindicatos saliesen a proponer soluciones, pero eso no ha ocurrido. Quizá tomar las vacaciones durante abril y mayo y prolongar las clases hasta diciembre hubiese sido algo a considerar, pero el magisterio calla, aunque cobra, sin ser parte de la solución de este problema. La educación y la niñez les dan exactamente igual, como se venía intuyendo.

La única manifestación de ciertas organizaciones sindicales ha sido solicitar bonos especiales por la pandemia. Así lo han hecho sindicatos de Puerto Quetzal y de la SAT, entre otros, mostrando lo que son: chantajista y oportunistas a los que hay que confrontar con la dureza legal y moral de una sociedad a la que tienen parasitada.

En todas las crisis hay oportunidades, y esta no es una excepción. Se ven las instituciones que sirven y las que no, y en estos momentos difíciles los sindicatos no han servido absolutamente para nada. Una inútil carga económica que no debemos soportar por más tiempo. Es momento de que el Presidente ordene a la PGN la anulación de los pactos colectivos por ser perjudiciales para el Estado. No es posible seguir negociando, después de que pasemos este bache epidemiológico, con personajes que hunde el país con sus posturas y actitudes, y debemos buscar fórmulas para que no continúe el reparto del pastel presupuestario entre grupos de parásitos sociales.

A la administración anterior -como a otras- le faltó carácter para hacerlo y detuvo procesos avanzados que tenía en sus manos la PGN, al igual que en la época de la UNE -Sandra Torres concretamente- se impidió la destitución de Joviel Acevedo tras un proceso legal iniciado en el gobierno anterior. Este país está repleto de depredadores de fondos públicos. Algunos hacen lo propio aún desde prisión, otros siguen libres y al frente de organizaciones políticas o sindicales, y son consentidos.

Una sociedad moderna con presupuesto público ajustado, no puede permitirse que cada año tanto los Puertos como el Organismo Judicial, la SAT, el Congreso o las Municipalidades, por poner otros ejemplos a los ya citados, vean en el Estado un botín al que hay que sacarle la máxima tajada y quedarse con todo lo posible, porque así no se avanza ni hay dinero público que alcance.

Aunque sea un tema secundario, es momento de tomar este tipo de decisiones. No es posible que el dinero no llegue y a esos colectivos, que se excluyen de las soluciones, se les suba el salario.

Muso Ayau, economía y crisis

El hombre-masa orteguiano, no entiende ni puñeta de economía básica ni se interesa por ella, y eso le preocupaba a Muso

El constante entusiasmo que proyectaba Manuel Ayau para que la mayoría de las personas entendieran de economía -al menos lo básico- se siente más comprensible en situación especiales.

Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, en todo el mundo proliferan peticiones para que los Estados aprueben préstamos e inversiones millonarias que activen la economía. Además, se exige que no se despidan trabajadores y que las empresas aseguren el puesto y el salario de sus empleados. Algunos no entienden que al trabajador le sucede, exactamente, lo que al empresario: si un negocio no vende sus productos -porque está cerrado- es numéricamente imposible que tenga recursos para pagar salarios. Esas ingenuas reivindicaciones van acompañadas del supuesto de que como ya ganaron mucho y tienen suficiente, que de ahí lo saquen. Aunque contaran con esas inversiones millonarias que se les endilgan, no advierten que los grupos empresariales no tienen el dinero escondido en el cajón de la mesa del jefe, sino invertido en diferentes proyectos y, por lo tanto, no disponible inmediatamente. 

En los Estados ocurre algo similar porque el dinero únicamente sale del bolsillo de los contribuyentes. Es difícil que un gobierno pueda destinar cientos de millones de dólares para atender la crisis cuando el país está endeudado más del 100% de su PIB, como ocurre con los desarrollados, o no cuenta con ahorros. Es el debate que se tiene en la Unión Europea, en donde España, Italia o Portugal piden solidaridad, mientras Alemania o Países Bajos -históricamente más previsores y ahorradores- les hacen ver que podrían estar mejor si se hubieran preocupado de guardar -y no despilfarrar- en épocas de “vacas gordas”. Un viejo y desteñido debate que se dio en 2015 en la Grecia del socialista Alexis Tsipras, pero del que poco se aprendió y nos lleva a la pregunta: ¿Quién pagara todo después de la crisis?

La única manera de invertir y contar con recursos para el futuro es ahorrar, que es justamente lo que los Estados no hacen, mientras gastan más dinero del que tienen y pueden pagar los impuestos de sus ciudadanos. Cuando se está en apuros, quienes estaban acostumbrados a vivir de derechos otorgados por del Estado, exigen que el gobierno se haga cargo de ellos y continúen los privilegios, pero justamente la crisis no lo permite. Acuden, entonces, al discurso tradicional de que sean quienes más tienen -los que ahorraron- los que asuman la falta de previsión de políticos manos rotas y votantes insensatos, y que se tomen medidas especiales, pero desiguales, para conseguir una “necesaria equidad”. Tampoco comprenden que ciertos artículos suban, y piden la inmediata intervención del Estado, ignorando -también- la relación entre oferta y demanda, y su incidencia en el precio final del bien.

