¡Basta ya de cuentos chinos!

En unos años el mundo puede estar “controlado” por una China que está tomando el control

China provoca reacciones variopintas según el lugar del mundo y el enfoque desde el que se analice. Por aquí hay voces que proponen romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con el gigante asiático alegando que ese enorme mercado es más propicio para comerciar y para ello ponen el ejemplo de países vecinos que tomaron tal decisión. En el análisis excluyen la valoración política y la geoeconómica porque se visualiza a China como un país políticamente comunista pero “capitalista” en su economía y ese error conceptual permea el resto del estudio.

China es una gran industria de 1,500 millones de obreros y empresas cuyo gobierno pone a trabajar metódicamente en función de intereses políticos y expansionistas. Adquiere deuda externa de países y crear dependencia a futuro, provee préstamos millonarios que hipotecan de por vida al deudor, produce más barato que cualquier competencia porque no hay libertad económica ni empresarial y el gobierno decide salarios y márgenes comerciales. En el fondo: planifica la conquista del mundo con una adecuada y eficiente herramienta: la geoeconomía.

La mayores reservas de dólares -18% del total mundial- están en China y suman más que las Japón, Suiza, Arabia Saudita y Rusia juntas. Es el principal socio y el país con el que los Estados Unidos tienen el mayor déficit comercial. Desde 2009, China -2ª economía del mundo- ha promovido un nuevo colonialismo en África lanzándose a la compra de las materias primas de dicho continente y convirtiéndose en el principal y estratégico socio comercial africano, lo que algunos interpretan como una “adquisición” progresiva que generará dependencia. China, además, desea crear su propio “internet”, es pionera en producción y exportación de tecnología y destaca en marcas de telefonía celular que lideran parte del mercado.

El mayor error en los análisis que se hacen de China es soslayar que es una dictadura, lo que debería impedir establecer comparaciones con economías capitalistas. La libre empresa, la legislación antimonopolios, la libertad de producir y consumir y el Estado de Derecho, entre otros, están ausentes en el Estado chino, cuyo gobierno direcciona según su interés las relaciones comerciales y la producción de bienes y servicios con la idea de acaparar mercados y liderar el mundo.

Si analiza las decisiones de los diferentes congresos del partido comunista de la extinta Unión Soviética, observará como desde el Estado se programó -en su momento- como geoestratégia la expansión del comunismo, lo que incidió en el mundo de diferentes formas de las que en el continente aún conservamos Cuba y las secuelas de las guerrillas centroamericanas. El sistema chino de planeamiento es exactamente igual pero con vectores de intervención económico-financiera en lugar de político-militar porque la geoeconomía es un arma más sutil que la geopolítica y mucho menos comprendida por quienes obvian valores democráticos y pierden el tiempo con inapropiadas equiparaciones de cuestiones antagónicas.

En unos años el mundo puede estar “controlado” por una China que está tomando el control -directo o indirecto- de muchos países a través de la compra de deuda externa, prestamos diversos, relaciones comerciales, diferentes inversiones y como peor escenario, con el anclaje a una tecnología que desbanque la occidental, por ahora todavía líder. No es por la vía de la legislación proteccionista que se debe acometer el tema sino por la de exigencia de libertad, valores democráticos y principios jurídicos esenciales. Algunos pensarán que es un escenario catastrófico, pero si coloca los números sobre la mesa, el ritmo de la acción, la geoeconomía como arma y la dirección política y social centralizadas en el Estado, quizá concluya que todo es posible.

Incorrecta dicotomía

A la USAC le correspondería  para 2019 un aproximado de Q1,900 millones  y al Ejército Q4,319

Concurrentemente con el debate del presupuesto para 2019 se ha generado una dicotómica discusión respecto al monto asignado a dos instituciones monopólicas: la USAC y el Ejército. A la primera, no se le asigna -de ahí la protesta- el 5% constitucional sobre los ingresos ordinarios del Estado; al segundo, se le incrementa una millonaria cantidad que parece no estar justificada. Los comentarios se enturbian cuando los más osados contraponen -equivocadamente a mi parecer- el aumento en uno con la reducción en la otra. En todo caso hay dos certezas en este disputa. Una, que la Universidad no cuenta con el porcentaje constitucionalmente asignado ni la institución armada con el 0,66% del PIB recogida en los Acuerdos de paz. Otra, que ninguna de las dos transparenta el gasto y, por tanto, la fiscalización se hace compleja. Al todo hay que sumarle la falta de dinero para los diferentes reclamos y la pitanza que del erario se hace anualmente por instituciones, políticos y grupos de presión.

