Ética y dinero público

Todo “gratis” porque se paga con dinero público y no hay ofensa suficiente que indigne ni ponga fin al desmadre

Seguramente usted ha escuchado, imaginado o incluso experimentado alguna vez, esa escena en la que descubre a su hijo sacándole dinero de la billetera o tomándolo de la mesa donde lo puso. Indignación, rechazo, malhumor o compasión, serían algunas de las emociones que podrían describir su reacción. Es presumible que hablaría con su muchachito y le haría ver que esa actitud no es correcta por muchas razones: pierde la confianza que tiene en él, no es una relación aceptable en la familia o incluso hacerle ver que es un delito, todos ellos argumentos que utilizaría en su determinante bronca al patojo.

Sin embargo, esa misma lógica que es universal y responde a la ética del comportamiento humano, la soslayamos cuando el dinero es público. Es más, la aplaudimos y justificamos con vehemencia, cuando no la practicamos. Alcaldes que se recetan jugosas dietas que duplican su salario, políticos que se aprueban seguros de vida y de accidentes, sindicatos que pactan bonos extraordinarios en cualquier fecha del año, instituciones que hacen lo propio -recuerde la CC- con pagas complementarias, dirigentes sindicalistas y políticos que se quedan con parte de esa negociación colectiva justificada “para beneficio de sus afiliados”, carros, celulares, computadoras…, todo “gratis” porque se paga con dinero público y no hay ofensa suficiente que indigne ni ponga fin al desmadre.

No obstante, esa doble moral entre el manejo de lo público y lo privado, aún siendo tan evidente, no nos escuece lo suficiente. No hay año ni gobierno en que la desfachatez y el abuso no se constate con suficientes evidencias como para haber cambiado hace tiempo. Vimos recientemente a la SAAS gastar una grosera cantidad de dinero en poporopos o hace unos meses comprar joyas, mentas, flores, pagar masajes y adquirir costosas lentes de marca para el presidente o su entorno. Más recientemente, se reveló como otra institución -la USAC- gastó dinero público para regalar a los miembros del consejo superior universitario botones y anillos de oro sin que haya habido indignación suficiente ni renuncias necesarias. Finalmente, el caso del hijo del diputado Lau -un exsindicalista- refleja como un vehículo oficial puede usarse un sábado por la noche -a gusto del consumidor- por el retoño de quien lo tiene asignado y con una arma en su interior denunciada como robada unos días antes ¿Que pasó?, pues que la policía tuvo que cambiar su parte original y donde “dice digo, dijo Diego” y “felices los cuatro”, porque para eso está el poder y la autoridad. Recuerde: ¡mando que no abusa, pierde prestigio!

Creo que la conclusión es clara, obvia y evidente pero también colectivamente consentida. No advertimos o soslayamos, con esa particular y laxa moral nacional, que todo esos gastos -más los onerosos pactos colectivos- salen de nuestros bolsillos, de quienes trabajamos y pagamos impuestos directos -pocos, y quizá eso sea parte del problema- e indirectos ,y que al final terminamos por aplaudir, sin “darnos cuenta”, al muchacho que nos saca el dinero de la cartera o se queda con el que dejamos en la mesita de noche.

No hay sociedad que cambie para bien cuando la ética de lo público se conduce de esa forma ni país que progrese cuando las “dignas autoridades” dispendian lo poco que hay. Muchos han olvidado el discurso de la ética y se han centrado en pedir un incremento del gasto público, sin advertir -o quizá si- que eso para lo único que sirve es para multiplicar las oportunidades de perfeccionar el robo que es realmente lo que ocurre.

¡En muy mal camino seguimos!, y sin muchas esperanzas de cambio.

La paz que no llega

 La confrontación está asegurada al transmitir rechazo, odio, ardor  o desprecio a las generaciones venideras

La firma de la paz debió ser el fin del conflicto armado interno. Años después, sin embargo, se inició una persecución judicial contra acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Es evidente, racional y lógico que quienes suscribieron la paz entendieron el proceso como el final a toda confrontación armada, judicial, ideológica y personal, porque de lo contrario no la habría firmado. No podía ser de otra forma, aunque realmente no haya sido así.

El inicio de juicios contra militares -alguno esporádico hubo contra miembros de la guerrilla- abrió una caja de pandora cuyas ondas todavía aturden. El famoso caso de genocidio -y otros- contaminó y exaltó el ambiente porque vulneró aquel pacto firmado con la esperanza de que el conflicto concluyera. El encarcelamiento de veteranos militares de avanzada edad, además de transmitir una penosa imagen sobre la detención preventiva, desgasta y, por supuesto, indigna a la institución militar y a sus integrantes que obedecieron al poder constituido y ahora sufren persecución y enjuiciamiento de algunos de sus integrantes por estar en la cadena de mando, incluso sin ser autores materiales de acciones criminales. Del otro lado, hay que entender el pesar de quienes perdieron a seres queridos porque fueron ejecutados, torturados, secuestrados o desaparecidos y desean justicia, venganza o resarcimiento ¡No importa!, están en su derecho de sentirse igualmente indignados y reclamar lo que consideran “reparador” en función del dolor que llevan consigo.

Difícil entenderlos si no se pertenece a alguno de los grupos a los que hay que añadir aquellos que sin militar ideológicamente, sufrieron las consecuencias directas o indirectas de cualquier de los dos bandos o tuvieron que salir del país por seguridad. La supuesta paz, firmada hace años, no ha llegado aún y entre reproches, acusaciones, juicios, indemnizaciones o búsqueda de marcos legales de exoneración de responsabilidad, nos hemos adentrado en el presente siglo sin que la solución aflore. Pero hay algo peor: de seguir así, la confrontación está asegurada por años al transmitir ese rechazo, odio, ardor  o desprecio a las generaciones venideras.

