Silencio cómplice

En tiempos de injusticia, es peligroso llevar la razón (Einstein)

Hace una semana tres personas fueron linchadas en Santa Cruz Barillas; otra escapó. Según recogió prensa escrita “fueron interceptados por los alcaldes auxiliares” y acusados de estafadores. Luego, conducidos forzadamente a un local, “condenados por la turba” en tiempo record, asesinados a golpes y colgados de un árbol, todo un exceso de imaginación criminal y de impunidad patéticamente invisibilizada ¿Derecho indígena o arbitrariedad totalitaria? Ni una columna de opinión reclamando la pronta justicia exigida en otras situaciones. En esta ocasión -especialmente a las plañideras habituales- les peló el tema. No reaccionaron porque esos crímenes, al contrario de otros, no generan réditos económicos ni ideológicos. Tampoco se rasgaron farisaicamente las vestiduras ni maldijeron a las empresas multinacionales o a los grupos oligarcas, porque en este caso el asesinado fue cometido por indígenas sobre indígenas, como si el racismo, la exclusión y la discriminación fuesen conductas exclusivamente interétnicas y no intraétnicas (¿olvidaron acaso el genocidio hutus-tutsis?). Callan y consienten el actuar de grupos homicidas financiados por ayuda externa -como ellos- con el único propósito de subvertir el orden, mantener el subdesarrollo e impulsar el clima de desconfianza que promueven con su politizada visión. No vimos al recién llegado y popular obispo Ramazzini utilizar su osadía y desparpajo para condenar y enfrentar a los terroristas que cometieron esos crímenes ¡Mucho ruido monseñor, pero pocas nueces! Ponga atención a su solideo que puede mutar del púrpura al rojo cardenalicio, no por la cercanía del nombramiento sino por sangre derramada en su entorno que salpica por acción u omisión, como la Iglesia clasifica los pecados o Einstein sentenció: “los que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar”.

Moderna mara imbricada en comunidades del interior que opera con todo lujo de detalle e impunidad por miedo gubernamental a abordar el tema con valentía, detener y encarcelar a los agitadores-asesinos y desvelar el juego que siguen algunas empresas que prefieren pagar y callar, sin ponderar el daño que su silencio y la falta de denuncias oportunas hacen al Estado de Derecho. Repetimos los mejores momentos del gansterismo mafioso norteamericano del pasado siglo y consentimos cobardemente esa simbiosis de terror, cada vez más patente en esta sociedad -civil y política- dormida, acostumbrada y pasiva. También lacera el mutismo encubridor de la insigne y otrora locuaz comunidad internacional y de los maleables grupos de la sociedad civil tan diligentes en otras ocasiones; menos -imposible- esperar que CICIG haga su trabajo: investigar a grupos paralelos -como esos- que promueven la violencia, el desorden y encubren la fechoría. No hay voluntad de llamar a las cosas por su nombre ni de señalar a los asesinos con la contundencia de la autoridad moral de los honestos. Pareciéramos un montón de cagones manipulados por vividores de este corrupto, amañado y tolerado sistema que paralizó a muchos hace tiempo y les hace mirar cobardemente hacia otro lado cuando se producen este tipo de situaciones, como si fuera responsabilidad de otro solucionarlas. Fui de los pocos que dedicó unas líneas a los valientes soldados agredidos en el mismo lugar por idéntica turba -o la misma- y junto con el obispo De Villa estaremos solos al resaltar estos horrendos crímenes cometidos por lugareños sobre sus paisanos, aunque permitidos y consentidos por el silencio cómplice de demasiados ¡Claro que les pela!, especialmente a los -y las- vividores de los derechos humanos, hipócritas irredentos con grave déficit de credibilidad, y cada vez más con el culo al aire.

