La calle, la plaza, el futuro

La juventud emerge y otras organizaciones exigen sus espacios

                     

El paro nacional terminó en manifestación multitudinaria perfectamente organizada y ejecutada. No se pareció a aquellas otras verdaderamente espontáneas de 2015 ni en la convocatoria ni mucho menos en los efectos residuales posteriores. Se diluyó con igual intensidad a como se activó, lo que denota esa “ausencia” de naturalidad y resalta la “planificación y conducción” de la misma. Se escucharon más voces y se vieron más organizaciones -algunas de cuestionada legitimidad- y tanto asistentes como no participantes en el evento, empujaron un lema que algunos no compartieron: no a la corrupción.

Superado el “calentón” ciudadano, producto de una clase política mafiosa y deleznable, quedan deberes por hacer. Similar indignación ocurrió en 1993 y 2015 y por falta de acciones adecuadas se repite, lo que denota la necesidad de atajar definitivamente a los sinvergüenzas. Como lo perfecto suele ser enemigo de lo bueno hay que proponer soluciones posibles. Algunos reclaman -con razón- la dimisión de los diputados que aprobaron los nefastos decretos, luego “desaprobados”. Sin embargo, no dicen que hacer con los que se ausentaron de la sesión ni muchos menos toman en cuenta que el perfil de la mayoría de los suplentes es tan poco brillante -además de faltos de honorabilidad- como el de los sujetos de sustitución, amén de otros problemas que se suscitarían por integrarse como independientes al haberse suspendido partidos como el PP y LIDER. Otros -junto con los anteriores o independientemente- reclaman la dimisión del Presidente pero a su vez objetan la llegada del Vicepresidente y manifiestan incertidumbre sobre quienes serían nombrados para relevar a ambos. Incógnitas que dan vida al dicho: el remedio puede ser peor que la enfermedad.

De esa cuenta, es mejor tomarse un tiempo de reflexión para entender que es “lo posible” y eso puede pasar por exigir -o forzar- la dimisión de diputados señalados por la justicia, con procesos abiertos y/o los jefes de bancada que son quienes aprobaron y alentaron los hechos que se critican, aunque el mensaje desde el Congreso parece ser: ¡aquí no ha pasado nada!, sigamos en lo nuestro ¡Grave error! Además, habrá que convocar a un diálogo para determinar la hoja de ruta pertinente que pasa por aprobar, al menos, cuatro leyes fundamentales: LEPP, servicio civil, reforma a la justicia y compra y contrataciones. Sin las dos primeras es imposible construir un sistema político eficaz porque la inexistente burocracia profesional deja espacios infinitos para el mercantilismo, la corrupción y el favoritismo, dominado y utilizado por sindicatos, políticos y mafiosos; la falta de reglas claras, una cancha en la que juegan con total impunidad.

¿Quiénes convocarán y se sentarán en la mesa? Esa es la pregunta del millón sin respuesta. Han aparecido nuevos actores, la dinámica es otra, la juventud emerge y ciertas organizaciones exigen espacios. Quizá haya que acudir a “notables” que supervisen el proceso, propongan acuerdos mínimos o establezcan objetivos. Y mientras se piensa en el reto que representa esta grave crisis, el Presidente elige, equivocadamente, "tirar p'alante" y hacer del suicido político su única salida ¡Lástima!

Es preciso utilizar cirugía invasiva para acabar con las viejas prácticas, salir de los desgastados y corruptos políticos, dejar a un lado el sistema patrimonialista y depredador y dar un salto adelante con prudencia y sin miedo. Puede que sea la última oportunidad, no caben viejas fórmulas y todos, sin excepción, tenemos que construir y adaptarnos al modelo por venir, o fenecer por incapacidad de acomodo a los tiempos que se avecinan. No nos engañemos y creamos que podemos seguir como antes.

Infamia patriotera

No vale con reconocer el error o pedir perdón, los diputados deben dimitir

Los acontecimientos recién pasados me recordaron que la libertad está permanentemente amenazada y pueden haber cosas peores que aquel infame “jueves negro”, aunque igual de ultrajantes. Hacía tiempo que no sentía tanto resquemor, vergüenza, rechazo y asco.

El Congreso no autorizó el levantamiento del antejuicio al Presidente, a pesar de que la comisión indagatoria dejó claro que la investigación del MP no es espuria. Al día siguiente, se confirmó que el Presidente recibía un cheque mensual adicional a su salario -el más alto de América Latina- por valor de Q50,000. El pagador era el Ministerio de la Defensa Nacional, pero el inmoral receptor era el señor Morales. A pesar de que diferentes normas legales impiden percibir dos emolumentos del Estado, el Presidente permitió que un subordinado -Ministro de la Defensa- le recetara esa grotesca cantidad en un país con indicadores económicos y sociales que dan pena, además de gente que muere de hambre, asesinada o a causa de enfermedades. El no levantamiento del fuero presidencial fue acogido por ciertos grupos con alegría inusual. Sentían un triunfo por el pleito contra Iván Velásquez y el MP. Esas ruidosas voces -moduladas por la emoción- fueron silenciándose cuando se comprobó el grosero sobresueldo presidencial.

Aun no había pasado la indignación por esas burlescas acciones, cuando los diputados, después de conmemorar solemnemente la independencia, se encerraron en otra sesión para aprobar de urgencia nacional la reducción de penas para delitos de hasta 10 años y eximir a los secretarios generales del delito de financiamiento electoral ilícito, librando al propio Presidente y a los diputados Orlando Blando y Roberto Villate ¡Más desfachatez, vileza y protección a la delincuencia es difícil concentrarla en tan poco tiempo! Por presión ciudadana, al día siguiente dejaron sin efecto lo aprobado y algunos pidieron disculpas “por el error”. La actuación fue tan grave que aunque se les perdone, hay que exigirles que dimitan de sus curules.

