Izquierda, derecha y populismo

El problema del populismo es que puede aparecer como consecuencia de una falta de planteamientos políticos mínimamente coherentes

El triunfo de Petro en Colombia ha vuelto a desatar la exacerbada pugna derecha-izquierda, con alabanzas y condenas en función de donde se sitúe cada cual. El corazón, la pasión y la emoción, vuelven a desplazar a la razón, y pareciera no entenderse mucho lo que se avecina.  

No soy temeroso de la izquierda democrática, aunque no me gusta como opción política. Gobernó en Chile -Bachelet-, El Salvador -FMLN-, Guatemala -UNE- y en otros muchos países sin que se notara su presencia ni hiciera diferencia con inútiles e inservibles gobiernos de “derecha”. Hay quienes también confunden conservadurismo con derecha o izquierda, sin advertir que el conservador puedes estar, cómodamente instalado, en cualquiera de las dos opciones, porque en ambas existe la tendencia a no cambiar formas, postulados, comportamiento y propuestas. El problema real no es ideológico, más bien obedece al continuo fracaso de los distintos gobiernos, lo que nos lleva irremediablemente al populismo. 

Los populistas, al igual que los dictadores, no son de derechas ni de izquierdas, calificativo que suelen adjudicar quienes desean extender la polarización más allá de los límites. Tienen “personalidad propia”, justamente porque carecen de ideología o se imponen a la fuerza y son simplemente personajes que recrean mensajes bien recibidos por la población de los lugares donde surgen y en los que se ofrecen como solución, o imponen la suya.

Guatemala pasa por un momento político en el que nos quieren orillar a los extremos e impedir ver más allá: o seguimos con gobiernos de “derecha” o vendrá una “izquierda” comunista, antipatria, antifamilia y degenerada, nos dicen. No hemos advertido que los gobiernos que hemos tenido no son de derecha -al menos la que yo entiendo- pero tampoco una izquierda democrática nos hundirá más en el agujero de la corruptela en que estamos sumidos. El problema del populismo -o el autoritarismo- es que puede aparecer como consecuencia de una falta de planteamientos políticos mínimamente coherentes -aunque sean ideologizados- y hacia ahí nos conducimos. Analice el espectro político nacional y advertirá que la mayoría de las opciones políticas no se definen ideológicamente, porque pretenden abarca el mayor espectro posible de votantes. Unido a lo anterior -y a la fecha- seguramente no será capaz de nombrar tres o cuatro partidos para los próximos comicios, porque la mayoría de los que tendremos como “opción” en 2023 se desconocen porque están en construcción y sus liderazgos escondidos hasta el banderazo de salida electoral ¡Así no hay ciudadano que pueda elegir apropiadamente!

En definitiva, la situación descrita y el analfabetismo político que padecemos -por decisión propia porque no emprendemos una búsqueda responsable- hace que la mayoría de ciudadanos se manejen dentro del simplismo de las redes o los comunicados de “opinadores”, cuando lo que nos falta realmente es un moderno Lutero que nos haga creer que podemos interpretar la política sin que previamente nos la digieran, especialmente en este siglo de la estupidez mediática, la concisión de lo virtual o el simplismo en la comunicación. Perdemos una parte importante del tiempo preocupándonos por la derecha y la izquierda, en lugar de prevenirnos contra depredadores de la política que encontrarán el espacio vacío que provoca esa lucha dicotómica entre opciones que son mucho más amplias que los puntos concretos a los que nos quieren conducir. 

Muchos preguntan qué hacer. Pues analice, estudie, entérese, sea responsable y opte por lo que considere más conveniente, porque el futuro está mucho peor que pensar que viene una “izquierda destructora” o se queda la habitual “derecha demoledora” ¡Venga, que ya deberíamos ser mayorcitos, y sobre todo responsables de nuestros actos!

El fin de la dictadura de la UNE

La concentración del poder suele generar previsibilidad y promueve un clima que permite mantener determinadas variables constantes

El costo de las decisiones públicas suele ser directamente proporcional a la dispersión del poder. En la medida que aumenta el número de tomadores de decisiones -políticos y partidos- los acuerdos requieren de consensos más costosos. Además, si se negocia en un marco ausente de valores éticos, todo se eleva a límites inimaginables. Esto es lo que ocurre en la política nacional.

Desde las elecciones de 2007 -podemos adelantarnos a 2003 en las que alcanzó un 20% de diputados- la UNE ha tenido poder y control suficientes sobre lo que ocurría en el país. En aquel entonces obtuvo 51 diputados y pudo conseguir el 83% del control del Congreso junto con tres partidos -PP,GANA y FRG- aunque el transfuguismo de la época hacía que la mayoría de los diputados se pasaran al partido oficial al iniciar la legislatura. En las de 2011, fueron 48 diputados, y con cuatro partidos alcanzó el 91% del control. En 2015 fueron 36 pero LIDER -escisión de la UNE- consiguió 44, lo que permitió alianzas con tres partidos para un 80% de control en el Congreso. Sin embargo, en 2019, y a pesar de contar con el mayor número histórico de diputados -52- ocurrieron dos situaciones nuevas: el siguiente partido más votado -VAMOS- tuvo 17 diputados, y mantener únicamente el 61% del Congreso suponía pactar con cuatro partidos elevando los costos si se querían porcentajes más altos. La desarticulación de la UNE y las pocas curules de la oposición, representan un desajuste importante para alcanzar mayorías en esta administración.