El debate se ha aprovechado -¡que bueno!- para solicitar algo que ningún político ha hecho jamás: pedir transparencia y fiscalizar el gasto público que hace la única universidad estatal, similar a lo que se ha estado haciendo desde hace años con el Ejército, aun sin el éxito deseado. No es posible que paguemos impuestos y desconozcamos el detalle de cómo se gastan. Sin embargo, lejos de encontrar eco con la solicitud de accountability se han escuchado voces derivando el discurso hacia otra dirección, propias de quienes exigen derechos pero no están dispuestos a cumplir con responsabilidades, algo ideologizado a lo que nos tiene acostumbrados determinados grupitos.

Es aceptable que exista universidad pública pero no “única”, porque supone un monopolio educativo estatal que es exactamente lo que la propia entidad educativa combate en otras áreas de la vida, como por ejemplo los negocios o las empresas. Lo ideal sería contar con varias universidades públicas y privadas y generar competencia y consecuente calidad y reducción de precios para los usuarios. De igual manera, habría que ir pensando en otorgar las becas a los alumnos -la demanda- y no a la USAC -la oferta-  de forma que cada estudiante becado pudiese elegir libremente la universidad -pública o privada- en que desee estudiar, lo que optimizaría el sistema al generar competencia que incidiría en mejorar la calidad educativa. Lamentablemente no se hace así y el monopólico universitario estatal marca las pautas con financiamiento fijado en ley pero sin compromiso de mejorar la calidad porque tiene asegurado el ingreso. Un claro despropósito fácil de comprender pero difícil de revertir.

De momento, y hasta que no mejorar la “lógica” distributiva del presupuesto, a la USAC le correspondería  para 2019 un aproximado de Q1,900 millones -interpretación legal sobre “ingresos ordinarios”- y al Ejército Q4,319 millones -Acuerdos de paz- cifras que responden a amarres presupuestarios negociados sin mayor fundamento racional. Los presupuestos no deberían estar prefijados sino debatirse en función de necesidades y resultados y siempre en un marco exigente de transparencia. Nada de lo anterior ocurre -ni se ve venir- porque se está mas cómodo sin tener que aclarar preguntas sobre compras y gastos y asumir responsabilidades por ello. Es -como siempre ha sido- una inútil y perversa lógica que la mayoría de los beneficiarios están dispuestos a aceptar por las ventajas que obtienen y pagamos el despilfarro y la falta de ética política y administrativa que alimenta la corruptela y genera una extensa red de aprovechados y vividores de un nefasto y colapsado sistema.

¿Es así cómo queremos cambiar el país? ¡Eso no se lo cree nadie!

Amistades muy peligrosas

El interés general ha quedado relegado al particular del político quien sirve a terceros anónimos

En 2015, la CICIG publicó un informe titulado “Financiamiento de la política en Guatemala” en el que presenta un gráfico que atribuye a élites empresariales, asociaciones empresariales y financistas individuales un 25% del financiamiento para las campañas, un 50% a constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas y un 25% al crimen organizado. Si valida lo anterior y “reparte” los porcentajes entre los epígrafes citados, observará que el 25% del tercer apartado -el crimen organizado- es el mayor de todos, y si desde aquel entonces se ha enjuiciado a personas que aportaron dinero de origen lícito y se ha desarticulado, en parte, el club de extorsionadores políticos que cobraban por adjudicar obras públicas, conceder proyectos o contratar plazas fantasmas, resulta que para el proceso electoral del año próximo únicamente queda, como origen de financiamiento -sin persecución por ahora-, el crimen organizado. Considere que constituirá el mayor porcentaje relativo y comprenderá la gravedad del riesgo que se avecina.

El financiamiento electoral por el crimen organizado -narcotráfico incluido- se ha producido, en mayor medida -también lo explica el informe- en Municipios y Departamentos. De esa cuenta el escenario más probable para los comicios del 2019 será que dinero procedente de esa clase de delincuencia -ilícito por tanto- financie a alcaldes y diputados que, por falta de medios e infraestructura, escaparán del control y de la fiscalización y desde lo local influirán en la política nacional. El TSE, con más voluntad que acierto, deberá aplicar una normativa nueva y un tanto extrema que dificultará enormemente el debate entre candidatos, así como la publicidad en medios, ya que la dureza de las medidas sancionadoras son de tal enjundia y subjetividad que posiblemente la mayor parte de medios prefiera quedarse al margen antes que entrar a colisionar con lo que ni siquiera los magistrados del tribunal electoral tienen claro. Observará que hay grupos que difunden el mensaje de que no habrá “elecciones libres por cooptación del TSE por parte de CICIG” y se preguntará qué puede haber detrás. Si comprende el escenario descrito, la respuesta aflora: hay quienes desean una elecciones sin fiscalización por parte del TSE porque así podrán ser financiados por grupos cercanos al crimen organizado y continuar con el manoseo desde la política.

