Cuando se desea posicionar argumentos, hay que
hacerlo con la razón que otorga la realidad
Es preciso reconocer que ciertas políticas públicas
para atajar hechos de violencia contra la mujer han sido conquista de
movimientos feministas. Sin embargo, como otras muchas políticas, se han
sustentado muchas veces en emociones más que en realidades, y el resultado
final es el desvío de dinero público para activar soluciones que no contemplan
el fondo del problema. La emoción, manipulada mediáticamente con inusual y hembrista algarabía, opaca la razón y obnubila
al ciudadano confiado.
Leemos casi a diario columnas de opinión relacionada
con la violencia contra la mujer -especialmente a niñas- referidas tanto a
agresiones física como sexuales. Los números del INACIF indican que entre 2011-2015
fueron asesinadas 2,820 mujeres, pero también 22,601 hombres (700% más) y que aparecieron
135 cuerpos desmembrados/decapitados: 47 de mujeres y 88 de hombres (90% más).
La reflexión inmediata -no ideologizada ni repleta
de emoción- es preguntarse qué sentido tiene continuar abriendo fiscalías de
delitos contra la mujer en lugar de ser más eficientes e invertir en fiscalías
que investiguen delitos contra la vida, que es precisamente el problema del
país.
Ahora que se debate sobre la justicia indígena, también
es preciso presentar algo que tampoco leerá en esas columnas de opinión.
En lo que se refiere a agresiones y violencia sexual, en el mismo periodo de
tiempo, hubo 28,046 contra mujeres y 3,330 contra hombres (12%). Lo que no se
agrega es que el porcentaje de hombres agredidos creció 200% respecto del 100%
de mujeres. Tampoco comentan que, excluyendo el Departamento Central, de los
siete con mayores índices de violencia sexual y agresión, cinco cuentan con
mayoría de población indígena, según el censo del INDE: Quezaltenango, Alta
Verapaz, Chimaltenango, Quiché y Huehuetenango. Habría que preguntarse y
analizar si la justicia indígena está siendo eficaz en combatir ese tipo de
delitos o hay algún “desajuste” en relación con las tradiciones ancestrales. Se
sabe que muy esporádicamente azotan al culpable o lo destierran, algo muy
alejado de estándares internacionales en relación con el tema ¿Seguimos
cerrando los ojos mientras nos engañan con verdades a medias? ¿Pueden -o
quieren- las autoridades ancestrales enfrentar los feminicidios y la violencia física
y sexual en sus comunidades?
Cuando se desea posicionar argumentos, hay que
hacerlo con la razón que otorga la realidad y el número de denuncias. El gasto
público debe enfocarse sobre lo que nos agobia: la violencia, no sobre
caprichos de género, modas, victimización o grupos que se abastecen con
donaciones y fomentan campañas mediáticas y ejercicios de interpretación
artificial de una realidad que no se corresponde con las estadísticas. Es preciso
recordar, porque se sigue olvidando, que el continente con más casos de
homicidios de mujeres respecto de hombres es Europa con un
27% -Global Study on Homicide 2011, página 64- y, en particular, son los países
nórdicos -Dinamarca, Finlandia y Suecia- los líderes en la clasificación de
violencia machista. Por cierto, algunos los que más “ayudan” con sus donaciones
para “solucionar” aquí justamente los problemas que ellos mismos padecen gravemente.
Centrémonos en el tema, pero con seriedad. Somos un
país muy violento, y eso es precisamente lo que hay que combatir. Lo demás son
modas, presiones de grupos de interés, hembristas
desbocadas que repiten un discurso incoherente y otras cuestiones que para nada
contribuyen a mejorar la situación ¡Dejémonos de pamplinas! y si queremos
contribuir a mejorar el país seamos serios y hagamos el reclamo adecuado, y sin
manipular datos.
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