El pisto

Se lee en prensa: “Cancillería registra mayores gastos en viáticos”, “Ministerio de Gobernación gasta Q533 mil en helicópteros”, “Dos ministros devengan en alimentos y viajes Q1,9 millones en nueve meses”, “Comunas deben Q1,325 millones”, amén del cuestionamiento al Presidente por el gasto realizado en alquiler de avión privado para su traslado -y el del séquito- a Nueva York. Sin embargo, otros titulares subrayan que hay que aprobar préstamos millonarios para llegar a fin de año porque no hay liquidez.

¿Si falta dinero, por qué se gasta (inútilmente) tanto dinero? Los ministros pueden pagar los almuerzos de su bolsillo, como cualquier otro ciudadano; viajar en clase turista, como el resto de mortales. Los municipios hacer frente ellos mismos y responsablemente a su endeudamiento. Los helicópteros, para evitar el tráfico, deben de ser un lujo que salga de su salario y no del ciudadano. En campaña electoral no hablan de esto, aunque luego sorprenden con sangrantes privilegios. Vividores de gobiernos extranjeros animan a subir los impuestos para que tengamos una mísera y triste burocracia como son ellos mismos. Inútil pago, que reciben incapaces para realizar inservibles cosas ¡Pobres del mundo!, en lugar de tanta estupidez, suprimamos funcionarios, eso acabará mucho antes con la miseria.

¿Mojarras o pirañas?

El precio que tenemos que pagar por el dinero se paga en libertad (Louis Stevenson)

La prensa escrita destaca (y advierte) frecuentemente de algunos excesos -no todos- de políticos inescrupulosos -casi todos, ahora sí-. Ciertos ministerios gastan gigantescas sumas en comidas, telefonía, combustible, viáticos o boletos aéreos. Las municipalidades deben alrededor de Q1,325 millones “utilizados” en inexistente infraestructura y la verificación de los gastos del Congreso -en inútiles viajes y fondos rotativos- es una vergüenza de la que no escapa ningún partido. Cada día se le recuerda al ciudadano la necesidad de aprobar prestamos para hacer frente a deudas, sin promover la lógica racional de ahorrar, en lugar de despilfarrar, para afrontar esas -supuestamente- imperiosas necesidades nacionales.

El ciudadano, apático, -por eso lo clavan continuamente- se desentiende del mangoneo del dinero público, actividad que beneficia a unos pocos oportunistas vivarachos y perjudica al resto de habitantes. De entrada, habría que comenzar por suprimir la mayoría de viajes de funcionarios al exterior, ya que no aportan absolutamente nada al país. Asistir a reuniones informativas o a inservibles, prefabricados o inventados foros no pasa de ser un premio a los “bien portados” o a leales del partido en el poder y así contentar a la muchachada. Los “informes” elaborados por los privilegiados que realizan tales travesías -cuando lo hacen y los publicitan- no pasarían de una redacción mal hecha en primero primaria y, en todo caso, el país puede vivir eternamente sin la asistencia a esos “importantes encuentros internacionales”. Funcionarios de un país invitan a sus homólogos de otro y los ciudadanos respectivos de ambos pagan los viajes caprichosos y siempre fútiles en los que se hartan, liban o fanfarronean con generosos viáticos asignados para gastos ¡Pura huisachada!

¡No aprendemos! Y es ahí donde esos analfabetas políticos con cara de mojarra pero dientes de pirañas muerden sin soltar. Hay que supervisar y evidenciar a los vividores del sistema a quienes no les importa el país, aunque siempre contratan -también con dinero nuestro- a patojos chispudos que les suben al Twitter frases ininteligibles -pero siempre políticamente correctas- y oportunistas fotos para presentar o difundir lo que dicen “estar haciendo”. Somos una sociedad de brutos (lea el DRAE antes de enojarse) y así nos conducimos. Dejamos que los peores hagan lo que quieran, sin tener la valentía de enfrentar, denunciar y evidenciar a los corruptos y ladrones que ocupan cargos públicos. Murmuramos y nos quejamos entre dientes o tomando algún trago con el vecino, mientras vestimos pantalón corto, pero olvidamos enfundarnos el largo para expresarlo en el lugar adecuado: la cara del delincuente político. En eventos y reuniones todavía aparecen nostálgicos lamentos referidos a los 500 y pico años de conquista, sin advertir ni querer asumir que este año, hoy, ¡ahorita!, están robando mucho más que en el pasado lejano del que tanto se quejan, con la diferencia de que en aquel entonces ninguno de nosotros existía y ahora somos protagonistas irresponsables y sujetos pasivos -por tanto culpables- de que esto ocurra.

Algunos grupos sociales cambian porque sus integrantes quieren cambiar. Otros, por el contrario, permanecen miserables, porque así son sus miembros: nagüilones o extremadamente cobardes. Podemos pertenecer al que queramos, pero no culpar a nadie de la auto exclusión de alguno de ellos. Hablamos de ejemplo a los jóvenes, de visión y proyecto de país, mientras nos echamos en la hamaca de la ineptitud y la comodidad a esperar que otros pongan los huevos que nosotros olvidamos entre la historia y el pasado ¡Perfecto! ¡Muy digno!

