¡Digan lo que digan!

“Nadie puede aterrorizar a una nación, a menos que todos seamos sus cómplices” 

Las habituales -y otros agregados- siguen empleando ese simbolismo tramoyista, falaz y desalineado de “criminalización de la protesta social”, para describir actuaciones de delincuentes, bandidos, malhechores y terroristas -encapuchados y armados- que impunemente actúan en algunas zonas del país. Callaron -y con su silencio permitieron y sostuvieron- el linchamiento de un especialista y de un oficial; ocultaron y manipularon el cobarde asesinato de otro soldado y alientan desde tribunas mediáticas -junto con religiosos católicos-, actuaciones justificativas de pillaje y brutalidad. En la más reciente -San Mateo Ixtatán- decenas de encapuchados, acarreados de otras comunidades e incitados por personajes perfectamente identificados -así como sus vehículos-, balearon a personas y quemaron, saquearon, robaron y destruyeron un campamento y el material que en el mismo se almacenaba. Antes, con absoluta impunidad, cortaron caminos y se pasearon por las calles de la localidad amenazando a gritos a sus habitantes y forzándolos a colaborar bajo amenazas contra su vida o patrimonio.

El MP tardó más de 48 horas en llegar al lugar y evaluará una escena totalmente contaminada que conducirá al tradicional callejón sin salida, mismo que tomaron en otras situaciones en las que no ejecutaron las ordenes de captura e incluso destituyeron a fiscales a cargo, sustentando y promoviendo la impunidad. En el proceso de eleccionario pasado habría que identificar quiénes alaban la labor de la actual Fiscal General (y sus secuaces), dónde están las acciones legales contra esos terroristas y cuál es el resultado de las decenas de denuncias presentadas. Sin embargo, no habrá respuesta porque esas organizaciones y personajes son ideológicamente afines a muchos de los integrantes de la cúpula del MP o de las organizaciones que lo apoyan -ONU y CICIG incluidas- ¿Será la connivencia la razón de no desear el cambio?

¡La ley, es la ley!, y debe cumplirse. Cuando la ley está mal, se cambia previa discusión y propuestas en el seno de las instituciones existentes para ello; si las instituciones tampoco sirven, se discute y se sustituyen por otras. Sin embargo, los últimos gobiernos (este incluido) han acostumbrado a la ciudadanía a no cumplir la ley sino a evitarla o vulnerarla. Además, si se hace por turba enardecida -bajo paraguas de “protesta social”-, desde la sociedad civil o con apoyo de ONG,s o gobiernos extranjeros, mucho mejor. Falta la autoridad necesaria para decir ¡basta!, y apostar por un gobierno de leyes y no de personas, menos de presión. Esta es la antesala de un futuro con predominio de la “ley del más fuerte” y el mensaje que se envía es ¡defiéndanse como puedan!, algo rápidamente entendible.

En estos casos -como en otros- la CICIG -igual que el MP- está ausente, a pesar de que esos delincuentes conforman cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que inciden en la estructuras del Estado ¡Más claro imposible!, pero enfrentarlos supondría plantarse a las “defensoras  de derechos humanos” o “criminalizar la protesta”, quebrando la fidelidad ideológico-grupal. Aquí hay una guerra desatada de quienes únicamente saben vivir de ella. Son violentos, apoyados por fanáticos y enfrentados por pusilánimes políticos que ven en “la negociación” la manera de lavarse sus pilatescas manos, mientras arruinan el país. No son pacíficos, comunitarios ni indígenas ¡Dejémonos ya de cuentos! No más medias tintas en el discurso ¡Son criminales terroristas! igual que quienes los apoyan y alientan.