Aquí
no hay criminalización alguna, aunque si señalamiento de crímenes
Que
el país está experimentando cambios significativos -no con la velocidad y profundidad
deseadas-es algo innegable que se muestra a diario de diferentes formas. Llama la atención la
interpretación mediática de ciertos hechos ocurridos la pasada semana, como la
extorsión a
Telefónica/Movistar -y el asesinato de cuatro de sus
colaboradores-, los sucesos
de San Mateo Ixtatán -hidroeléctrica- o la postura sobre la dificultad de operar de la minera San Rafael, a pesar de
contar con mandato judicial que lo autoriza.
La
indignación y el rechazo
que actualmente se genera contra quienes promueven, participan o sustentan esas
delictivas actuaciones, contrasta con la opinión que no hace mucho
tiempo se tenía de casi todas ellas. Recuerdo que algunas personas y organizaciones defendían “el derecho de las comunidades” a oponerse a la
minería o a las hidroeléctricas, cuando ahora se evidencia que aquello que era
presentado como “lucha social”, respondía realmente a actuaciones de delincuentes armados que se autodenominaban líderes locales aun sin tener representación alguna o ni siquiera vivir en
la zona, como ocurrió con uno de ellos posteriormente en busca y captura.
En el pasado reciente hubo quema y destrucción de maquinaria
propiedad de empresas extractivas o que construían/operaban hidroeléctricas, amén de asesinatos, agresiones y
ataques armados contra personas que allí trabajaban o simpatizaban con esos proyectos. También manifestaciones públicas -incluso de ciertas iglesias- a
favor del “derecho a decidir de las comunidades”. Curiosa pero afortunadamente, muchos
de los que antes justificaban o promovían esos discursos, hablan ahora de
criminalidad organizada, agresión, extorsión, ataques
armados y delitos que impiden el desarrollo ¡Tarde, pero se
dieron cuenta!
Aquellas acciones que desde el
inicio algunos condenamos como
delictivas, eran presentadas por ciertos medios como “criminalización de la protesta social”, una suerte de
subterfugio semántico-cuentista
que camufla violencia, autoritarismo, desprecio por la libertad y
condena del empresariado. Algunos de aquellos protagonistas
que lideraron huestes armadas, fueron detenidos y enjuiciados -Rigoberto Juárez, por ejemplo- y
ahora, curiosamente, son nuevamente identificados por verdaderos líderes de comunidades como quienes siguen encabezan grupos agresivos armados que actúan al margen de la ley o
provocan daños irreparables en bienes e infraestructura.
Aquí
no hay criminalización alguna, aunque si señalamiento de crímenes
diversos. El manipulador cuento discursivo carece de credibilidad, otro de esos avances que está
experimentando el país. Quienes
luchan contra la corrupción, el crimen organizado y el
narcotráfico condenan a los que operan
con violencia en beneficio
de espurios intereses propios. El verdadero liderazgo social -que lo hay- no solo rechaza esas prácticas sino que admite la
libre empresa como el mejor
vector de desarrollo local. Claro está, con
participación comunitaria e incidencia en toda la zona; reclamo legítimo.
¿Cuántas
grandes y medianas empresas -o tiendas de barrio-
pagan extorsiones y difieren los costos a los productos? ¿Qué imagen de país se
transmite cuando delincuentes armados disparan contra
ciudadanos desarmados, instalaciones mineras o
hidroeléctricas? ¿Por qué no se ha aplicado la ley por parte de los sucesivos
gobiernos que han tolerado
estas situaciones? ¿Hasta cuando se va a “permitir” la extorsión, el crimen
contra ciertas empresas y la agresión a trabajadores de las mismas? Esas y
otras cuestiones quedan por resolver. Ahora que ya tomaron conciencia algunos, es momento de emprender acciones contundentes contra esos desalmados.
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