Tierra y riqueza

Creen que el dinero lo hace todo y terminan haciendo todo por dinero

No hay populista, desbaratado ni arcaico irredento que no justifique el ladronzuelo proyecto de la reforma agraria y promueva el reparto -redistribución le llaman- de la tierra. Resumidamente: darle a cada "campesino" un trocito (nunca dicen a quién, cuánto, dónde ni cómo) para que pueda salir de la pobreza o similar justificación. Pueden repartir el mundo en partes iguales -algo imposible- pero al día siguiente ya habrá quien perdió su propiedad, no quiso trabajarla, no supo aprovechar la ocasión o simplemente la vendió. Por el contrario, surgirá el trabajador afanoso, aquel que solicite un préstamo y lo invierta o quien busque cómo producir más y mejor. En poco tiempo el mundo estaría en idéntico punto de partida. Es feudal y primitiva la creencia de que la riqueza radica en la posesión de la tierra, aún con recursos naturales. Antiguamente, contar con grandes extensiones de terreno permitía la agricultura, la ganadería y otras actividades asociadas a lo que en aquel entonces generaba riqueza. Hoy, sin embargo, los exitosos -despreciados por algunos en público y adulados en privado- resultan ser desarrolladores de ideas, creadores de sistemas operativos, de redes sociales multitudinarias o de productos de aceptación mundial. No necesitan tierra, reforma agraria ni leyes de desarrollo rural, cuestiones propias de la medieval búsqueda de la piedra filosofal. Entienden -por eso son ricos- que el emprendedurismo y la capacidad de posicionar una buen idea son pilares necesarios para tener éxito, además de practicar otros valores: perseverancia, responsabilidad, capacidad de asumir riesgos, etc.

Por aquí, sin embargo, vendedores de ilusiones pagados por frustradores de las mismas, especulan con recetas fracasadas en otros lugares. Insisten -contumazmente- en acometer una reforma agraria camuflando sibilinamente la idea de expropiación que es lo que preside el pensamiento ideologizado que les atormenta y que otros dictadorzuelos implementaron con estrepitoso y documentado fiasco. Dicen apostar por energías limpias, pero se oponen a construir instalaciones adecuadas y modernas que permitan el desarrollo de muchas comunidades, mientras roban la energía que otros producen y la venden a usuarios a menor precio, como pasa en Occidente. Es preciso buscar cómo reducir la pobreza y la forma de promover un mejor ambiente, pero no sobre la base de caducas fórmulas, intereses de mafiosos, manifiestos delitos o apaños lucrativos; la certeza jurídica de la propiedad es la piedra angular. Percibo un hipócrita discurso de los que viven de estos temas y están sostenidos con donaciones de quienes no desean el progreso sino mantener la miseria porque de lo contrario se quedarían sin discurso -ni trabajo- y necesitan seguir realizando “importantes” investigaciones sobre la realidad de las comunidades pobres del interior, la explotación oligárquica histórica y otras desubicadas bagatelas. Mientras tanto, aquellos que ponen el dinero para que eso sea posible -en dólares, euros o coronas-  habitan el primer mundo, no pagan impuesto aquí, consumen mas energía en un mes que usted en un año (Al Gore como ejemplo), se movilizan en vehículo particular con chófer huyendo del transporte público, tienen escolta policial que otros pagamos o promueve seminarios donde reúne a los que compran a buen precio para que divulguen esas ideas y como han llegado a la sesuda conclusión de que a usted le corresponde un trocito de tierra que lo saque de la miseria, aunque a ellos les interesen otras cosas ¿Sostendrían el mismo discurso entre los indígena sioux, apaches o cheyennes norteamericanos? ¡Lo que hay que ver y oír!

El costo de la autogestión

 Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio (Einstein) 

Soy partidario de la descentralización política y administrativa. Me gustaría ver muchas ciudades, municipios o departamentos que fueran autónomos, compitieran entre ellos y el ciudadano, libremente, pudiera elegir el mejor lugar para vivir, donde trabajar o abrir su negocio. La competitividad entre administraciones soberanas generaría menor costo político y ofrecería mejor calidad de servicio. Apuesto, en otras palabras, por lo que se ha venido en denominar ciudades libres (free-cities). Por tanto, la propuesta de reforma constitucional en la que se reconocen numerosos idiomas, pluriculturalidad, multilingüismo y multietnicidad, me parece -a priori- con sentido. Falta -como suele ocurrir con propuestas sesgadas- las respuestas a ¿cuánto cuesta? y ¿quién lo paga? Acepto la idea del departamento o municipio que aspiran a tener condiciones específicas organizativas y sociales: idioma propio, enseñanza multilingüe, juzgados en la lengua vernácula, etc. Dicho de otra forma, quienes deseen un modo de vida privativo, peculiar, diferente o propio -da igual el calificativo- simplemente lo pagan de su bolsillo y asumen los costos económicos, sociales, de capital humano y de oportunidad que tal decisión conlleva. Me opongo, sin embargo, a que con dinero público -de todos- se financie tal organización o se cree una suerte de infraestructura compleja y de uso grupal, de ahí que promueva la descentralización administrativo-financiera. Por consiguiente, no se trata de apoyar u oponerse a las reformas constitucionales en favor de tal o cual colectivo, sino de hacer un análisis económico de la aplicación de la norma y quienes deseen sumarse a tal proyecto lo hagan libremente, disfruten sus derechos pero asuman las obligaciones que la medida conlleva. Me temo, sin embargo, que lo que se quiere es conformar una estructura idiomático-social complejísima cuyos costos sean trasladados a quienes no la utilizan o necesitan y eso vulnera las libertades individuales. El mismo derecho reclamado por ciertos colectivos a organizarse en función de sus necesidades, costumbres, hábitos o deseos, tienen otros de hacerlo respecto de los suyos y ninguno debe de asumir el costo que representa la decisión del otro. Esta racional pero sencilla reflexión sirve para resolver otros "complejos" problemas de convivencia diaria. Si una colectividad no quiere que se modifique el pensum magisterial, no hay problema. Los maestros que así estudien impartirán clases únicamente en el espacio geográfico que lo permita y no en el resto del territorio; si no aceptan que una central eléctrica se construya en los límites municipales, ¡perfecto!, no tendrán acceso a la electricidad que allí se produce, y así sucesivamente ¡Eso es democracia!  Se trata de que quienes apuesten en una dirección excluyente y exclusiva, no deseen cooperar asumiendo ciertos costos o no guarden reciprocidad en obligaciones, reciban en la misma medida las consecuencias de sus aciertos o errores.

