Costos diferidos

“No hay gente inútil, sólo hay gente perjudicial” (Gorki)

Del pago de impuestos se espera reversión en servicios públicos. Sin embargo, cuando el funcionario muta en “autoridad”, trasladar alegremente el costo de su ineficiencia o capricho al ciudadano que lo mantiene, y le hace pagar nuevamente el servicio que el gobierno nunca prestó ¡Sobran ejemplos ilustrativos! La norma que obliga a las compañías telefónicas a impedir que desde las prisiones salgan llamadas de celulares, es quizá el más claro y palmario. La realidad es que el Sistema Penitenciario (Ministerio de Gobernación) no hace su trabajo, a pesar de pagarlo con nuestros impuestos, y permite -o no impide- que entren celulares a las cárceles, causa principal del problema. Tampoco han abordado el problema de otras formas, como suprimir las conexiones eléctricas al alcance de los internos, por otra parte innecesarias. Por tanto, como el señor Ministro no quiere -o no sabe- abordar el problema, como es su deber, traslada esos costos a las compañías telefónicas, y de paso a usted y a mi, sin dejar de favorecer a otros con intereses en ciertos business.

Aquella estupidez de obligar a que los motoristas se condujeran con chaleco naranja -durante el gobierno de la UNE fue negro- es otra de esas elucubraciones que difieren costos de seguridad a los ciudadanos que utilizan ese medio de transporte ¿Cuál fue el resultado de esa medida inútilmente impulsada por dos gobiernos? Creo que sobran comentarios. Agreguemos, a ese paquete de normas inoperantes, los impuestos de salida del país incluidos en el precio de los tickets de avión y otros similares, como esos ilegales y abusivos cobros que hacen a la entrada de ciertos municipios en épocas vacacionales: Sololá, Puerto San José o Antigua. Todos tienen el mismo fin: obtener más dinero justificando la seguridad, aunque no aclaran que ya pagamos por eso y son ellos quienes no cumplen con su deber. Una más, el vehículo P-770FFJ, utilizado por la PNC, tiene veintidós sanciones sin pagar desde 2012 a la fecha y muchos ciudadanos pagan diariamente el costo correspondiente por cómo se conduce: riesgo de choque, agresión o accidente. A pesar de estar detectado, nadie hace nada. Más: ¿cuántos PNC protegen  “personalidades”, ex guerrilleros o realizan funciones burocráticas?

El costo de la inseguridad nacional es aproximadamente del 8.7% del PIB (Global Peace Index) y el porcentaje de empresas que la pagan en el continente -el mayor del mundo- del 62.1% (Enterprise Surveys). No obstante lo anterior, el Ministro de Gobernación inventa otro impuesto. En esta ocasión dirigido “a las clases media alta y alta, pues ellos tiene la capacidad de pagarlo…”, con la finalidad de “sostener el funcionamiento de la plataforma tecnológica integrada que se ha implementado durante los últimos tres años”. Es la forma políticamente correcta, pero con similar cara dura, de decir que quiere más dinero para hacer lo que le venga en gana, pero que no está dispuesto a asumir su responsabilidad, ser trasparente ni responder de sus incapacidades.

Desconozco a qué “plataforma tecnología integrada” se refiere, cuando no es posible controlar la salida de señal de celulares de las cárceles y obliga a las empresas prestadoras del servicio a que lo hagan. Los costos diferidos son exponenciales respecto de la inutilidad, incapacidad o relajamiento del funcionario que los genera y es preciso combatirlos pidiendo explicaciones de la ineficiente o interesada gestión pública ¡Tanta maravilla tecnológica desconocida y en ver de mostrárnosla Gobernación emite un acuerdo ministerial que limita y controla el acceso a la información! ¡Penosa gestión!, además de nula trasparencia.