Las ventanas rotas

La cultura “diferente” no es excusa para incumplir el Derecho natural

A raíz de los sucesos en Totonicapán, leí en algún lugar cierta reflexión sobre si el derecho a la libre locomoción está por encima del derecho a la vida. Me parece trascendente la pregunta porque encaja en una discusión pendiente y es extensiva a otros derechos como la libertad de expresión o la propiedad privada. Considero una gravísima confusión plantearse siquiera la cuestión. Los derechos individuales son todos iguales y pensar que unos pueden estar por sobre otros significa admitir que hay que clasificarlos y que alguien lo debe de hacer. Si así fuera, encontraríamos miles de ordenamientos -o uno artificialmente elaborado por alguien- y la imposibilidad de seguir un único método, lo que invalida el planteamiento inicial. Los derechos individuales están todos al mismo nivel y deben de respetarse con la misma intensidad, fuerza y decisión. Esa es la esencia de cualquier actuar político o personal. Rand nos ilustra: aquellos que niegan los derechos individuales no pueden llamarse defensores de las minorías.

Cuando se viola el derecho a la libre locomoción de cientos de personas o se ocupa una propiedad privada, automáticamente se pierde la razón porque se está delinquiendo. La autoridad -precisamente la que falta en este país- está para velar por la observancia de los derechos personales, algo que no han entendido muchos de quienes debaten el tema. Cuando se vulnera alguno de ellos -cortar el tráfico, ocupar una finca, etc.- no debe de mediar diálogo alguno. Para conversar sobre cualquier problemática tiene que haber ausencia de presión y de coacción y respetar el marco jurídico vigente que, en teoría, protege justamente esos derechos. Es posible -y necesario- dialogar, pactar, hablar o debatir, pero jamás bajo la imposición y la conculcación de los derechos de otros. En Totonicapán el primer error -y eso no justifica absolutamente nada, pero es preciso analizarlo- fue dedicar más de seis horas, bajo amenazas, a mantener un forzado “diálogo” con delincuentes que violaban la ley sin que el Estado -la autoridad- cumpliera con su obligación de romper el circulo de la delincuencia. Algunos se han acostumbrado a las medidas de hecho y partiendo de esa errada fundamentación, tienden trampas y fabrican condiciones artificiales de negociación donde todo es posible. Luego, el discurso fácil y disonante hace el resto sustituyendo: ocupadores pacíficos por invasores; matanza por incidente confuso o cortadores de carreteras por delincuentes. Todo dentro de un orquestado plan que utiliza a las víctimas que son rentabilizadas por los vividores habituales del conflicto. A esa podredumbre mediáticamente manoseada, se le suma la ausencia de justicia que nunca suele ser ejemplificante. Aquellos criminales que, entre otras cosas, secuestraron, maltrataron, intentaron asesinar y generaron terror (terroristas) golpeando a militares en Barillas, el MP los procesará únicamente por lesiones, como si de una discusión de tráfico se tratase; a estos otros tratarán de endilgarles ejecución extrajudicial. El mensaje es claro: hagan lo que quieran que aquí les protegemos y no menos claro para la otra parte: no se dejen abusar porque nadie les ayudará. Perversa ecuación a la que hay que agregar que de Barillas nadie habló, mientras que de este caso -lamentable como aquel- los habituales manipuladores que transforman los desechos en derechos, se han hecho inmediatamente eco o fueron a recoger cascabillos del suelo, recordando el manoseo de la escena del crimen del obispo Gerardi que hicieran otros de similar ideología y fines. El país sigue repleto de tramoyistas, aunque tengan premio Nobel pero también de “políticos” bamboleantes sin ideas claras.