No hay que sentirse culpable de nada, victimizar a grupos ni cargar con responsabilidades que no corresponden. Pareciera que ciertos manipuladores desean convencer de que hay que romper la observación del Derecho para promover " derechos", una trampa en la que caer fácilmente que obnubila la razón y el sentido común. Me parece más adecuado que la confrontación, la interminable discusión o la oposición sistemática dejen espacio a la reclamada autodeterminación, descentralización o gobierno autónomo, lo que obligará -una vez el grupo asuma los gastos de tales exigencias- a reflexionar y dejar de actuar visceral e irracionalmente ¿Están dispuestos al reto o lo que realmente quieren es bochinchear y que los demás paguemos ciertos despropósitos?

La “consulta” popular

¿Dónde está el clamor a la observación internacional en esos “comicios”?

Al menos en cuatro ocasiones pregunté -en otros tantos foros- si alguno de los allí presentes presenció o tenía documentada una consulta de esas que dicen hacerse al amparo del convenio 169 de la OIT. En todos los casos la respuesta fue negativa. Se habla -en exceso- sobre la “consulta popular indígena”, pero pareciera que pocos pueden hacerlo con propiedad porque desconocen como se desarrolla el evento. Tengo la suerte de tener documentas algunas y es por ello que me permito abordar la discusión.

Lo primero por decir es que esas consultas no se parecen a lo que el imaginario social podría configurar como un referéndum. No es secreto, más bien público. Delante de la comunidad se hace cola frente a las mesas del “si” o del “no”, con lo de cohibición y coacción de la libertad que conlleva tal situación; hay mítines previos y/o posteriores (o durante) el acto, conductas que direccionan el voto e intimidan; discursos de “lideres” que promueven la decisión interesada de los organizadores; no hay censo constatado ni supervisado, sino que cualquiera puede votar; se falsifican nombres, firmas y otra forma de identificación personal (tengo el documento); activistas interesados colocan en fila a las personas, separando -en ocasiones-  hombres de mujeres, aunque luego se quejan de discriminación, machismo o racimo; banderas partidarias apoyan el evento, y un larguísimo etcétera observable cuando se analizan esas “consultas” que no reflejan la libertad de una comunidad para expresar una posición, mas bien es el resultado de la manipulación y el dirigismo de ciertos bochincheros asociados al crimen organizado, a ideologías trasnochadas o a los pagados de costumbre por ayuda internacional. En resumen, el procedimiento de consulta en comunidades indígenas, es un puro fiasco que además de no ser vinculante, tampoco guarda parámetros mínimos de transparencia, seriedad ni participación popular. Nos dieron atol con el dedo, porque así interesa a quienes negocian con ello al recibir sustanciales cantidades por resultados obtenidos. El convenio 169 expresa en el primer literal de uno de los artículos que aborda el tema, que las consultas se deberán de hacer “en particular a través de sus instituciones representativas”, que es precisamente lo que no desean esos manipuladores porque aquellas sí fueron elegidas democráticamente mediante voto secreto y representan el sentir de la mayoría, lo que anularía sus viciados propósitos de cambiar una situación legal y legítima.