Comenté hace unas semanas que el poder político real hace tiempo que no está el Ejecutivo ni en el corrompido Congreso, es el poder local el que batea sostenido por financistas anónimos. Los ciudadanos hemos asimilado que hay otra forma de hacer las cosas sin pagar favores o comisiones y a los financistas les ha quedado claro que deben atenerse a reglas más exigentes de transparencia y no pagar chantajes. Sin embargo quienes no han aprendido nada, ni están dispuestos a hacerlo, son políticos mediocres: alcaldes y diputados, particularmente distritales, anclados al modelo de financiamiento procedente de dinero mal habido y que apuestan por administrar lo público de manera ventajosa para perpetuarse en el poder -con cualquier partido- y no tener la necesidad de transparentar la identidad de los donantes ni mucho menos el origen de los fondos, la mayoría procedentes del crimen organizado.

El interés general se relega al particular del político quien sirve a terceros anónimos y corremos el riesgo de que sean los protagonistas en el proceso electoral venidero. Sobran ejemplos publicados en el citado informe y aquellos evidenciados por investigaciones en prensa sobre como diputados están relacionado con el narcotráfico y qué papel juegan en este rompecabezas del que poco o nada se entiende y menos se quiere saber. Los cambios drásticos pueden enlodarnos más.

¿Explicar, justificar, entender?

A ciertas sociedades en conflicto les resulta difícil superar momentos históricos complejos

El asunto de las “ejecuciones extrajudiciales”, ocurridas hace más de una década y desempolvadas la pasada semana por el MP/CICIG, ha generado una sórdida guerra fría, un silencio ensordecedor con impacto local e internacional. Es difícil abordar el análisis sin ser percibido como defensor o acusador -a favor o en contra- según el “bando” de quien lo interprete, si es que existen tales grupos. El debate se mantiene en un disimulado equilibrio inestable mientras se esgrimen variados argumentos que pueden colocarse en ambos platillos de una imaginaria balanza.

Hay quienes consideran que el señalamiento no ha lugar porque el delito del que se acusa es materia juzgada y no puede perseguirse de nuevo, y están los que identifican aportes que no habían sido judicializados con anterioridad y estiman que existe causa penal. También quienes argumentan que la persecución no es tardía porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, aunque en su momento con el genocidio reprocharon justamente el retraso interesado por años, y aquellos otros que se preguntan por qué no denunciaron esos delitos en 2007 si desde entonces existen los testigos y los peritajes forenses. Algunos avivan la tesis de que, como hay una persecución contra CICIG por parte de ciertos sectores y del gobierno, el caso aparece justamente en una coyuntura que viene a politizar la justicia para obtener ventaja; otros, sin embargo, aducen que en justicia no hay momentos. Encontrará seguramente más razones para poner en cualquiera de los platillos de esa balanza ficticia. De una parte, pareciera que hay una explicación injustificable, de la otra se aprecia una justificación inexplicable, todo en un contexto difícil de interpretar, digerir y asimilar. La coyuntura, además, genera más preguntas que respuestas y excita los ánimos ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿O habría que preguntarse: cuánto de razón tiene cada quien?

No nos rasguemos las vestiduras, aunque percibamos motivos aparentes para ello. Osama Bin Laden fue vaporizado por los USA al mejor estilo orwelliano, el gobierno ruso intentó asesinar al espía Serguei Skripal en Londres y el periodista Khashoggi estrangulado, descuartizado y desaparecido en el consulado saudí en Estambul, amén de otros casos. Si en Guatemala se hiciera una consulta sobre la aceptación de la denominada “limpieza social” puede que el resultado sorprenda ¡No nos engañemos! Es la contraposición entre violencia y autoridad descrita por Michael Oakeshott en “Lecciones de historia del pensamiento político”, quien agrega: “nada de lo que los hombres han pensado o hecho será inteligible si no es tomado en su propio contexto y bajo sus circunstancias”. No justifico conductas pero diferentes países han tolerado actuaciones que se consideraron “aceptables” frente a situaciones especiales de inseguridad. Duro de entender, fácil de explicar y real como la vida misma.

A ciertas sociedades de postconflicto les resulta difícil superar momentos históricos complejos. Se ha  propuesto como “solución” el olvido -borrón y cuenta nueva-, leyes de punto final, leyes de memoria histórica o justicia transicional, todas cargadas de la parcialidad propia de quienes lideran los procesos porque las rencillas o las injusticias permanecen por generaciones y peor aún, son tomadas como bandera de lucha por muchos que no vivieron aquellos instantes pero impregnan el problema de emotividad y pasión más que de razón y conocimiento, lo que genera más tensión. Dicho lo anterior, me quedo con la mitad -y solamente la mitad- de la frase atribuida al militar y condestable francés -siglo XIV- Bertrand du Guesclin, y modifico la segunda parte como sigue: “No quito ni pongo rey, pero me preocupa lo que pasa y el impacto que tiene”.