El panorama de
narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco
discutible
En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los
efectivos del ejército al 33% que determinaban los Acuerdos de Paz. La fuerza
armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado
en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los Acuerdos lo fijaron
arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del
documento conclusivo al entonces jefe de la MINUGUA y al Presidente Arzú.
Desde entonces no ha habido discusión sería y pública sobre el futuro
del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados
por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las
instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han
escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue,
procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el
ciudadano ha sido más exigente ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que
la reconversión militar -incluso la desaparición de los ejércitos- era una
necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad.
Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo
porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque
además -no nos engañemos- es más rentable, especialmente en un país en el que
el crimen organizado y el narcotráfico campan a sus anchas. En lo que va de
año, han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos
coroneles: uno -asignado a la dirección de personal del ejército- en el Petén,
por hechos relacionados con el narcotráfico, y el otro acusado de blanquear
dinero de la mara Salvatrucha.
Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con
un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento),
con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios
apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado,
el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un
hecho poco discutible.
En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron
asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar
a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión
de los hechos y declarar el estado de sitio en la zona y alrededores, seguimos
sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no
fue auxiliada inmediatamente por su base con quien debería haber tenido comunicación
permanente ¿Cómo actúo -o dejó de hacerlo- el comandante en jefe? ¿Por qué no
se enviaron refuerzos aéreos o terrestres si contamos con helicópteros y más de
cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el
secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña
acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir
refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por
qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer
que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar
pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del
mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las
dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero
pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una
posibilidad que el estado de sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años
después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el
ejército del conflicto.
Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares”, de lo
contrario el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.
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