CICIG ha contribuido a
desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en
otras
En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por
publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de
cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de
relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y
sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que
interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la
publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se
agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional:
el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una
compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta:
¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?
La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar
partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo
manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la
corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión
preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces
de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso
en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los
allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley
prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se
presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la
transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan
después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente
datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por
algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de
venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es
decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es
hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección
con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación
política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede
seguir siendo un normal proceder.
CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en
muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las
cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión
que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la
presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir
información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las
víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la
investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita
entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas
porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una
patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben
resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente
presentado, además de ser sumamente irresponsable.
Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se
podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el
reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas
necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el
presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni
avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza
jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que
tiene suficiente lastre para hundirse.
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