Quienes asustaban con que la izquierda nos llevaría a la Venezuela chavista, han resultado ser los conductores del autobús, como allí ocurrió con otro chófer. Lo que está ocurriendo en el país es un intento de golpe de estado técnico en que el poder legislativo, liderado por diputados huidos, procesados, pendientes de antejuicios, temerosos o cómplices, intentan anular el poder judicial y coopta el ejecutivo, protegiendo a un presidente acusado de financiamiento electoral ilícito y quizá de cobro de doble remuneración, amén de manifiesta inacción política. Quienes se dicen protectores resultaron ser los ejecutores del golpe y eso recuerda aquel video de Chávez en el que manifestaba que se sometería a elecciones libres y que jamás tornaría hacia el socialismo. Hoy Venezuela es una dictadura.

La impunidad es la bandera de esos grupos; el delito su forma de actuar y la exculpación posterior el remedio a esos despropósitos. Esto no es un tema de ideologías, más bien una apuesta por la decencia, la ética y principios básicos y la solución pasa por un activismo ciudadano racional, sensato y no violento. Desde la sombra seguirán queriendo llevarnos al abismo más profundo, confundiendo, canibalizando organizaciones y liderando violentamente posturas y propuestas.

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En el mes patrio, sea patriota y deje el patrioterismo para esos golpistas identificados o pierda el país de nuevo y laméntese otros dos siglos. La solución mágica que muchos piden no existe. Quizá, una mesa de diálogo para establecer la correspondiente hoja de ruta sea lo más sensato antes de actuar con pasión y olvidar la razón ¡Advertidos de lo que son capaces!

Exorcismo al antejuicio

Escribo esto antes de conocer la decisión de la Comisión del Congreso

                      

Me aturden soberanamente quienes como justificación esgrimen el argumento de que tal o cual cosa está en la ley. Es muy vieja la discusión sobre leyes buenas y malas y Bastiat dejó claro el concepto de leyes pervertidas allá por principios del siglo XIX como para que doscientos años después sigamos con la cantaleta. La leyes se hacen -positivismo jurídico- en función de muchas cosas e intereses. Viene a cuento la introducción porque es preciso retomar el debate sobre el antejuicio, añeja figura que requiere una reflexión sería y la adaptación al tiempo que vivimos.

La solicitud de antejuicio -protección especial para determinados funcionarios- tiene, al menos, dos momentos de análisis. El primero se refiere al inicio de la investigación que las autoridades judiciales hacen sobre una denuncia presentada contra la persona aforada. El segundo cuando, realizada la investigación, se debe proceder judicialmente porque así aconseja la misma. De esa forma, es posible legislar sobre el antejuicio en dos intervalos diferentes: de forma parcial que se referiría únicamente al enjuiciamiento o total -para todo el proceso- incluida la investigación previa.

A inicios de este año se planteó esa idea en el paquete de reformas constitucionales pero los diputados rápida y contundentemente decidieron mantener el antejuicio completo. De esa cuenta, a los funcionarios protegidos no se les puede investigar -y consecuentemente procesar- si no han sido previamente desaforados. Ello entorpece la labor del MP y limita la justicia.

Si el fuero especial persigue evitar la presión o persecución judicial arbitraria, no tiene sentido que la investigación previa del supuesto delito esté restringida, puesto que para nada afectaría la labor que desempeñan los aforados. Además, si se sostiene la independencia de poderes, una mera investigación no presupone un necesario enjuiciamiento. Sin embargo, se puede admitir que de ser juzgado puede afectar al cargo y, por tanto, ser aceptable el antejuicio antes de esa fase.

Otra cuestión es si el antejuicio debe aplicarse para supuestos delitos cometidos en el ejercicio del cargo o para otros que pudieron haberse consumado con anterioridad al mismo. De aceptarse esta última opción -actualmente vigente- el antejuicio puede terminar siendo refugio de delincuentes que lo buscan para detener la persecución penal, o bien, el incentivo perverso que permite delinquir y protegerse más tarde tras dicha figura. No tiene razón de ser esa opción, a pesar de ser actualmente legal.

Una reflexión más podría realizarse sobre si el proceso de antejuicio debería quedarse en el ámbito judicial o pasarlo al político. La situación que vivimos ejemplifica lo anterior. En el caso del financiamiento electoral ilícito, el TSE investiga, decide que puede haber un delito electoral y lo traslada al MP. Solicitado el antejuicio, la CSJ sobresee o da tramite y, para el caso del Presidente, aún debe ser el Congreso quien decida ¿No es suficiente que dos altos tribunales -TSE y CSJ- hayan opinado? ¿Es preciso pasar la decisión a un órgano político -Congreso- donde no se siguen criterios judiciales?

Pareciera inaudito que en un sistema republicano sigamos siendo “súbditos” de nosotros mismos; una soberana estupidez que debería preocuparnos y animar a la discusión. No se trata de suprimir el antejuicio -aunque es válido ese punto- pero al menos debe regularse de forma que se adapte a los tiempos, a la independencia de poderes y, sobre todo, a la realidad del momento. Cuando la justicia se politiza en beneficio de pocos privilegiados, algunos autores clásicos de la ciencia política se revuelven en sus tumbas al comprobar que siglos después todavía no hemos entendido lo esencial.