Muchos de los defensores, son golpistas técnicos, quejumbrosos de todo lo que las leyes mandan o la mayoría decide apegada a los procedimientos vigentes y despreciativos cuando hay sentencias en su contra, promoviendo la vulneración de normas y el irrespeto a las instituciones, además de atentar contra la libertad del individuo. Exigen cumplir la ley, pero ellos no lo hacen ¿Dónde está la observación internacional en esos “comicios”?, algo que enérgicamente exigen cuando es nacional. Esto no es mas que el proceder de los radicales de costumbres incapaces de ganar en las urnas y que necesitan utilizar la trampa, el engaño, la corrupción, la presión o la intimidación como forma de alcanzar los puestos que la voluntad popular -que tanto reclaman- les niega. Aprendieron durante el conflicto y no dejan las malas mañas. Creen tener la razón, pero carecen de legitimidad y de humildad para reconocer que nadie los prefiere -de ahí el magro resultado en elecciones- optando por ejerce la tradicional violencia, mientras son mantenidos por otros que piensan como ellos ¡Valiente consulta popular “democrática”!

Negocios y genocidio

¡No se puede engañar a todos todo el tiempo!

De nuevo las diatribas sobre “genocidio” en el país. El debate no carece de importancia. De conseguirse una condena hay sustanciosas cantidades de dinero para ciertas organizaciones y personas en concreto -los vividores del cuento y del conflicto- así que tienen que luchar “por el pan de cada día”.  Que recuerde, hay tres casos paradigmáticos relacionados con genocidio: el holocausto judío perpetrado por los nazis, el de Ruanda (hutus-tutsis) y el conflicto serbio-bosnio. El primero fue anterior a la Convención, el segundo tuvo una condena contundente y el tercero parcial (no internacional), pero en los tres se dan ciertas características que permiten comparar y extraer conclusiones, para no hablar sobre supuestos imaginarios, inventados o ideológicamente comprometidos. El holocausto puede calificarse de étnico-religioso y supuso la exterminación sistemática de todo aquel que era judío, precisamente por el hecho de serlo. No hubo ningún nazi en el grupo exterminado ni a la inversa, ningún judío en el ejército nazi. Ambos grupos eran excluyentes. El caso ruandés fue eminentemente étnico y coincidió con el anterior en qué un clan excluía al otro; se mataba al contrario precisamente por pertenecer a un colectivo diferente. Finalmente, el caso serbio-bosnio puede catalogarse también de étnico-religioso y la persecución -sistemática- ocurría por pertenecer al bando que profesaba otra religión. En resumen, en los tres supuestos había dos grupos perfectamente diferenciados, eran excluyentes entre sí, existía una intención de eliminar a uno de ellos de forma sistemática y había causas de orden étnico, racial o religioso, es decir, se daban las condiciones que la Convención determina.

En el conflicto guatemalteco no se manifestó una sola de las características anteriores, razón por la que se elaborado supuestos extensivos del delito o lo que es lo mismo, una invención prefabricada e interesada de las condiciones y de la situación o un intento de pacto judicial. Los dos bandos existentes: el ejército (Estado) y la guerrilla estaban integrados por personas de diferentes etnias y se dieron causas religiosas, raciales u otras que permitan establecer una persecución sistemática. Se agredía “al otro” porque pertenecía a distinto bando, sin importar quien fuese la victima, el momento, la creencia, la etnia o la religión, lo que imposibilita establecer una categorización como en los casos anteriormente analizados. No se puede hablar de genocidio más que forzando la interpretación o acudiendo -como en un peritaje judicial- a definiciones como la del diccionario o la comisión de esclarecimiento histórico, ambas desechadas porque hay un convenio específico y preciso. Limitados a lo que dice la Convención -que es lo legal- de ninguna forma se puede establecer la relación causa-efecto que algunos quieren forzar. Esto no quita que efectivamente murió mucha gente de forma atroz y que haya quien abogue por buscar culpables o investigar las causas, pero de ahí a hablar con propiedad de genocidio hay un abismo que ni en el caso bosnio fue reconocido por tribunales internacionales.

Se requiere seriedad en este tema, lo que no va con los manipuladores de la verdad que verán reducidas sus ayudas sino consiguen una sentencia favorable. Declarar que en Guatemala hubo genocidio, sin ajustarse a los postulados de la Convención, sería llegar a la conclusión de que en todo conflicto lo hay y eso es una inadmisible extravagancia judicial. A fin de cuentas muchos de los que buscan “justicia” les pela las victimas y únicamente reclaman protagonismo y dinero, a fin de cuentas  ¡viles y repulsivos mercantilistas del conflicto!