Si se desea que alguien culpable de haber secuestrado, torturado o asesinado colabore con la justicia, únicamente hay una solución posible: debe ser perdonado y no encarcelado. Si la parte ofendida quiere conocer el paradero de sus familiares, debe perdonar o, por el contrario el silencio será lo único que encuentre como respuesta frente a quien tiene miedo de sufrir represalias. Si el resarcimiento es un fin perseguido, encontrará igualmente reprobación general porque quienes deben pagar ni siquiera participaron en los actos. Es fácil concluir que una ley de reconciliación nacional pasa por perdonar después de confesar y colaborar para que se resuelva lo que aflige a muchos: ¿dónde están los desaparecidos?, de otro modo cualquier propuesta no tendrá el éxito deseado.

Podemos seguir negando la realidad por la que atravesamos, pero no servirá porque no arreglará el problema, además de dilatarlo eternamente con pocas esperanzas de búsqueda de la verdad y mucho de odio o venganza. Hacer las cosas unilateralmente está abocado al fracaso y seguramente generará más rechazo y provocación porque un conflicto armado afecta a todos -a cada quien a su manera- y frente al innegable dilema no es posible encontrar una buena solución aunque la menos mala parece estar clara. El perdón sin colaboración no es de recibo; la venganza o el interés solo genera rechazo. La virtud, como de costumbre, suele estar en el medio y aunque visible, pareciera estar difuminada y oculta para algunos.

Testamento en vida para Pablo

El país está lleno de “Pablos” con ilusiones y esperanzas asesinadas a diario por mafiosos inescrupulosos

Durante los últimos meses de 2018 chofereé a mi hijo de 16 años al trabajo que buscó como vacacionista en horario de 5am. a 3pm. Me causó gran impresión y mayor orgullo que estuviera puntalmente listo a las 4.30am. Durante el silencioso trayecto de madrugada y entre las cabezadas que iba dando por el cansancio y el madrugón, lo miraba y pensaba en el país que le iba a heredar.

La preocupación se acrecentaba diariamente cuando leía -entre otras muchas- noticias sobre sindicatos que depredaban fondos públicos, repartían hornos microondas entre sus afiliados o pactaban alzas salariales y horarios reducidos de trabajo para empleados públicos. Cómo la SAAS gastaba de nuevo dinero para adquirir poporopos o se nombraba diplomática en Seattle a la hermanastra de una diputada, cuya credencial más destacada es “pintar el pelo primorosamente”, similar al curriculum del cónsul en Barcelona, hijo de la vulgar y rabisalsera de Vea Canal y, curiosamente, única “periodista” invitada por el gobierno cuando se trasladó la embajada a Jerusalén.

Busqué en el diccionario la palabra más apropiada para esas conductas y encontré podrido: “Dicho de una persona o de una institución: corrompida o dominada por la inmoralidad”, y exclamé:  ¡Claro que estamos podridos! y el actuar obsceno de políticos y personajes mafiosos lo evidencia continuamente. Gobierno lleno de podredumbre que oculta y protege a personajes acusados de parricidio, asigna millonarias cantidades a amigos contratistas, gasta dinero público en lujosos caprichos presidenciales de marca o derrocha los escasos recursos disponibles. En el que hay ministros que contratan a las madres de sus hijos -¡Si, en plural!-, destrozan la cúpula policial para que la institución sirva a particulares intereses y puedan controlar la justicia y hacer lo que les venga en gana o asignan altas cantidades para pagos extraordinarios y camuflados al Presidente mejor remunerado de América latina. Diputados penalmente perseguidos y personajes huidos de la justicia que desde perfiles falsos manejados por pagados netcenteros o con vítores en redes de desquiciados y aburridas, se llenan la boca de patriotismo y hablan de “mi país” o “mi gente”, prepotentes posesivos con los que pretenden seguir manipulando a su antojo a una casta “inferior”. También, y lamentablemente, grupos de ciudadanos que con su silencio -o aplauso que de todo hay- mantienen esta situación para que las cosas no cambien y sigan en su zona de confort.

Camino al trabajo de Pablo, lo miraba y veía dormitar a un muchacho de 16 años recién cumplidos mientras me preguntaba cuántos como él igualmente llenos de ilusiones, espíritu y fe sueñan todos los días con un país sin gentuza, sin inmorales, sinvergüenzas ni extremista que matan las esperanzas de salir del autoritarismo, la criminalidad organizada, las mafias, el dedo embarrado de quien otorga concesiones, empleos y puestos públicos o la perversidad de quienes anualmente se roban los fondos estatales. En esos fríos días me prometí que sin importar lo que costara, Pablo -como muchos otros- tendría un mejor futuro en Guatemala -como se merecen- porque no voy a consentir que nadie, absolutamente nadie, mate la pasión de esos jóvenes ni apague luces de esperanza que veo brillar diariamente. El oscuro y nefasto horizonte de ahora no puede seguir siendo permanente y único ¡No hay derecho a que charlatanes inescrupulosos ni golpistas cobardes, destruyan una sola generación más!

Dicho esto -que usted puede compartir conmigo como propósito del año si lo desea- tenga muy feliz 2019, súmese a luchar activamente contra la corrupción y medite su voto para sacar a este país de la descomposición crónica que padecemos.