Alianzas público-privadas y mafias políticas

Igual que hay diputados asociados con la ganadería, otros muchos cuentan con intereses en empresas constructoras

En torno a los Q15,000 millones es la deuda nacional; alrededor del 17% del presupuesto del Estado para 2020. Millones que usted y yo, sus hijos y nietos, y los míos, aún sin haber nacido, deberemos asumir y pagar en el futuro próximo. Los niños hace rato que no vienen con “un pan bajo el brazo”, sino con una impresionante deuda estatal que les hipoteca su futuro. Esa odiosa y falaz idea de “la gratuidad de la cosa pública” se enmascara bajo un pago diferido que obligadamente asumen los gobiernos sin pedir opinión a generaciones venideras ausentes del debate político; una suerte de timo de la democracia. El Estado nunca tiene el dinero que necesita para atender las múltiples funciones que se eroga y lo peor: no sabe cuanto dinero necesita, porque siempre es escaso, especialmente cuando grupos de presión, sindicatos, políticos mafiosos o asociaciones fantasmas se dedican a ver como extraen recursos que deberían servir para atender necesidades generales básicas.

Para paliar esa falta de liquidez, y poder contar con servicios adecuados, se aprobó -en 2010- lo que se ha denominado coloquialmente: ley de alianzas público-privadas, un marco legal que permite al gobierno autorizar la construcción de infraestructura y que la empresa privada pueda explotarla en un marco de ganancia mutua. El Estado consigue “un préstamo” a precio negociable, la empresa un beneficio limitado y pactado y el servicio es pagado por quienes exclusivamente lo utilizan -peaje- y no por todos los ciudadanos, como ocurre actualmente. A pesar de eso, el marco legal citado no se ha utilizado jamás, esto es: no ha servido para nada, algo que ocurre con otras normas que se publican y que simplemente no se cumplen. El formalismo -y la estupidez, y el interés de algunos- nos deja huérfanos de realidades y seguimos igual o peor que cuando se adoptó aquella medida. El único proyecto que existía y que fue legal y transparente adjudicado: la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, fue dinamitado por la mesa directiva del Congreso al someterlo a votación cuando apenas había 80 diputados inscritos para la sesión aunque no todos estaban presentes y, evidentemente, se votó en contra.

Este país no supera la envidia, la ideologización o la falta de conocimientos básicos de economía. Bajo argumentos como: “el sector privado va a lucrar”, “el Estado debe construir gratuitamente” o no entender que se puede conseguir un mejor interés negociando con empresas privadas para un fin concreto que pidiendo créditos que endeuden el futuro, seguimos sumidos en el subdesarrollo y la ignorancia más supina. Hay otro factor que no debemos descartar: el interés de ciertos políticos. Al igual que hay diputados asociados con la ganadería, y de ahí la probación reciente de una ley que los beneficia fiscalmente, otros muchos -demasiados diría yo- cuentan con intereses en empresas constructoras -uno de los sectores principales de depredación de fondos públicos, el otro es el de la compra de medicamentos- y prefieren seguir chapuceando y obteniendo pingües beneficios en lugar de que contemos con la infraestructura necesaria en el país. Esos políticos de quienes los medios de comunicación presentan a diario perfiles y contrataciones amañadas, son lastre del que hay que desprenderse inmediatamente, y sus turbios negocios la razón por la que ingresan en política para entrampar, dilatar y destruir el desarrollo de esos hijos y nietos que deberán, a pesar de todo, pagar la deuda contraída.

¿Qué interés tenía la mesa directa del Congreso para hundir el proyecto citado? ¡Las mafias de siempre haciendo lo habitual!, nada nuevo que no hayamos visto antes.