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lunes, 2 de septiembre de 2019

Entre el paroxismo y el rechazo


CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en otras

En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional: el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta: ¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?
La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede seguir siendo un normal proceder.
CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente presentado, además de ser sumamente irresponsable.
Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que tiene suficiente lastre para hundirse.

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