En el ámbito municipal ocurrió lo mismo. De 103 alcaldes en 2007, pasó a 112 en 2011 -en alianzas o directamente-, a 192 en 2015 -sumados los de LIDER- y a 108 en 2019. La UNE siempre ha tenido, al menos, una tercera parte del “poder local”. Sin embargo, la ruptura interna ha provocado que los alcaldes busquen nuevas opciones, de ahí los pactos de la ANAM con el gobierno actual y los más de Q3,000 millones concedidos para “obras públicas”. Esto es, el incremento de las transacciones políticas, producto de la atomización de partidos, requiere negociaciones más costosas. 

De esa cuenta, muchos partidos y diputados han obtenido cuotas de poder o control de ciertas instituciones -INSIVUHME- como pago por sumarse a determinadas alianzas, consecuencia de la necesidad de sumar votos para aprobar propuestas, algo que no había ocurrido antes de forma tan intensa. Agreguemos a lo anterior la perdida de liderazgos en la UNE, como Mario Taracena un operador político que logró “consensos” para modificar la Ley electoral y de partidos políticos o prohibir el transfuguismo, pero también otros que hicieron posible incrementar el presupuesto a la USAC, nombrar a Gloria Porras en dos ocasiones como magistrada de la CC -por el ejecutivo y el legislativo, y se venía la tercera-, devolverle el poder a Joviel Acevedo -que ya estaba con un pie fuera- frenar la justicia -caso Blanco Lapola- o manejar la Contraloría de Cuentas cuyo extitular es diputado de ese partido, entre otros.

La concentración del poder suele generar previsibilidad y promueve un clima que permite -como ocurre en muchos países aun autoritarios- mantener determinadas variables constantes, lo que aprovechan los ciudadanos para desenvolverse en un espacio predecible y con poco riesgo de modificación, aunque sea en malas condiciones. Cuando esa previsibilidad desaparece, producto de la necesidad de generar frecuentemente alianzas o se produce una transición hacia otra concentración de poder, surge esa inestabilidad acusada por las personas que desconocen lo que puede ocurrir en el futuro próximo y genera desesperación, rechazo, crítica y altos costos ¡Así están las cosas!

El sistema educativo público a debate

En unos años, tendremos varias promociones de analfabetas tocando las puertas de la universidad o de lugares de trabajo

El hecho de que la mayoría de quienes puedan leer esta reflexión tengamos a nuestros hijos en colegios privados, seguramente nos haya hecho olvidar la dramática situación que atraviesa la educación pública en estos años de pandemia.

Si usted ha tenido que adaptarse a colaborar más activamente en los deberes de sus hijos, aprender a utilizar el zoom o el meet y acomodar un espacio en su domicilio para recibir clases virtuales, imagínese lo que no han podido hacer cientos de miles de familias que carecen de computadora, internet y no disponen de espacio, tiempo ni conocimientos para ayudar a su prole. La mayoría del país está en esas condiciones y más de veinte mil escuelas han quedado -y siguen- desatendidas desde 2020.

El Ministerio de Educación es el más saqueado por chantajistas e inescrupulosos mafiosos agrupados en sindicatos, bajo el liderazgo de Joviel Acevedo. No es ningún secreto que todos los políticos -con escasísimas excepciones- han pactado con ese personaje y sus huestes de pícaros, quienes cada año exprimen el presupuesto y los bolsillos del contribuyente y obtienen más dinero que asignan a diferentes bonos con nombres que desatan el enojo. Este año no ha sido menos y, aunque desde Septiembre pasado dieron prioridad a los maestros para que se vacunaran y finalizar el curso 2021, a la fecha no hay una vuelta plena a clases ni se les espera por las aulas. La ministra y su subordinados tampoco se han tomado el tiempo para remozar escuelas, alistar aulas y adecentar centros educativos que se parecen más a estercoleros que a lugares de aprendizaje. En definitiva: estamos mucho peor que antes por desidia, dejadez, inoperancia y cara dura, puesto que el presupuesto se ha incrementado y gastado, incluyendo más bonos. Eso sí, no se han registrado manifestaciones ni bochinches magisteriales, ni maestros chantajistas ha amenazado con cerrar avenidas o colapsar la ciudad, como suelen hacer cuando no se cumplen sus exigencias. Es repugnante que políticos basura se sienten a negociar con un sindicalista que no merece el mínimo respeto como profesional -nunca ha impartido una clase- ni como ciudadano de un país que grita por los cuatros costados una mejora en la enseñanza pública. 