Guerra de batallas

En ciertos casos, guardar silencio es la mayor mentira. No decir es igual a mentir.

Anuncié en su momento las batallas que se vendrían con el tema de las comisiones de postulación. La semana pasada un medio escrito publicó dos crónicas perspicazmente encadenadas, enlazando el tema de la postulación con un narco-operador. No tengo porqué dudar del contenido documentado, pero si mucho que decir sobre la intencionalidad subrepticia del segundo de los reportajes. En el mismo, se denuncia una reunión de decanos de diferentes universidades del país con supuestos operadores del gobierno en algún lugar de la zona 10 capitalina. El presidente de Acción Ciudadana, de quien se recogen las declaraciones, se queja de ese hecho y apela a que los rectores de la universidades se abstengan de nominar a las personas que participaron en las citadas reuniones por haber comprometido su integridad. Agrega que las universidades “deben dictar normas de conducta claras a sus decanos, para que se inhiban de participar de reuniones privadas..”, y finaliza solicitando a quienes no participaron en esos encuentros que lo declaren públicamente para preservar su condición de idoneidad. Varias cosas al respecto.

La primera, es la irresponsabilidad de hacer una denuncia, publicarla y encadenarla con temas de narcotráfico sin decir los nombres de quienes estuvieron presentes y reclamar a “los no asistentes” que sean ellos quienes lo confiesen -exponiéndose y corriendo el riesgo-. Un monumento a la ligereza y un magistral lavado de manos, a la espera de que otros hagan lo que uno no es capaz de hacer, aún contando con privilegiadas tribunas. La segunda, se refiere a la instrucción a los decanos por parte de los rectores. La constitución obliga a participar a ambos y no dice que tengan que ponerse de acuerdo, mucho menos influir. Las declaraciones, sin embargo, dan por hecho que efectivamente eso ocurre (o debería), lo que vulneraría y violaría la independencia de los decanos al ser instruidos por sus respectivos rectores. Algunos parecen ignorar que en muchas universidades se respeta, afortunadamente, la independencia de criterio de cada quien -como debe de ser- y no hay puestas en común previas ni directrices a seguir. Si ello es tan trascendente como se indica, lo que el entrevistado debería de hacer es denunciarlo ante el MP para que abriera una investigación, con el riesgo de que quien calla los nombres de los reunidos fuese acusado -si hubiera lugar- de omisión por no haberlo hecho en su momento.

Estamos demasiado acostumbrados a las bolas y a tirar la piedra y esconder la mano. Se acusa, se señala, se corre el rumor, se enlazan historias y, finalmente, no se abren procesos judiciales ni se expedienta a nadie. Da la sensación de que, además de relatar lo sucedido, se pretende hacer oposición política (¿sería ese el propósito real?), enlazando un hecho con otro extensamente documentado y relacionado con el narcotráfico. El ejercicio periodístico requiere de ética y de responsabilidad y el ejercicio de la función publica, también. Por un lado, proponen a algunas al premio Nobel, para hacerle crecer el CV (más adelante buscarán doctorados honoris causa). Por el otro, intentan cuestionar la legitimidad de lo existente previa suposición, rumores o información no contrastada o verificada -puro estilo CICIG-. Una lucha de poder es lo que subyace en el fondo y el protagonismo irresponsable lo que más abunda. Aquí nadie quiere justicia mas allá de que aquella cumpla sus deseos o intereses a cualquier precio ¡País de bolas!, pero también de insensatos.

Dije digo. Digo Diego

En un arranque de franqueza o de distracción, el nuevo comisionado CIGIG reconoció que sus antecesores (y asesores) hicieron las cosas con las patas. Enseguida le corrigieron la plana y le hicieron ver que no puede decir esas verdades, menos a voces. Si antes teníamos dos comisionados metepatas y entrometidos, ahora el tercero que pareció haber comenzado bien, se desdice y encamina al rumbo de los anteriores ¡Jodida la “comunidad internacional”! incapaz de encontrar a alguien medianamente cuerdo para pilotar esa nave de alienígenas que se llama CICIG.

Los jueces son, pero no son. Decimos, pero no afirmamos. Fueron rumores, pero no todo lo rumores que deberían haber sido. La información no era verificable, pero verificamos la que podemos. Esto es una suerte de cantinfladas que hacen llorar no de risa precisamente y perdón porque don Mario hacía reír y tenía profundidad humana. El mensaje final, para quien quiera descriptarlo, es que seguiremos con las mismas pendejadas y la prepotencia acostumbrada. Venga quien venga, esto no hay quien lo enderece ni tiene solución, algo así como el modelo de la PNC, la eficiencia gubernamental o la honestidad de los diputados ¡Volvieron a cagarla!, es lo único cierto que queda después de estos dimes y diretes.

