El sistema penitenciario es un desastre del que nadie quiere ocuparse
Continuamente
se conoce de jueces que permiten el ingreso en prisión de ciertos utensilios: televisores, microondas, refrigeradoras, etc. Ahora se ha sabido que
tanto Daniela Beltranena como Anabella de León han
salido -o lo hacen periódicamente- a visitar a sus familiares. La primera
de ellas, regreso de su última visita “con olor a
licor”. Por si no fueran suficiente, un juez autorizó a
solicitud del Sistema Penitenciario y con el beneplácito del INACIF, el traslado de un peligroso reo al hospital Rooselvet. Su violenta liberación ocasionó la muerte de siete personas,
varios heridos y el pánico general. Todo eso merece una seria reflexión sobre el sistema, las
autorizaciones, la responsabilidad de las instituciones y la nula cooperación
interinstitucional.
Un preso como
el huido, no debería haber
sido conducido jamás a un
hospital salvo para una extrema urgencia. Hay clínicas móviles capaces de
atender a los detenidos en el lugar en que están
internados. Si además lo fue para una extracción de sangre y únicamente iba custodiado por tres guardias,
la insolencia se torna irresponsabilidad muy
grave.
El
sistema penitenciario es un
desastre del que nadie quiere ocuparse. El asesinato
en prisión de Byron Lima dejó en entredicho la inteligencia penitenciaría y el
desmadre allí existente, especialmente al analizar
las armas y explosivos que se introdujeron y cómo, según el MP, ocurrieron los hechos. Las autoridades encargadas deben
prestar atención a lo que hacen, pero sobre todo asumir la responsabilidad en
el desempeño de su cometido. Eso de autorizar alegremente salidas a hospitales o conceder
ciertos privilegios debe pasar a la historia.
Quizá el
problema radique en la organización. Si se han abierto fiscalías especiales para casi todo, creo que un
organismo de vigilancia y supervisión del
sistema penitencio, integrado por jueces,
funcionarios de prisiones y delegados de la PDH, se hace necesario. Lo ideal
sería que la dirección de cada centro de detención fuese colegiada e integrase
representantes
de las instituciones citadas.
Ninguna orden de salida o ingreso debería cumplirse
sin autorización de ese
órgano. Se entiende fácilmente: la dirección
colegiada es más difícil de corromper, promueve más debate antes de adoptar una decisión
y visualiza los problemas de
forma integral ¿Por qué no se hace?, pues porque no hay voluntad de cambiar lo que hasta ahora ha sido una mezcla de “patito
feo” y “negocio productivo”, explotado por muchos e ignorado por no menos.
Someter a
control al 10% de reos que
representan aquellos que pertenecen a pandillas y a organizaciones criminales,
no debería ser un problema, pero hay que tomarse las cosas en serio. El error
fundamental en el planteamiento,
y la consecuente “complejidad” para resolverlo,
estriba en pensar que hay que crear algo integral que
permita la reinserción
social del detenido. La
forma de abordar el asunto puedes ser mucho más
simple y pasa, posiblemente, por aceptar que el sistema
penal primordialmente -o de forma única- sirve para aislar de la sociedad al
infractor y recluirlo por el tiempo que la ley
determine. Lo demás -la
reinserción- debe ser
producto de la actitud de aquel y no obligación
estatal. Definir el origen
de lo que hay que hacer, genera soluciones más ágiles y simples. Mientras en USA la ciudadanía no se cuestiona la detención y
aislamiento del Chapo o ha dejado de debatir sobre
Guantánamo, aquí queremos “salvar” a reos
mientras nos asesinan cada vez que pueden.
No es necesario activar la pena de
muerte sino el sentido común, posiblemente algo mucho más difícil
¡Despertemos de una vez!
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