Hay que recordar, ahora que vienen las elecciones, que fue Sandra Torres quien lo reinstaló días antes de ser suspendido y despedido -que es lo que le corresponde en justicia- y que familiares de aquella resolvieron uno de los pactos sindicales que extrajo dinero del bolsillo de los contribuyentes, del suyo y del mío. De no haber sido por la señora Torres, hoy tendríamos otro modelo -o quizá el mismo con otro chantajista- pero al menos nos habríamos dado la oportunidad de salir del atolladero en el que estamos metidos desde hace tiempo.

En unos años, tendremos varias promociones de analfabetas -y analfabetas funcionales- tocando las puertas de la universidad o de lugares de trabajo, porque -¡agárrese!- los cursos escolares han sido aprobados en su totalidad, como si aquí no hubiese pasado nada. Habrá que graduar a mediocres universitarios o exigirles el nivel que la administración actual y el sindicalismo depredador le han negado.

Esto pasa por muchas cosas, pero mientras los jueces, fiscales, magistrados, diputados y personajes similares gocen de seguro médico, alimentación, gasolina, vehículo, escoltas y prebendas similares les importará un soberano pito arreglar problemas sociales que es lo que harían rápidamente si sufrieran las consecuencia de aquellos. No avanzamos porque nos dejamos manosear, pisar, escupir y, encima -como aquellas parejas maltratadas- pensamos que el político va a cambiar ¡Vamos que queremos un milagro!

El Ministerio Público del próximo cuatrienio

La relación de poder cambia en determinados momentos en función del tiempo de duración de quienes están al frente de las instituciones

La polarización, rechazo, presión y visceralidad con la que se abordó la elección de Fiscal General, ha impedido reflexionar sobre el deber ser de la “nueva” administración. Muchas personas han dado por hecho que todo seguirá igual, hipótesis razonable después de la reelección, pero no la única. Otros consideramos que hay un importante y necesario espacio para el cambio y la mejora de ciertos aspectos, porque pocas cosas tienen ese valor absoluto de lo perfecto.

De todas las modificaciones deseables que deben emprenderse, considero que hay tres de trascendencia, necesidad y urgencia. La primera, se refiere al “acercamiento” con los Estados Unidos. Si las relaciones con las agencias antidrogas y las conexas con la persecución de delitos transnacionales han sido cooperativas, no ha ocurrido así con otras afines al Departamento de Estado. Independientemente de quien haya sido “el culpable” o de las diferencias, unos, deberán aceptar que el cargo durará cuatro años más, y los otros, entender que la confrontación permanente no es el modelo deseado. Un segundo aspecto requiere replantear la política criminal en relación con, al menos, dos variables: los allanamientos y la prisión provisional. Cualquier denuncia debe ser investigada, ese es un principio irrenunciable, y de justicia. Sin embargo, los allanamientos deben de reservarse exclusivamente para aquellos presuntos autores de delitos muy graves y cuya huida tenga significativo impacto en la sociedad y/o en la investigación. Lo mismo sucede con la solicitud de prisión provisional. Si bien es el juez quien resuelve, la petición la hace el MP, y desde ahí hay que trazar principios correctos de actuación. No vale el argumento dado por algún fiscal en su momento: “es que de lo contrario se escapan”, y la práctica ejercida sistemáticamente antes, durante y después de CICIG. No importa que huyan si el delito y las circunstancias no están enmarcados en los postulados legales que justifican la solicitud. El último de los aspectos se refiere al distanciamiento judicial de la política. Desde hace años, se ha intentado -y logrado- hace coincidir tiempos políticos con judiciales y muchos casos ven la luz en situaciones político-sociales particulares; la “coincidencia” ofrece una clara lectura del propósito. La justicia tiene que emprender su propia ruta y no dejarse influenciar por diputados inescrupulosos -con graves acusaciones penales- que manejan agencias de publicidad difamatorias, de mafiosos encarcelados en USA por lavado de dinero, de expresidenciables amañadores de postuladoras, de coreanos financistas de varios de ellos, de farfollas extremistas que encabezan organizaciones golpistas, de extorsionadores fitness receptores de coimas que burlan la cárcel los fines de semana o de sibilinos y oscuros exvicepresidenciables condenados judicialmente, entre otros activistas de la corruptela. 

El MP debe enfocarse en investigar eficazmente y con prontitud, en consolidar el despliegue municipal, la desjudicialización de casos, reducir la mora judicial, optimizar los recursos de que dispone y capacitar lo mejor posible al personal para asignarles los puestos en que mejor sirvan, pero no concurrir con la política ni pactar con intermediarios que la prostituyen y manipulan.

Y eso es posible porque la relación de poder cambia en determinados momentos en función del tiempo de duración de quienes están al frente de las instituciones. No hacerlo, además de éticamente reprobable, alimentará la polarización existente que no hace ningún bien al país, y generará situaciones de confrontación cada vez más virulentas, y de resultados imprevisibles. Las oportunidades están ahí para tomarlas, y cuando no se hace, se corre el riesgo de repetir errores, con el agregado de multiplicarlos por acumulación. Nada es eterno y una buena decisión a tiempo puede evitar grandes e imprevistos males a futuro.