El hombre-masa orteguiano, no entiende ni puñeta de economía básica ni se interesa por ella, y eso le preocupaba a Muso, con toda razón. En momentos difíciles, se acude al fatal arrogante hayekiano y se pretenden milagros o acciones mágicas de líderes que, sabedores de la situación, prometen el oro y el moro en un ambiente cargado de populismo que solo conduce al borde del precipicio. En los años previos a la II Guerra Mundial, las consecuencias de la Gran Depresión y la millonaria inflación del marco alemán abrieron la puerta a Hitler. Las consecuencias ya las conocemos, pero no aprendemos nada. Muso tenía razón, pero escuchamos poco y asimilamos menos, porque nos acostumbramos a vivir acomodados mientras “cientistas sociales” nos “solucionen” los problemas. Además de economía, parece ser que tampoco entendimos muchos de democracia liberal ¡Y es que somos lo que leemos!

En torno al espíritu de la tribu

O salimos de la basura política a la que nos hemos habituado o estaremos en cuarentena mental por otros 200 años

El Congreso volvió a sus andadas, y dio un lamentable y bochornoso espectáculo. No sería nada nuevo si no fuera porque en momentos de crisis -como los actuales- las condiciones lo hacen más doloso y preocupante. Una circunstancia agravante que endurece la condena hacía personajes que no dejan de practicar la delincuencia política en cada oportunidad que se les presenta.

Me da vergüenza -muchísima vergüenza- que esos mamarrachos -no son todos- ridiculicen al país cada vez que tienen ocasión, mientras se llenan la boca con elogios a Guatemala y cómo se preocupan y trabajan por el pueblo. El país les importa un soberano pito, al igual que los intereses colectivos, el Estado de Derecho o guardar la mínima decencia con la que deberían de conducirse por la vida.

Después de convocar a sesión, comenzaron la reunión horas más tarde, con esa desfachatez e irrespeto propio del narcisista que le importa un bledo los otros. Rompieron la agenda del día y volvieron a introducir una moción privilegiada para atender la aprobación de préstamos y reacomodos presupuestarios que aumentaban dinero al PARLACEN, al Congreso, a incentivos forestales o a una esperpéntica organización: la Asociación de Dignatarios de la Nación, cuyos integrantes, y quienes los animan, perdieron la dignidad hace tiempo, sirviendo particulares y oscuros intereses.

Un “honorable” diputado, Jorge García -de Prosperidad Ciudadana-, planteó la posibilidad de exonerar de impuestos -ISR e IVA- por 100 años, a empresas nuevas que se instalen en el país ¡No hay error!, son justamente CIEN años lo que el prohombre propuso, condenando a las que ya operan en la legalidad a dejar de ser competitivas, cerrar o pagar lo que esas otras dejarían de ingresar al fisco. A esa barbaridad ética, racional, fiscal y de justicia -criticada por muchos- se unió otra, desaprobada por otros: la de dedicar unos Q1,400 millones al pago de incremento salarial pactado por el gobierno anterior con sindicatos depredadores de fondos públicos ¿En qué momento perdimos la cabeza, la razón, la sensatez y la decencia o es que nunca tuvimos mucho de todo eso?

Ese mundo surrealista se hizo más visible cuando “otro honorable”, en esta ocasión el diputado Felipe Alejos, leyó como si fuera en subasta de pescado, el texto que debía aprobarse. Con ininteligibles balbuceos, se burlaba del ciudadano que paga su sueldo y resolvía un estúpido procedimiento de lectura convirtiéndolo en payasada circense -similar a las del gobierno anterior, a lo que está acostumbrado- que en acto formal.

A mi -extranjero en este país, y por tanto no de origen- me avergüenzan esos majaderos sin dignidad ni capacidad para ejercer el cargo que ostentan, y absolutamente desapegados de la realidad nacional, pero sobre todo del país que dicen amar. El medio que publica esta columna no permite el insulto explícito -y hace muy bien- pero esos dignatarios, y quienes les dejan que campen a sus anchas sin ponerles freno, son una auténtica porquería. O salimos de la basura política a la que nos hemos habituado o estaremos en cuarentena mental por otros 200 años.

En situación de normalidad, la mayor parte de lo que salen del Congreso es criticado; en estas condiciones, en las que hay miedo y zozobra, además de riesgo de ser infectado, lo que esos individuos hacen o permiten es abominable. No todos son iguales, pero los diferentes que den cara, golpeen la mesa y señalen a quienes así actúan. No más silencio. No más permisividad. No más paciencia. No más miedo. Es momento de actuar, de hacer la diferencia, de alzar la voz y frenar a esos delincuentes con disfraz político.