Lapones tropicales

¿Qué fin persiguen nuestros “amigos” lapones entregando dinero a ciertas ONG,s.?

La pasada semana las huestes de CODECA convocaron una manifestación-bochinche que terminó en un suspiro desértico. La bravuconería con la que habían planteado el bloqueo del país se disipó porque ignoraron que la ciudadanía está hasta el moño de vividores y agitadores -ellos lo son- y ya no se deja engañar fácilmente. No contentos con el robo de energía eléctrica, y el posterior cobro a los usuarios, esos personajes, como otros, reciben sustancioso dinero de cooperación. La pregunta, pendiente de responder especialmente por los gobiernos sueco, noruego y holandés es: ¿Qué esperan lograr con el financiamiento que hacen a delincuentes?

La cooperación internacional -¡dejémonos de cuentos pastoriles!- es una manera de proyectar la política exterior del donante. Los hay, como el gobierno central de España y EE.UU., que la realizan de forma interinstitucional, entre gobiernos, con planes y proyectos con los que se puede o no estar de acuerdo, pero que se suelen transparentar y rendir cuentas. Sin embargo, hay otros países, gobiernos locales (vasco y catalán, por ejemplo) y organizaciones, donantes de suntuosas cantidades a entidades particulares. En esos casos, la trasparencia está ausente y los objetivos ocultos a la fiscalización ciudadana. Pareciera ser que el ejercicio de la política exterior muta en vector ideológico o de interés e incrementa o promueve, como en el caso guatemalteco, el conflicto, el desasosiego, la criminalidad o grupos de interés suscritos permanentemente a las ofertas monetarias anuales que hacen los donantes. Debería exigirse a los receptores de esa ayuda que aclaren sus cuentas, puesto que sus acciones tienen incidencia pública. Está demostrado que, al menos, entre el 20-25% de las donaciones terminan en manos de dirigentes, aunque dicen no tener “fines de lucro”, y las convierten en un modus vivendi de dudosa legitimidad y escaso pago impositivo, siempre a costa del desarrollo de los demás.

Siéntese, respire y piense por unos segundos que fin persiguen “amigos” lapones entregando dólares o euros a, entre otras: FLACSO (más de 2 millones), Ramón Cadena y la Comisión internacional de juristas, Iduvina Hernández y SEDEM, Plaza Pública, Nómada, Casa Comal (5 millones), Álvaro Pop y su organización NALEB, Fundación Myrna Mack, ICEFI (más de 2 millones), Madre Selva, CALAS, Fundación Rigoberta Menchú, ODHAG, USAC, CODECA, MOLOJ, CUC, CIRMA, Oxlajuj Tz´ikin (Irmalicia Velásquez Nimatuj) y la Asociación mujeres Sanjuaneras (AGIMS), algunas operantes en la zona de Los Pajoques, matanza que parece olvidada y por la cual se solicitó antejuicio al diputado Amilcar Pop, a cuyo rescate aparecieron decenas de ficticias organizaciones con campos pagados en medios escritos, a las que se refirió M. A. Sandoval hace unos días en estas páginas.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre y dejar de ser pusilánimes. Esto es un atropello en red orquestado por un montón de vividores que han encontrado una forma de vida en la conflictividad que promueven con sus acciones, descalificaciones y actitudes, alentando la violencia y el subdesarrollo. Es preciso que los cooperantes dejen claro los objetivos, las intenciones y cómo gastan el dinero que reciben que sirve, entre otras cosas, para promover el pago de más impuestos, mientras sus ONG,s están exentos de ellos.

Hemos recibido en los últimos años unos 10,000 millones de dólares en cooperación ¿En qué se han “invertido”?, porque los indicadores que ellos mismos manejan dicen que estamos peor que antes ¡Como para meditar muy seriamente!

Uber paró…, ¡el taxi!

El sistema “Uber” viene a destruir el control estatal sobre servicios básicos 

La semana pasada se produjeron las primeras reacciones ante la llegada de sistema “Uber” que permite solicitar vehículos privados para transporte, a través de un software de aplicación móvil. Los taxistas se manifestaron porque no desean “competencia desleal”, aunque ellos mismos la generan al conformarse como un oligopolio, igual que los buses del transporte masivo (público).