¡A tu salud!

No he cometido ningún delito, lo que hice fue no cumplir la ley (Jennifer López)  

Mientras la actualidad informativa y los esfuerzos del gobierno parecen centrarse en promover negociaciones con grupos irregulares de mafiosos no representativos en diferentes comunidades de Barillas, ciertas transnacionales hacen de las suyas irrespetando el marco legal nacional y eluden cumplir normas que siguen los demás. El resultado se traduce en competencia desleal, irreverencia procedimental e impago de la sanción correspondiente.

Un expediente del departamento de regulación y control de alimentos del Ministerio de Salud, relata como la entidad Industrias del Atlántico S.A. incumplió el requisito de solicitar el correspondiente permiso antes de comenzar una campaña publicitaria de bebidas alcohólicas. Al ser denunciada y tras reconocer que la norma no se observó, propuso retirar parte de la publicidad y aseguró que procedía a suspender la campaña. Sin embargo, unos días después el mismo organismo constató que no era cierto y que la valla publicitaria que sirvió de prueba seguía en el lugar "haciendo notorio el espíritu de infracción". En ese momento, el departamento del Ministerio de Salud, en vista de que la empresa anunciadora de Brahva presentaba pruebas falsas y no había cumplido el compromiso adquirido, impuso una sanción de algunos cientos de miles de quetzales

Ciertas empresas -esto es algo antiguo- incumplen normas creyéndose con derecho de pernada a modo de barones feudales o llevan a cabo políticas de hechos consumados, bajo la premisa prepotente de que más vale pedir perdón que permiso. Cualquier acción del ser humano -la empresarial es una de ellas- debería estar precedida o en paralelo con la correspondiente actuación ético-legal para encajar en un mundo competitivo y sujeto al Derecho. El término "república bananera" se remonta a la época en que ciertas transnacionales del ramo reclamaban el intervencionismo norteamericano en países como esté para imponer la razón comercial aun con sinrazón legal. Aquello, suficientemente evidenciado en documentos desclasificados, se proyecta hoy de forma diferente, aunque con similar efecto. Algunos magnates, CEO's o gerentes mienten o creen estar por encima de la ley y la vulneran con toda suerte de lujo, despreciando la legalidad pero también a la sociedad que la observa, sostiene y cumple. Por sí fuera poco, en demasiadas ocasiones y abusivamente exigen la destitución del funcionario que enfrenta a esos grupos todopoderosos que se creen intocables porque piensan que las cosas se pueden seguir haciendo a la "Brahva" como la costumbre histórica de acudir a los golpes de estado ilustra ¡Nos llega!

Aspiramos a una sociedad moderna que no debe de permitir este tipo de abusos ni reír la gracia a listillos importados con ínfulas imperialistas que intentan mañosamente burlar procesos y generar descontento entre productores y distribuidores del gremio con problemas que ellos mismos ocasionan con su actuar. El caso de corrupción en India de la matriz Anheuser-Busch InBev’s es un precedente y un hecho a evitar. Un país moderno respeta el Estado de Derecho y exige el marco de competitividad que el resto observa. A los funcionarios que enfrentan estos embates poniendo en riesgo su empleo, hay que apoyarlos, destacarlos y premiarlos. Promover desarrollo, generar empleo y ensalzar la empresarialidad, en modo alguno es compatible con el engaño, la mentira o inobservar procesos legales. Antes bien, el ejemplo, la honesta gestión y el emprendedurismo se demuestran exactamente con actitudes contrarias. De momento un juez local los ampara, carta común bajo la manga. Veamos si el PGN actúa o cierra el expediente sin el pago sancionador tras alguna "negociación habitual" ¡Salud!

El tal conflicto

Conflicto (RAE): 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. En Barillas no hay conflicto. Lo que se persigue es la imposición de una voluntad minoritaria a través del ejercicio de la violencia extrema y del miedo. Un caso similar: el país vasco y la actuación de la kale borroka, suerte de terrorismo de baja intensidad o guerrilla urbana que sacudió España. Parte de la cooperación internacional y aprendices de matones vienen precisamente del norte español y no sería de descartar que hayan importado esos finos procedimientos.

Permutan violencia criminal por prebendas políticas, enmarcados en la nula legitimidad que consiguieron con votos democráticos. Asesinos o terroristas que no están dispuestos a asumir su responsabilidad y negocian su impunidad sentando en la mesa a gobiernos débiles. La ley no se negocia, ¡se cumple! Esa lección aprendida tras la desarticulación de grupos terroristas europeos es la herencia de muchos asesinados y masacrados.  Los gobiernos que acabaron con el terrorismo europeo fueron los que no negociaron, hicieron cumplir las normas y castigaron a los culpables. Aquí, más papistas que el Papa y creyendo inventar una nueva técnica de "solución de conflicto", se bajan permanentemente los pantalones judiciales antes esa chusma ¡Luego no se quejen! Lleven vaselina y escriban su propia y triste historia.