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lunes, 25 de marzo de 2013

Cara y cruz


La mejor victoria es aquella en la que ganan todos

El inicio del juicio contra los ex generales Ríos y Rodríguez está dando mucho que hablar, como era de esperar. El pleito en cuestión está cargado de ideología, revanchismo, solicitud de justicia, posicionamiento de personajes, ayuda internacional, presión mediática y un etcétera tan largo como oscuro y confuso. Muchos lo han definido como un caso “histórico” y no precisamente un caso judicial, como quizá debería ser. Las peculiaridades se hicieron presentes desde el primer día. Los acusadores criticaron la estrategia de la defensa por cuanto pretendía dilatar el proceso, ¡nada nuevo en el país! Es exactamente lo que hace CICIG con casos emblemáticos: retenerlos para evitar llevarlos a juicio y arriesgarse a perderlos: Valdés, Pavón, etc., artimañas jurídicas que pueden parecer abusivas, pero que continúan siendo legales y todos utilizan. De hecho, el MP esperó años hasta que Ríos Montt perdió su condición de diputado y comenzó el juicio con el inicio del nuevo gobierno ¿casualidad u oportunismo político?, sin embargo ahora la dilación se critica. Destacar, en esa línea, cómo el juicio previsto para el mes de agosto fue adelantado a marzo, justo antes de la Semana Santa que siempre es un buen amortiguador de problemas. La defensa, por su parte, alegó no poder ejercer su derecho puesto que le vetaron pruebas y peritajes propuestos.
La presidenta del tribunal también tuvo su estrellato. La magistrada Barrios -¡casualmente protagonista del caso Gerardi!- expulsó a uno de los abogados que quería tomar la defensa en ese momento y “ordenó” a otro que defendiera a Ríos Montt, a pesar de que el letrado manifestara no querer hacerlo. Algunos lo han visto como un ejercicio de autoridad del tribunal, otros -ahí me sumo- una acción ilegal que podría servir de base en el futuro para pedir la nulidad del proceso o acusar a la jueza de abuso de autoridad. No hay sustento legal para ordenar a un magistrado particular defender a alguien que no desea, otra cosa hubiese sido nombrarle un defensor de oficio, pero la señora jueza con su ímpetu -cuando no atolondrado berrinche- optó por esa decisión.
Dos estrategias enfrentadas. Los acusados pretenden dilatar el proceso y quienes están detrás de los acusadores, desean una sentencia a como dé lugar. Lo importante es conseguir una condena rápida. Con ella demostrarían al “mundo” su “razón” y recibirían dádivas y felicitaciones por doquier. Una vez sancionados, seguro habría apelaciones, pero eso no es trascendente. Recordemos que Portillo lleva absuelto casi dos años -aunque sigue en prisión- y no se resuelve su apelación sin que la demora y el retraso sean comentados u objeto de información. La estrategia final es poder hacer una foto con los generales encarcelados que de la vuelta al planeta. El propio mundo se encargará, más tarde, de olvidarlo todo y aunque queden libres en segunda instancia, lograrían el objetivo inicial que es el que proporciona fama efímera, dinero inmediato y “razones” para continuar. A fin de cuentas este es un país cortoplacista y eso se refleja en todo. Hablar de justicia, en este caso, tiene escaso sentido. Muchos observan un espectáculo sin saber muy bien donde están los payasos, los saltimbanquis, el domador de leones o la mujer barbuda. Como en todo show, lo importante son las sorpresas, los globos y los caramelos que regalan a la salida, y los gritos estridentes cuando el trapecista parece caerse. Faltó el puestito de atol en los intermedios aunque usaron el dedo. Paripé mediático-oportunista que luego se trueca por justicia ¡Así nos va!

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