El debate fluctúa entre la visión socialista-intervencionista y ciertos principios generales que promulga el liberalismo. Las municipalidades decidieron, con infames ansias recaudatorias, cobrar una tarifa por conceder el derecho de transportar a personas, y crearon el taxi. Los costos exigidos se trasladan al usuario que paga el servicio más caro de lo que sería sin gravámenes, y genera un incentivo perverso en el prestatario que tiende a salvaguardar privilegios obtenidos a través de un pago oneroso disfrazado de tasa, impuesto o concesión. Si llega al aeropuerto La Aurora podrá comprobar que únicamente hay taxis blancos porque ciertos “gorilas” impiden por la fuerza -no de la razón precisamente- que los “amarillos”, más baratos y solícitos, pueden ingresar libremente a buscar pasajeros.

Además de más económico “Uber” es más seguro porque ofrece monitoreo permanente por GPS, conductor evaluado por otros usuarios, evita robos al no estar identificado y se paga con tarjeta, facilitando no llevar dinero y no cambiar moneda en el país que se utilice. Esas ventajas todo el mundo las entiende, incluidos quienes acérrimamente defienden la estatización en otras estructuras del Estado ¿Habrá algo más liberal en su planteamiento? Para los ideológicamente más contaminados, apuntarles que un modelo de “economía colaborativa” de esa que proponen para cooperativas, comunidades y lugares similares

El sistema “Uber” rompe el innecesario y abusivo control estatal sobre prestaciones básicas y reduce el precio. Curiosamente es aceptado por todos los potenciales usuarios, excepto por quienes prestan el servicio y por el poder político que cobra por ello. Los mentalmente intervencionistas también aprecian pagar menos por lo que hasta ahora abonaban más, y doblegan, sin darse cuenta, su principio de que sea el Estado quien deba proveer servicios porque les tocan directamente el bolsillo.

Entendido y aceptado el modelo que se explica por si mismo al comprender fácilmente las ventajas en relación con los costos, es momento de extrapolar la fórmula a otras cuestiones. El Estado ha usurpado la potestad de ofrecer educación, salud, carreteras o transporte públicos -y otros- todo ello con alto costo y gestión ineficiente o cuestionada. Guatemala es un ejemplo de ello. Funciona lo privado y, sin embargo, no así lo público. Las universidades y colegios privados en comparación con la oligopólica USAC y los colegios públicos lo evidencian a diario, el sistema de salud o las carreteras, son otros botones de muestra. Ese cuento de que faltan recursos ya no se lo cree nadie, especialmente tras lo desvelado por MP/CICIG sobre la corrupción nacional.

“Uber” pone sobre la mesa el debate entre el intervencionismo estatal y la libre empresarialidad y refrenda la tesis de que la competencia reduce los precios e incrementa la calidad del producto. Esperemos que a partir de ahora la honestidad de quienes apuestan por la “uberización” se replique en otras esferas de organización política. Esta discusión es un ejemplo de que ciertas ideologías o formas de pensar, están fracasadas y requieren ser revisadas.

“Uber,” sin querer, paró al taxi y también paró los pelos a muchos colectivistas.

De nuevo a debate

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar”

Bajo el título “¡Justicia indígena!”, comenté en su momento que no estoy en contra de una jurisdicción indígena. Los acuerdos jurídicos deberían poder suscribirse eligiendo libremente aquella competencia que se convenga, según preferencias, filosofía del concepto denominado ciudades libres.

El Derecho constituye el marco normativo de las relaciones entre las partes y representa su garantía. Si se conoce anticipadamente cuáles son las reglas -porque están claramente establecidas- y qué acciones u omisiones pueden ser penadas con la medida que corresponda, el sujeto podrá evaluar las consecuencias de sus actos. Eso se llama previsibilidad, pero también certeza jurídica, y son condiciones necesarias, entre otras,  para la acción humana, la atracción de inversiones y el desarrollo.

Cuando las normas obedecen a la costumbre -“costumbre secundum legem”- deben plasmarse en un código escrito para que se conozcan por aquellos a quienes se les puedan aplicar. No vale dejarlo a criterio de "autoridades ancestrales" porque los conceptos de certeza y previsibilidad desaparecen inmediatamente y, consecuentemente, la garantía jurídica pretendida. Para votar por una reforma constitucional hay que conocer detalladamente el proyecto y formarse un criterio. Es preciso saber, dónde, a quién y cómo se aplicarían esas desconocidas normas de justicia indígena, y ese será el necesario escollo a superar por los promotores de la modificación.

