Criminales “criminalizados”

Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad (Goebbels)

Algunos llevamos tiempo denunciando -otros obviándolo- cómo delincuentes profesionales se dedican a agitar masas en el interior so pretexto de no explotar los recursos naturales, nacionalizar la energía, expulsar a las transnacionales y similares despropósitos. No es nuevo. Ha sido, y es, la burda forma tradicional de movilización “social” de regímenes de corte “revolucionario” de épocas pasadas. Así actuaron los grupos insurgentes. Tratan de contar -en apariencia- con algún motivo medianamente comprensible, aunque el trasfondo -diferente e interesado- sea realmente el propósito final. De esa guisa, se sostienen los movimientos anti hidroeléctricas en Huehuetenango, denunciados por los COCODES, legítimos representantes comunitarios; el ninguneo a la corporación indígena de Sololá; la falta de detenciones de criminales señalados y con orden de captura en Barillas, la permisividad con los ladrones de electricidad en San Marcos o la libre actuación de asesinos  anticementera en San Juan Sacatepéquez, además de  otros muchos.

El Estado, lejos de cumplir con su deber de aplicar justicia y evitar los delitos manifiestos que se comenten, negocia “paz” por delincuencia controlada y permite que roben la energía eléctrica a pesar de haber más de 500 denuncias sin detenciones, procesamientos y encarcelamientos de culpables, por otra parte perfectamente identificados. Los réditos no son menores. Esos chantajistas agrupados en ONG,s obtiene pingües beneficios que se cifran en millones anuales. Parte de ese dinero del que se apropian -25/30%- es su modus vivendi y les permite enriquecerse, algo confesado en prensa por cierta activista de esos robos. El resto, lo reinvierten en movilizaciones, compra de voluntades, pago de infraestructura, logística y reinicio del proceso.

Lejos de ser un beneficio para la comunidad, provocan un auténtico desastre, cada vez más complicado de resolver. Los ciudadanos honestos no pueden pagar su consumo eléctrico porque son obligados bajo amenaza a que se conecten al servicio que esos delincuentes proveen (producto del robo) y la empresa no puede entrar a esos lugares porque sus operarios son secuestrados o linchados. Cada vez son peores la condiciones de suministro y menor la certeza jurídica, lo que empeora el servicio. El gobierno calla porque sabe que de no hacerlo le ponen patas arriba la localidad, y consiente el chantaje “controlado” que pagamos el resto de ciudadanos. Aquí no hay conflictividad social, tal cual la quieren hacer ver. Es cierto que hay problemas que deben solucionarse, como la construcción de determinada infraestructura para que localidades lejanas cuenten con servicios mínimos, pero eso no puede hacerse consintiendo el crimen y el terrorismo ni desligándose de la responsabilidad inherente del gobernante de proporcionar seguridad y hacer cumplir la ley.

Aprendida la lección, otros grupos hacen lo propio y negocian el perdón de deuda producto de ventas de terrenos, también bajo presión. Hace tiempo consiguieron las tierras y ahora se niegan al pago. Otro robo permitido que parece no impactar mucho en la conciencia de quienes lo pagamos. Los políticos despojan; los criminales desvalijan; ciertas ONG,s roban y algunos delincuentes se llevan lo que queda. El gobierno calla; el MP enmudece; la justicia cierra los ojos. Usted, yo y muchas comunidades del interior se empobrecen, mientras somos asaltados en esta democracia popular (de populacho, que diría Sartori) que termina derivando al populismo depredador. Algún día, como en Venezuela, lo asesinarán. Aquí sobran sicarios que llevan tiempo sin jalar el gatillo y están dispuestos a hacerlo ¡Todo un club de pandilleros terroristas y sus correspondientes defensores (as), aupados por inútiles y castrados gobernantes!