Quienes están a favor, manifiestan que se ha aplicado con éxito desde antaño, argumento que a pesar de no estar cuantificado ni documentado -más allá de casos puntuales- puede ser aceptable. Sin embargo, también es evidente e innegable -busque en la web- que la "justicia indígena" ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos -“costumbre contra legem”- y cuyos autores, por cierto, no han sido denunciados ni perseguidos por defensores de tales derechos ni por organismos de la comunidad internacional que, no obstante, están muy pendientes cuando son violados por otros. Es más, han manifestado públicamente que los azotes no son tortura y que seguirán con ellos.

La discusión que actualmente se da en la sociedad sobre el agua, los ríos, las hidroeléctricas, las industrias extractivas, los sembrados de palma, azúcar, café y otros temas similares, genera polarización y controversias. De esa cuenta, la implementación de un nuevo y desconocido sistema de justicia -territorial- amerita un análisis serio pero, sobre todo, una explicación clara a la ciudadanía sobre la forma, el alcance, el espacio de aplicación y las consecuencias. De lo contrario, un ciudadano que desee ejercer su derecho al voto responsablemente no podrá aceptar algo etéreo e indefinido con el simple argumento de que “así ha funcionado por siglos”, lo que además de no ser verdad, genera un vacío de conocimiento que impide aplicar la mínima racionalidad.

Se corre el riesgo de que fracase una necesaria reforma judicial y, en este caso, está claro a quiénes hay que señalar de ello. Las autoridades ancestrales están obligadas a explicar y codificar esas normas -Hammurabi lo hizo en 1728 a. C.- haciendo posible que la información precisa determine el voto libre. El silencio puede entenderse como la incapacidad -o el interés- de hacerlo calladamente porque, quizá -y solo quizá- no haya un corpus normativo más allá de lo discursivo, y eso sería mucho mas grave: nulla pena sine lege.

Hay un solución a todo esto: la autoadscripción libre y voluntaria al sistema que cada quien desee ¡Asunto terminado!, pero no creo que sea factible porque la imposición -y no la justicia- parece primar en el interesado discurso.

ENADE 2016

Para poder seguir, tengo que empezar todo de nuevo (León Gieco)

Todos los ENADE generan muchas opiniones y reacciones, antes y después de que se celebren. El de este año, como otros, no ha sido diferente, desde esa perspectiva. Sin embargo, pude “respirar” algo particular y distinto a los demás.

Comenzó con un reconocimiento a la labor que lleva a cabo el MP, y su Fiscal General en particular, quien fue acogida con prolongados aplausos tanto en su intervención como cada vez que era mencionada o se destacaba la labor que lleva a cabo contra la delincuencia organizada. Hubo un llamado, con contundente reclamo, a la cooperación internacional para que deje de apoyar delincuencia, también organizada, de grupos/ONG,s que se erogan una representatividad de la que carecen y pretenden seguir humillando al ciudadano honesto con sus manifestaciones, abusos e invasiones de propiedad privada. El desarrollo no es posible -tampoco el empleo y la reducción de la pobreza- mientras vividores del conflicto continúen impunemente doblegando al país.

Se hizo un emplazamiento al gobierno para que confronte sindicatos abusivos y chantajistas que por años se han aliado con el poder y promovido onerosísimos pactos colectivos que estrangulan el presupuesto y cualquier incremento de la recaudación impositiva. A los empresarios, además de animarlos a dejar de pagar mordidas a inescrupulosos gobernantes, se les exigió -a aquellos que prefieren la trampa a la legalidad- cumplir con sus obligaciones fiscales y ayudar a incrementar la base recaudatoria con la adhesión de ese 70% que prefiere -o no le queda de otra por los costes- continuar en la economía informal.

Se habló de la necesidad de subir impuestos. Este planteamiento ha venido “flotando” en el ambiente por años y pareciera ser que hay un consenso mayor del que se pudiera imaginar en orden a considerar nuevos valores impositivos, por encima, claro está, de los actuales. Un reconocimiento a la labor de la PNC y otras entidades del Estado que proveen seguridad, fue otro de los aspectos que se pueden destacar de las intervenciones que se produjeron.

De los ENADE se ha escuchado que “terminaban al día siguiente de su celebración”. Este puede -debe- representar, sin embargo, una catarsis social necesaria en el país para comenzar a configurar el horizonte posible, alejado de la vieja política, las viejas prácticas, la violencia como fin, el descrédito como medio, el indigenismo como antagonismo o la antiempresarialidad como discurso. Es hora, y eso evidenció precisamente esta edición del ENADE, de señalar, visibilizar y apartar a quienes han hecho de la corrupción, el conflicto, el crimen y las malas prácticas una forma de vida. Es preciso enterrar un pasado que nos ancla en el subdesarrollo, no solamente económico.

Escuchar al Presidente cerrar el evento, completó esta dirección que apunta a la regeneración del país. Solicitó colaboración, consenso y apoyo desde el Congreso, con un tema muy delicado como es el de TCQ, oportunidad, según él -y que comparto- para posicionar al país en la región, promover el desarrollo y acabar con ciertas mafias que tradicionalmente han operado los puertos.

Muchas naciones, en un momento de su historia y por razones diferentes, hacen un alto y la correspondiente purga. En Guatemala están dadas todas las condiciones para que esa reflexión reconduzca el rumbo del país en la dirección correcta y “sentí” que en este ENADE el ambiente que se respiraba era, precisamente, ese: el de asumir la responsabilidad del pasado para enfrentar con ilusión el futuro. Ahora queda la acción después de la exposición, a la espera de que, en esta ocasión, se emprenda un nuevo rumbo.

El 50% más 1

Los pueblos tiene el gobierno que se merecen (G. M. De Jovellanos)

El primer debate entre los dos candidatos punteros en las próximas elecciones norteamericanas, se produjo con comentarios desiguales y diversas estadísticas sobre quien fue el vencedor. Se puso de manifiesto que aunque sea en los Estados Unidos, puede llegar a tener igual grado de chabacanería y ordinariez que aquellos que se dan en otros países. Es fácil constatar, después de lo visto, que en aquellos civilizados lugares comenten idénticos errores y que eso de las propuestas, el respeto, ciertos valores y principios, soluciones políticas, etc., terminan agrupándose en insultos, descalificaciones y señalamientos que oscilan entre lo jocoso y lo esperpéntico.

Doña Hillary memorizó sobresalientemente un guión que siguió al dedillo durante la discusión, gracias a sus afianzadas dotes políticas. Mister Donald, no se había preparado y pensaba que con sus anécdotas y su rudeza podía desarmar a una aparentemente frágil opositora. Además, se refirió a asuntos políticamente incorrectas sobre las que hay que reflexionar. Mencionó -con dispar aceptación- a las minorías latinas, a la comunidad afro-descendiente y a las mujeres. A muchos televidente esas referencias les crearon cierto resquemor oscilando entre el racismo, la xenofobia y el machismo. Lo trascendente no es que el señor Trump piense así sino que el 50% de los norteamericanos compartan esa visión.

Si la mitad de los norteamericanos -o la mitad más uno, caso de ganar Trump- tienen esa percepción respecto de lo dicho o del papel de Estados Unidos como árbitro internacional, es preciso tenerlo en cuenta. No se trata de un personaje pintoresco y aislado, son decenas de millones quienes lo votan, lo aclaman y lo pueden llevar a la Casa Blanca. Tampoco es preciso dejarse conquistar por la aparente nobleza de la señora Clinton. Los demócratas se han amparado y sostenido, por décadas, en esas minorías, para luego dejarlas abandonada durante toda su gestión. El gobierno de Obama, con las promesas incumplidas de legalización de migrantes o del fin de la intervención norteamericana por el mundo, es el ejemplo más reciente.

Colombia no ha sido diferente de lo anterior. La mayoría dijo “no” al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. El “50% +1” tiene la razón en esta forma de elegir que se llama democracia, y que muchos no aceptan cuando no comparten el resultado. En un mundo complejo y globalizado, pareciera que las estadísticas, la presión mediática y la de ciertos grupos de interés, quieren mandar más que el ciudadano empoderado, quien cada vez, con mayor intensidad, reclama su lugar en la toma de decisiones políticas. Tanto en USA como en Colombia, es interesante analizar como “lo demócratas” intolerantes de izquierda se ponen nerviosos cuando quedan -o presienten que quedarán- en el 49% perdedor. A fin de cuentas, los políticos no son nada más que la punta de lanza de lo que una mayoría de la población piensa y las elecciones un escaparate de la realidad nacional.

¿Quien gano el debate?, se preguntaban medios y audiencia. Pues, depende de la encuesta que se analice. Lo que me queda más claro es que quienes perdieron habitan desde California hasta Maine y desde Dakota del Norte a Florida, porque aquello no fue tal debate.

¿Qué pasó en Colombia?, cuestionan en todas partes. Quizá que intentar romper el estado de derecho con privilegios a asesinos o pensar que un mal menor se convierte en un bien, ha dejado de ser incompresible para una población cada vez más educada y decidida.

En ambos casos, ¡cosas de la democracia!